Protagonista de un caso por el cual el Estado argentino fue condenado

La relación de Lucas Mendoza con el sistema penitenciario argentino tuvo un origen fatídico: a los 16 años fue condenado a la pena de prisión perpetua. Durante la madrugada del 21 de enero de 1997, Mendoza, que por aquel entonces cursaba salteado el segundo año de una escuela industrial de Ciudadela, fue detenido en Fuerte Apache. Se lo acusó de un raid delictivo que incluyó asaltos a mano armada, lesiones a varias personas y cinco homicidios calificados. En abril de 1999, el Tribunal Oral de Menores N° 1 porteño lo condenó a la pena máxima.

En 2009 escapó del penal de Ezeiza, en una fuga que sembró dudas sobre la tarea de los penitenciarios: Mendoza estaba prácticamente ciego, pero se escapó corriendo. Un año después fue recapturado; más tarde, por su condición de salud, fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

"Me resulta difícil explicar con palabras lo que siento, lo que pienso. Hay un dato que quiero destacar: me condenaron a una pena que era mayor a la edad que yo tenía. Mi vida se quedó en el tiempo, me siento una persona totalmente disociada", escribió en una carta, en mayo de 2011.

Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en 2012, la Sala II de Casación declaró inconstitucional la pena de prisión perpetua para menores y anuló la sentencia. Para entonces Mendoza ya había pasado la mitad de su vida encerrado.

El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño -que en la Argentina tiene rango constitucional- establece que ningún niño, niña o adolescente debe ser "sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". También que "no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años".

Además de Lucas Mendoza, entre 1997 y 2002 también recibieron la pena máxima por delitos que cometieron cuando eran menores César Mendoza, Claudio Núñez, Saúl Roldán Cajal y Ricardo Videla Fernández.

En 2014, el Estado argentino los indemnizó con 102.693 dólares (más de un millón de pesos, entonces) por ser "internacionalmente responsable" de las violaciones a sus derechos humanos. "Esa pena -decía la resolución- no cumple con la finalidad de la reintegración social de los niños".