Reclusión perpetua a Gorriarán Merlo

Poco después de la una de la madrugada la Cámara Federal de San Martín condenó a Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, el último líder guerrillero y que se matuvo prófugo de la Justicia durante 23 años, a la pena de reclusión perpetua por tiempo indeterminado, lo que significa que deberá permanecer 25 años en prisión.

La sentencia para Gorriarán conformó plenamente a la fiscalía pues se aplicó lo mismo que desde ese lugar se había pedido.

Ana María Sívori, su esposa, de la cual Gorriarán está separado, fue sentenciada a 18 años de cárcel al ser considerada partícipe secundaria en el ataque al Regimiento de La Tablada en enero de 1989.

Gorriarán Merlo fue encontrado culpable de comandar las maniobras que llevaron al copamiento del cuartel.En el veredicto, que fue leído por el camarista Narciso Lugones, se argumentó que "ambos procesados conformaron con otros una asociación ilícita para alzarse en armas contra los poderes constituidos, iniciando las operaciones mediante la toma armada de La Tablada".

Los imputados escucharon sus condenas en silencio y luego se oyeron algunos gritos de disconformidad dentro del recinto.

Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo lunes en el mismo recinto en donde fueron juzgados Gorriarán y su esposa.

Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, el último líder guerrillero y prófugo de la Justicia durante 23 años, esperaba anoche el fallo de la Cámara Federal de San Martín, luego de haberse pedido para él la pena de reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado.

Pasadas las 22, el tribunal integrado por su presidente, Narciso Lugones, y por los vocales Hugo Fossati y Jorge Barral, dispuso un cuarto intermedio hasta la medianoche para resolver los pedidos condenatorios al ex jefe del ERP y a su esposa, Ana María Sívori, para quienes solicitaron prisión perpetua.

Las expectativas de la jornada de ayer estuvieron centradas en el discurso que Gorriarán Merlo iba a pronunciar, a modo de alegato político, poco antes de conocerse el veredicto (ver nota a parte).

La apertura del debate estuvo a cargo del fiscal ante la Cámara, Pablo Quiroga, que, con su vista fija en la presidencia del tribunal, rememoró lo esencial de la acusación:

• En 1987, el Movimiento Todos por la Patria (MTP) comenzó a sufrir una transformación con el ingreso y la conducción del ex líder del ERP. Del pluralismo político que caracterizó a la agrupación en su génesis se derivó hacia una izquierda extrema, sin partipación de sus afiliados y que obedecía ciegamente a un liderazgo autoritario y mesiánico.
• El MTP adoptó una actitud vanguardista extrema y adquirió una estructura de cuadros militarizados que tenía un sólo objeto: la toma del poder por las armas.
• De esta forma, el MTP se convirtió en una continuidad de la lucha armada que la subversión llevó adelante en las décadas del sesenta y del setenta.
• De los documentos secuestrados se desprende que el movimiento pretendía encarar una acción decidida para cambiar al país y, como una de las alternativas de solución, se adoptó el llamado "punto A: la iniciativa por parte nuestra".
• Allí se expresaba que debía llevarse adelante la simulación de un golpe de Estado con utilización del factor sopresa para la irrupción armada y evitar así bajas entre los atacantes.
• En respuesta al argumento de que el MTP tomó las armas para impedir un golpe de Estado, se afirmó que sólo el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo tienen la facultad de convocar a la ciudadanía a tales efectos, como lo indica el artículo 21 de la Constitución Nacional.

Luego de pedir el fiscal las penas más altas contempladas por la Justicia, abrió su alegato la defensora oficial, Carmen de la Vega. Con tono firme mostró un esquema defensivo muy decidido con el que intentó convencer al tribunal y cuyos puntos salientes fueron:

• Que el proceso no podía ser viable debido a que todavía no estaban resueltos algunos recursos extraordinarios presentado por los abogados particulares de los detenidos.
• Que para la defensa, el tribunal reflejaba parcialidad en el caso y que no podían tomarse como pruebas las obtenidas mediante delitos.
• Que los hechos juzgados por el ataque al Regimiento 3 de La Tablada no pueden ser elementos de presunción contra sus defendidos.
• Que las detenciones estuvieron rodeadas de irregularidades.

A su turno, desde los escritorios de la defensa, los procesados aceptaron el llamado uso de la palabra, durante el cual no pueden ser interrogados (ver nota aparte) y se pasó de inmediato a un cuarto intermedió hasta la medianoche.

Finalmente ayer Enrique Gorriarán Merlo tuvo un público al que dirigirse. Sentado entre sus defensores oficiales, el hombre más buscado de la Argentina durante más de dos décadas, repasó la historia del país, criticó a los dos gobiernos democráticos e ironizó con su suerte.

