Qué está en juego en las yungas

La selva nublada, o de las yungas, que se extiende en la zona central del Noroeste Argentino se ha convertido en el último año en una zona de conflicto de intereses entre los pobladores locales y los realizadores de dos grandes obras cuyo probable impacto en el ecosistema y en la cultura aborigen es cuestionado: la construcción del gasoducto NorAndino y las tres represas en la cuenca del río Bermejo.

La primera obra, con inversión a cargo de CMSEnergy y Tractebel, y mano de obra de Techint, se desarrolla en el norte de Salta y Jujuy, donde las comunidades autóctonas locales protestan por la destrucción de su medio natural, de sus cultivos y porque la traza pasa por cementerios y lugares considerados sagrados por su cultura. Pero, al mismo tiempo, otros pobladores del Nordeste abrigan la esperanza de poder recibir gas a bajo costo.

Las organizaciones ambientalistas que se preocuparon por la tala de especies y la intrusión en el ecosistema desde el comienzo del plan de obras, Greenpeace y Yaguareté, no pueden manifestarse de ninguna manera debido a una orden judicial que se los impide.

El juez federal de Salta, Abel Cornejo, dictó una medida cautelar para que no se impidiera la construcción del gasoducto y prohibió expresamente cualquier forma de protesta ambiental en la zona de obras. Luego, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto una medida de amparo interpuesta por Greenpeace y aceptada por una jueza.

A las entidades reclamantes, más tarde se sumó la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), que adoptó otra posición: aceptó trabajar con Techint, a través del Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (LIEY), en el desarrollo de un corredor biológico prometido por la constructora, entre los parques nacionales Baritú y Calilegua, tras una guerra de solicitadas en los medios nacionales, que sólo llevó confusión a los interesados en saber qué pasa en la región.

Greenpeace, no conforme con la manera en que se encaran las obras del tendido y con las decisiones judiciales que la obligan al silencio en tanto éstas se efectúen, optó por mostrar lo que sucede.

Para ello montó una estación selvática en la yunga salteña con dos propósitos: verificar el cumplimiento de las restricciones que le impone a la empresa el estudio de impacto ambiental (EIA) y si existe imprevisión en la realización del trazado.

Lo que Greenpeace objeta no es que se hagan las obras sino dónde se construyen, y propone su traslado al sur de la selva. Esto no es posible, ya que existe otro emprendimiento similar, el Atacama, y no resulta económicamente viable tender dos gasoductos en idéntico tramo.

Sobre la propuesta de la ONG, Oscar Moscoso, gerente de construcción de NorAndino, afirmó: "Cambiar el trazado tal como plantea Greenpeace significa desviar el recorrido 160 kilómetros y se incrementaría su costo en 130 millones de dólares". El costo es de 400 millones.

Qué se mostró

En la estación de monitoreo de Greenpeace se obtienen imágenes fotográficas y fílmicas, que luego se publican en la página de Internet de la organización. Según Emiliano Ezcurra, encargado del área de biodiversidad de la ONG, "hasta ahora se ha comprobado tanto la destrucción de una franja de doce metros del ecosistema que en algunos lugares podría provocar desmoronamientos, cuanto la muerte de ganado por falta de previsión".

Ezcurra, que pasó dos semanas en la estación, explicó que sus objeciones son que la creación de una reserva compensatoria, mandatoria según el EIA, "no existe hasta ahora. Está siendo posterior a la construcción y tenemos dudas de que sea ejecutada". También dijo que la brecha paralela al gasoducto permite la entrada de cazadores furtivos a un área inaccesible hasta hoy.

En el caso de las muertes de vacas, se produjeron por la tala de un árbol llamado duraznillo, cuya parte aérea es tóxica. "Se hubiera remediado inventariando los ejemplares, cortando y separándolos, por ejemplo, colocando las copas en contenedores. Esto sólo demuestra falta de previsión y se puede modificar", aseguró.

El posible uso de explosivos en lugares como la cima del cerro Maroma, dice Ezcurra, preocupa a los pobladores. "Queremos que la empresa avise a los pobladores qué tecnología va a usar para descogotar el filo en lugares donde debajo de los 15 centímetros de suelo aflora la roca madre. El bosque se sostiene en las raíces entramadas y si se las socava, en el futuro podría haber desmoronamientos cuando crecen los ríos."

