“Imbécil, idiota, retardado y débil mental”: el Gobierno dio marcha atrás a una polémica resolución sobre discapacidad

El anuncio no hizo más que caldear los ánimos. No solo por lo que establecía la resolución que publicó en el Gobierno en el Boletín Oficial, para fijar criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo una pensión por invalidez. Sino por los términos que usaba para referirse a la discapacidad intelectual. Palabras como “idiota”, “imbécil”, que dejaron de usarse hace más de 50 años, o “retardo mental”, cuando desde hace mucho tiempo se pasó a denominar “retraso mental” para luego ser reemplazado, por recomendación del DSM-5, el Manual de Psiquiatría Norteamericano por el concepto de “discapacidad intelectual”.

Sin embargo, luego de la indignación que el uso de los términos generó en las organizaciones que abogan por los derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno dio marcha atrás. Así, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó que finalmente va a modificar la Resolución 187, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero pasado.

Ante la reacción generalizada, la Andis aclaró que la publicación de estos términos fue un error y negó que haya habido una intención discriminatoria. “Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, explicaron desde el organismo, señalando que estos términos eran empleados históricamente en la medicina psiquiátrica, pero han sido discontinuados debido a su carácter peyorativo.

Y el organismo agregó: “Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo [los criterios de evaluación] ni sus criterios de evaluación”.

Indignación

La publicación en el Boletín Oficial generó indignación entre las familias y organizaciones que abordan la discapacidad. “Es una barbaridad. Esto es de principios del siglo pasado. Esa terminología se utilizaba en los inicios de la psiquiatría, antes de que existiera la medición del coeficiente intelectual (CI). A partir de entonces, cuando se quieren establecer categorías dentro de la disminución intelectual, se utiliza el rango del CI. Pero esto no es más que parte del atropello que vienen sufriendo las personas con discapacidad por parte de este Gobierno, no es casual. Es una forma peyorativa y estigmatizante de referirse a una persona con discapacidad. Es indignante”, había dicho antes de la marcha atrás oficial Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que representa a Aiepesa, una entidad civil que nuclea instituciones educativas, terapéuticas y asistenciales, dedicadas a la atención de personas con discapacidad.

Y había agregado: “Además, lo que más indigna es que esto sale firmado por la Andis, que es quien debería representar los derechos de las personas con discapacidad, y velar por el cumplimiento de la Convención Internacional de Discapacidad, a la que Argentina adhiere desde 2006″.

“El Gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación. Es una barbaridad”, publicó en su cuenta de X el abogado y doctor en Estudios de Desarrollo, Julián Bollain.

El malestar surgió a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 187/2025, que contiene “el Baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral”. Se trata de una normativa que se estaba esperando porque después de los anuncios que hizo el Gobierno sobre las pensiones por invalidez, reinaba el desconcierto, incluso entre las juntas evaluadoras. Sin embargo, la nomenclatura que utilizó el baremo, generó mucho rechazo. No solo por la terminología, sino porque supone un determinado abordaje sobre la discapacidad, apuntan los especialistas.

También una de las organizaciones que agrupan a los padres de chicos con Trastornos del Espectro Autista (TEA), se pronunciaron sobre la medida y sobre la marcha atrás: “El gobierno puede tomar medidas o hacer declaraciones que siempre serán discutibles. Lo que no debe hacer es improvisar en un Boletín Oficial. Es un error grave porque, afortunadamente, hay mucho conocimiento en la materia y Argentina cuenta con grandes profesionales que deberían ser consultados antes de cometer estos bochornos que, incluso, trascienden fronteras”, apuntó Paulo Morales, de TEActiva.

El texto de la resolución

El texto decía: “Retardos mentales. Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico. Pero con el crecimiento y las exigencias sociales las personas que lo padecen deben suplir sus carencias con elementos sustitutivos a veces de la personalidad y se tornan trastornos también cualitativos. La comprobación de una dificultad práctica para conducirse autónomamente en la vida, junto con el estudio de las funciones, permitirá bosquejar el perfil del individuo. Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias; 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual; 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal”.

Se agregaba que le corresponde pensión “a los que presentan debilidad mental profunda o mayor. Pero como ejemplo de la complejidad que amerita evaluación particular ya que no encuadran en los mismos, los débiles mentales fronterizos, leves y moderados tendrán derechos pensión cuando no hayan desarrollado sus disponibilidades básicas ni realizado nunca tareas remunerativas, así como también los que tengan debilidad mental disarmónica, cuyos trastornos de personalidad obstaculicen su comportamiento social y aptitud laboral”.

“No solo es el uso de esa terminología. El punto es que en todos estos años, la concepción de la discapacidad cambió. Las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no se los llama más el autista, o el discapacitado: es Juan o Pedro, que tiene autismo o que tiene una discapacidad. Poner en la legislación una forma de llamar a la persona con cierto rango de CI es volver atrás todo lo aprendido y avanzado en los últimos 50 años”, había indicado Maidana.

“Hace tiempo que se dejó atrás la visión médica de la discapacidad, para asumir una concepción social de la discapacidad. No es un problema de la persona, es algo que tiene que ver con toda la sociedad y con su compromiso de hacerlo accesible a todos”, había detallado.

Reclamo administrativo

Diversas organizaciones de la sociedad civil interpusieron un reclamo administrativo para solicitar que la resolución 187/2025 sea dejada sin efecto “en forma urgente”.

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), informaron que, en ese reclamo, cuestionaron, en primer lugar, que la resolución pretenda medir la supuesta “invalidez” de las personas, y que lo haga recurriendo a criterios médicos.

“La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) entiende que la discapacidad no es una cuestión individual asociada a una patología, sino que nace de la interacción entre ciertas características de las personas y las barreras presentes en los entornos que habitan. En tal sentido, no hay personas “inválidas” para trabajar, sino que todas pueden hacerlo en la medida que se les proporcionen los apoyos que requieren. Para definir quién debe cobrar una pensión y quién no, el Estado debe evaluar las barreras económicas y sociales que cada una enfrenta, en lugar de mirar las etiquetas médicas que pesan sobre ellas”, señalaron en un comunicado que también fue firmado por la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (Faica), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Además, alertaron sobre las expresiones que utiliza (“retraso mental”, “idiota”, “imbécil” y “débil mental”), ya que consideran que refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y que aún hoy existe hacia las personas con discapacidad. “No cabe duda de que lo discriminatorio, peyorativo y obsoleto de estas palabras refuerza estereotipos y barreras actitudinales que atentan contra la construcción de comunidades justas e inclusivas, y resulta particularmente problemático que sea la Administración Pública quien recurra a esos discursos, dado que es justamente quien debe combatirlos”, argumentaron.

Finalmente, denunciaron que el procedimiento de adopción de la regulación no contó con la participación de organizaciones de personas con discapacidad.

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