Quién es Diego Spagnuolo, el jefe de la Agencia de Discapacidad que fue desplazado tras los audios de presuntas coimas
En los últimos meses, su nombre estuvo en el centro de varias polémicas que sacudieron la gestión del organismo que depende del Ministerio de Salud
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Diego Orlando Spagnuolo, abogado y hombre de confianza de Javier Milei, llegó a la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sin antecedentes en el área y terminó su paso por el cargo en medio de un escándalo. Su desplazamiento, anunciado de manera “preventiva” tras la difusión de grabaciones clandestinas aparentemente editadas de conversaciones privadas obtenidas ilegalmente en los que se le atribuyen referencias a presuntas coimas en la compra de medicamentos, puso en primer plano a un funcionario que ya arrastraba meses de controversias.
Su relación con Milei comenzó varios años antes de la llegada al poder. Spagnuolo era un usuario activo en Twitter, donde compartía mensajes en sintonía con el estilo frontal y virulento del actual mandatario. Ese vínculo, que inicialmente se desarrolló en el terreno virtual, se transformó en cercanía personal. Cuando Milei empezó a organizar La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, en 2021, convenció a Spagnuolo de sumarse. El abogado ocupó el puesto 11 de la boleta de candidatos a diputados nacionales, una posición simbólica.
Con la llegada al poder del actual mandatario, obtuvo un cargo clave: la dirección de la Andis, organismo encargado de administrar un presupuesto de magnitud y que concentra decisiones sobre pensiones y programas sociales vinculados a la discapacidad.
Spagnuolo no tenía trayectoria en ese campo. Su único antecedente había sido un paso por la municipalidad de Pilar, donde asesoró a Carlos Kambourian en el área de Salud. El desembarco en la Andis fue estratégico. Con el objetivo de auditar el sistema de pensiones por invalidez, en agosto de 2024 impulsó una revisión sobre más de un millón de beneficios, tras advertir que el esquema era “poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, con maniobras que, según estimaciones oficiales, superaban los 1000 millones de dólares.
Mientras avanzaba con la auditoría, Spagnuolo quedó envuelto en escándalos que lo pusieron en el centro de la agenda política. El primero estalló en enero de 2025, cuando la Resolución 187 de la Andis incluyó términos en desuso y considerados ofensivos —como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental”— para clasificar distintos grados de discapacidad intelectual, lo que generó un rechazo inmediato de asociaciones, familiares y especialistas y la marcha atrás del organismo.
Meses después, en mayo, la madre de Ian Moche, un chico de 12 años con autismo y activista de esa causa, reveló en una entrevista por streaming que a finales de marzo de 2024 había mantenido una reunión con el funcionario junto a su hijo. En ese encuentro, Spagnuolo habría defendido la idea de dar de baja pensiones por discapacidad y trasladar la responsabilidad a las familias, con frases que luego se volverían virales: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?” y “si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.
El 20 de agosto de 2025, todo se precipitó. El canal de streaming Carnaval difundió una serie de audios en los que se le atribuye la voz a Spagnuolo. En esas grabaciones, que fueron editadas y difundidas por cuentas en X y por el canal de streaming Carnaval —y cuyo origen se desconoce—, se habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Agencia de Discapacidad (Andis), se hace referencia a una droguería que trabaja con el Estado y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama.
Tal como consignó ayer LA NACION, Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos, si es su voz y si se trata de una conversación privada en la que él participó. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones por los audios.
A la medianoche, se anunció que Milei había decidido desplazar a Spagnuolo de manera preventiva y que el ministro de Salud, Mario Lugones, designaría a un interventor.
Polémicas acumuladas
Una de las más polémicas resonantes ocurrió a fines de marzo de 2024, cuando Diego Spagnuolo recibió en su despacho a Ian Moche, un niño con autismo de 12 años que desde los 9 es un activo influencer en redes y televisión, y a su madre, Marlene Spesso, referente del activismo por los derechos de las personas con discapacidad. El encuentro, organizado por un conocido en común, se dio a poco de que el abogado personal de Javier Milei asumiera al frente de la Andis.
Según contaron este año Ian y su madre en diálogo con el canal de streaming Gelatina, en esa ocasión hablaron sobre el rumbo de las políticas oficiales y Spagnuolo les anticipó que planeaban dar de baja pensiones por discapacidad porque “el Estado no podía solventar todo”, insistiendo en que las personas con discapacidad debían trabajar y sus familias hacerse cargo de los gastos.
Spesso le replicó que la inclusión laboral sonaba bien en teoría, pero en la práctica las empresas y los entornos no estaban preparados para integrarlos en las condiciones necesarias. Fue entonces cuando el funcionario, cuentan, lanzó una frase que semanas más tarde se haría viral, en marzo de 2024: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”.
Marlene recordó que lo que más le dolió fue escucharlo decir: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”. Ian agregó: “Nos dijo que los derechos adquiridos no son derechos adquiridos. A nosotros nos costó mucho poder lograrlos y él nos hizo ese cuestionamiento”.
Ese exabrupto, denunciado públicamente por la madre de Ian, escaló hasta convertirse en tema nacional. El propio Milei intervino, acusando a la familia de formar parte de una “operación kirchnerista”. Spagnuolo volvió a quedar en el ojo de la tormenta.
Otro escándalo
En enero de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187, firmada por Spagnuolo. Allí se utilizaban términos considerados ofensivos y en desuso, como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental”, para clasificar distintos grados de discapacidad intelectual. El texto fijaba criterios de evaluación para acceder o mantener pensiones por invalidez. La reacción fue inmediata: asociaciones de familiares, entidades médicas y especialistas repudiaron el lenguaje empleado y exigieron la revisión de la normativa. Tras la polémica, la Andis anunció que la resolución sería modificada, y el propio funcionario comunicó el desplazamiento de dos empleadas.
El 27 de febrero de 2025, el Gobierno confirmó que la Resolución 187 sería rectificada ante la indignación de las organizaciones que reclamaban respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, en mayo de 2025, a través de la Resolución 1172/2025, el Poder Ejecutivo derogó el baremo aprobado en enero y dispuso la elaboración de una nueva propuesta que actualizara los criterios técnicos y metodológicos, en línea con estándares internacionales.
Proceso de auditoría
En paralelo, Spagnuolo encabezó un proceso de auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez. Según cifras oficiales, a agosto de 2025 se habían suspendido más de 110.000 asignaciones, mientras que otras fueron dadas de baja por corresponder a beneficiarios fallecidos o que habían renunciado. El Gobierno estimaba que entre 250.000 y 300.000 pensiones habían sido mal otorgadas en años anteriores. El procedimiento incluyó la convocatoria de beneficiarios a revisiones médicas y la emisión masiva de notificaciones, lo que también generó críticas de organizaciones y familias afectadas.
En ese contexto de tensión acumulada, el episodio de los audios significó un punto de inflexión. Las grabaciones derivaron en un fuerte impacto político: en el Congreso, legisladores opositores reclamaron explicaciones e incluso la citación de los mencionados. La Casa Rosada mantuvo varias horas de hermetismo y, finalmente, cerca de la medianoche, anunció que Spagnuolo sería desplazado de manera preventiva de su cargo.
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