La estrategia empleada por los dos acusados de haber participado en el copamiento de La Tablada desde el inicio del juicio fue la de no presentarse ante el tribunal hasta que les llegara el turno de hablar.

Ayer les tocó el turno. Llegaron cada uno en un camión celular y fueron recluidos a escasos cinco metros de donde se los acusaba de delitos gravísimos, mientras sus amigos les acercaban bizcochitos y gaseosas.

Dicen que les sorprendió la firmeza de su defensora oficial a quienes los vieron en la pequeña salita, donde Gorriarán fumaba sin parar, y su esposa, Ana María Sívori, hablaba sin solución de continuidad.

No en vano uno de sus ex abogados dijo a la prensa: "Es una profesional valiente. Lástima que con esto se le termine la carrera judicial". Se refería a Carmen de la Vega, la defensora oficial de Gorriarán.

Los 250 efectivos que custodiaron las adyacencias del juzgado y que palparon de armas a los periodistas, se prepararon durante todo el día para la concentración anunciada por grupos de derechos humanos y militantes de partidos de izquierda en reclamo por la libertad de los procesados y de los condenados por el copamiento al regimiento.

Hubo sólo una pequeña corrida protagonizada por tres sujetos que pretendieron entrar en el juzgado y se opusieron a presentar documentación. En el clímax de la concentración, cerca de 100 personas vivaron los nombres de Gorriarán y Sívori.

Pero el frío hizo lo suyo y, en el momento en que el Pelado explicaba los acontecimientos que llevaron a los integrantes del MTP a tomar el regimiento, los militantes de la calle huían despavoridos por la temperatura.

Quedaron algunos carteles, un megáfono, una camioneta y un puñado de chiquilines que jamás le vieron la cara al ex cabecilla del ERP que logró escaparse de Trelew en la década del setenta y que acribilló a balazos a Anastasio Tachito Somoza, dictador de Nicaragua.

El discurso de Gorriarán fue extensísimo, leído con una voz monótona y con acento santafecino: se comió invariablemente todas las eses.

Quizá sus palabras, tal vez lo previsible del discurso hizo que el público desertara cuando el detenido no había alcanzado la mitad de lo que tenía programado leer. Algunos se retiraron; otros, como el fiscal Pablo Quiroga, se quedaron dormidos, mientras su par, Mariano Kiguel, escribía cartitas que pasaba a sus colegas del tribunal.

Sólo Ana Maria Sívori sonreía y tiraba besos a conocidos que persistieron hasta el final.

"Menem y Seineldin elaboraron una estrategia común para derrocar a Alfonsín y Víctor Martínez estuvo de acuerdo en reemplazar al ex presidente", afirmó Enrique Gorriarán Merlo en un extensa exposición que más se pareció a un discurso político que a un alegato de defensa.

De acuerdo con el guerrillero, en enero de 1989 el actual presidente Carlos Menem se mostró dispuesto a aceptar un proyecto de golpe de Estado, organizado por el ex coronel Mohamed Alí Seineldín y encabezado por el en aquel entonces vicepresidente Víctor Martínez.

Gorriarán Merlo acusó al gobierno de nuestro país de haberlo traído ilegalmente a la Argentina desde México, en una detención a la que definió como ilegal y arbitraria.

"Los gobiernos de México y la Argentina concretaron un secuestro seguido por la entrega más rauda que se haya visto en la historia de nuestro país... Realizado en forma ilegal, violando leyes", sostuvo.

Durante las dos horas que duró su alegato, el ex jefe del ERP rechazó las "acusaciones de terroristas y criminales que la fiscal hizo de los compañeros de La Tablada" y sostuvo que aquélla fue una acción puntual "ante circunstancias especiales".

Por su parte, la esposa deGorriarán Merlo, Ana María Sívori, aseguró que se encuentran "ante una persecución de carácter político por portación de apellido", afirmando que no está mencionada ni imputada en la causa. "Sin embargo -sostuvo- libran captura sobre mí y sobre mis hijas Cecilia y Adriana".

A través de un discurso eminentemente político, el líder guerrillero criticó al actual sistema de gobierno, al que tildó de "hipocresía política y jurídica", al tiempo que aseguró que Menem "confirmó la impunidad que reina en nuestro país mediante el indulto a los genocidas", refiriéndose a los militares indultados en 1989 y 1992.

Gorriarán concluyó sosteniendo que dadas las actitudes del tribunal, "sería humillante" que no le dicten "la más alta" pena y aseguró que su "condena ya está asignada".

Por Alejandra Rey

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