Sobre el corredor biológico, Daniel Sanmartino, director general de Techint, dijo que "la idea es comprar tierras y desarrollar una reserva ecológica con puntos de información y educación para la población del lugar y los visitantes".

El empresario agregó: "El impacto ambiental pasaría a ser altamente positivo; nadie dice que la selva de yungas está siendo devastada desde hace tiempo".

Respecto de FVSA, en el libro "La selva misteriosa" (sobre las yungas y el parque Baritú), que editó el año último, en el prólogo dice: "Los expertos coinciden en que el área que requiere la más urgente concentración de esfuerzos es la que engloba a Baritú, Calilegua y sus alrededores. No hay tiempo que perder porque estas selvas forman uno de los ambientes naturales argentinos que corren mayor peligro".

Estos dichos provienen de Agostino Rocca, presidente de Tecpetrol, empresa que apoya a FVSA y que expresa su objetivo de acercarse "al difícil objetivo de desarrollar la economía de la región sin degradar sus ambientes naturales".

Entre las soluciones que se buscaron para llegar a un acuerdo existen reuniones entre directivos de FVSA, de Techint y la secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, María Julia Alsogaray.

Ahora, las represas

El proyecto binacional de las represa Las Pavas y Arrazayal amenaza con inundar una porción del Parque Nacional Baritú de 600 hectáreas.

Según lo manifestado en la reunión anteriormente citada, Alsogaray mostró clara determinación en avanzar hacia la autorización de la represa Las Pavas, cuya licitación es inminente.

Javier Corcuera, director de FVSA, defiende el parque: "Lo grave es que es el mismo gobierno nacional el que está violando la Ley de Parques Nacionales, que prohíbe este tipo de explotación en esas áreas protegidas. En nuestro país existen lamentables antecedentes sobre los impactos de las obras en poblaciones locales."

Si bien Vida Silvestre denunció oportunamente que las aguas desplazadas inundarían las localidades de Nogalito, Salado, Los Pozos y La Flor de Oro, más parte del patrimonio de un parque nacional, una acción expresamente prohibida por la ley que creó los parques protegidos en 1934, la posición del Gobierno al respecto parece privilegiar el acuerdo binacional con Bolivia, que tendría mayor jerarquía.

El presidente de la Comisión Regional del río Bermejo (Corebe), Carlos Ibáñez, dijo a La Nación que el proyecto "está claramente orientado hacia el desarrollo sustentable y no es abarcativo solamente de esta región sino que beneficia a la Puna y la región chaqueña".

También destacó que cuenta con una donación de tres millones de dólares del Fondo Mundial para el Ambiente (Pnuma) y que la Corebe también tiene previsto un corredor entre los parques Baritú y Taiquía, de Bolivia.

En el medio, los pobladores

En tanto los habitantes de las zonas en conflicto padecen las consecuencias de las obras y se quejan, otros moradores del Noroeste, como las comunidades puneñas de Tilcara y Humahuaca, también lanzan su protesta porque abrigan la esperanza de que el gasoducto norteño les acercará el tendido del gas que les permita calefaccionarse y dejar de cortar la última leña de la región.

Asimismo, ven con buenos ojos que al lado del gasoducto se abra un camino de Orán hacia Chile.

Conciliar las posiciones en estas delicadas cuestiones socioambientales puede resultar más difícil o más sencillo, según la obra de que se trate. Lo que no parece haberse tenido en cuenta es la suma de los impactos ambientales de los varios emprendimientos, que podría potenciar el daño irreparable a la región, una vez construidos los gasoductos NorAndino y Atacama, el camino hacia el Oeste y las tres represas.

Los gobernadores

• Carlos Ferraro, gobernador de Jujuy: dijo que la jueza que suspendió las obras "posee un supino desconocimiento del verdadero país que necesitamos desarrollar. No nos trató con respeto a los argentinos que vivimos en esta parte del país".

• Juan Carlos Romero, gobernador de Salta: "A veces, importados de Europa, nos vienen conceptos donde ellos han destruido todo lo que les quedaba a mano y entonces hacen una especie de militancia fundamentalista en cuanto al medio ambiente que impide el progreso", dijo sobre la momentánea paralización del proyecto dictada por la jueza Susana Córdoba.

Por Virginia Santana

---

Conforme a