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Rapidez vs. resultados escuetos, el nuevo dilema
El Gobierno anuncia los resultados del operativo Aprender en medio del conflicto docente, en pleno paro nacional. Quizá no fue un momento oportuno, porque habilita el uso político de esos resultados.
Los escuetos resultados oficiales confirman lo que ya sabemos: los déficits de aprendizaje son importantes, sobre todo en matemática y en los sectores más vulnerables que concurren a la escuela pública. La baja calidad y la desigualdad educativa continúan. La Argentina realiza operativos de evaluación a través de pruebas estandarizadas desde los años 90, con algunas deficiencias técnicas que se sostienen en el tiempo. Aprender no es una política nueva, ni tampoco lo son los instrumentos en uso, apenas retocados. Hay más continuidad que cambio.
La mayor diferencia está en la velocidad en la devolución de los resultados. En el pasado reciente tardaban dos años, y ahora cinco meses, lo que puede sonar a sobreactuación, porque el procesamiento no terminó y la información ofrecida es insuficiente, aun cuando Aprender generó una abundante información sobre el contexto escolar y las condiciones personales de los alumnos. Para análisis más rigurosos habrá que esperar a nuevos informes.
La evaluación de sistemas educativos, y Aprender evalúa eso, es una de las tareas más delicadas del quehacer educativo. Se trata de saber cuál es la capacidad de un sistema para producir aprendizajes, cuánto aprenden los estudiantes y por qué no aprenden lo que no aprenden. Es crítico conocer los factores asociados a los resultados que permitirían entender, por ejemplo, por qué una escuela que atiende al mismo sector socioeconómico obtiene mejores resultados que otra. La información parcial dificulta la comprensión del problema y puede llevar a conclusiones apresuradas y erróneas. ¿Por qué tanto apuro en lanzar resultados incompletos que no alcanzan para definir correctamente el problema? Un problema mal definido o definido a medias es un obstáculo para encontrar soluciones.
La calidad de la evaluación, la validez de los instrumentos y el cuidado en la difusión de los resultados son una condición fundamental para la mejora. Hay una convicción del Gobierno que resulta destacable, y es la insistencia en la creación de un instituto de evaluación de la calidad educativa que lleve una política de evaluación con excelencia técnica, transparencia e independencia. En el discurso de apertura de las sesiones legislativas del año pasado, el presidente Macri anunció que enviaría al Congreso un proyecto para la creación de ese instituto. Este año, en el mismo recinto, pidió que se trate con celeridad el proyecto que había enviado. Si para las sesiones de 2018 ya contamos con esa institución, habremos dado un gran paso, se honrará el principio republicano que indica que no puede ser el mismo poder que gestiona, en este caso el Poder Ejecutivo, el que controla y evalúa. Si eso no ocurre, seguirá el riesgo de que cada poder de turno produzca y difunda evaluaciones según su conveniencia política.
La autora es directora de Educación de la UTDT
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