“Reestructuración”: habrá una mesa de trabajo entre el personal del Hospital Bonaparte y el Gobierno

Ni cierre ni interrupción de los servicios. Hoy, el Gobierno negó que hayan sido los motivos para decidir lo que definió en las últimas horas como “reestructuración” del Hospital Nacional Laura Bonaparte a partir del viernes pasado. A través de la cartera sanitaria, se informó que la decisión sobre ese centro especializado en salud mental y adicciones fueron “dos situaciones de alta criticidad”.

Hoy, también, antes de la conferencia de prensa brindada pasadas las 13, en el Ministerio de Salud, se acordó con representantes gremiales abrir una mesa de trabajo con profesionales y autoridades para “asegurar la prestación de servicios”, mientras que la cartera sanitaria se comprometió a “evaluar las variables de reestructuración propuestas”.

¿Cuáles son esas variables? En el Ministerio no hubo precisiones. Solamente, se limitaron a señalar que una comisión empezará a trabajar en un plan, que avanzará de acuerdo con un cronograma que defina ese grupo de trabajo.

“El Ministerio de Salud no dispuso la interrupción del funcionamiento del Hospital Laura Bonaparte”, sostuvo Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa de esa cartera.

Explicó que el viernes pasado lo que habían iniciado era “un proceso de reestructuración de ese centro nacional con los equipos técnicos” que se vio “interrumpido por las medidas de fuerza”. En ningún momento, según mencionó la funcionaria, se había considerado el cese de prestaciones en el Bonaparte.

Ese día, sin embargo, LA NACIÓN recibió la siguiente información oficial: “El Ministerio de Salud inició el plan para el cierre del Hospital Bonaparte. Desde el inicio de la gestión se trabajó en la normalización del hospital producto de la subutilización en función de su capacidad”.

Ahora, según continuó Loccisano, esperan que se levanten las medidas de fuerza en el Bonaparte para continuar con la reestructuración. Por el momento, la primera decisión adoptada es disponer la derivación de nuevas internaciones y consultas ambulatorias “para evitar un aumento de la carga de trabajo de los profesionales que van a estar involucrados en la reestructuración”, dijo quien también cumple funciones de viceministra del titular de Salud, Mario Lugones. La segunda medida, esta semana, sería definir qué pasos van a seguir.

Para las derivaciones, según se afirmó durante la rueda de prensa, ya estarían en diálogo con el Ministerio de Salud porteño por la proximidad del Bonaparte, que está ubicado en el barrio de Parque Patricios, con los hospitales especializados en salud mental Borda y Moyano, para los pacientes adultos, y el Tobar García para la atención de chicos y adolescentes.

Formalmente, hasta el momento, en esas instituciones porteñas no había información aún sobre esa posibilidad, según pudo relevar LA NACIÓN.

Las “razones” de la decisión de Lugones y su equipo sobre este hospital nacional se debió a lo que Loccisano definió como “dos situaciones de alta criticidad” a partir de un informe de 2023 y otro de mayo de este año de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que encuadraban esas irregularidades en un incumplimiento de las leyes de Salud Mental y de Derechos de los Pacientes.

Según se detalló durante la conferencia de prensa –los informes no están disponibles–, se detectó que había pacientes con tratamientos prescriptos sin intervención médica documentada, historias clínicas con deficiencias (sin detalle de antecedentes clínicos o aclaraciones de los profesionales tratantes y sus firmas) y “alta deficiencia” en la asignación de recursos públicos.

Sobre este último punto, la viceministra reiteró, como el ministerio lo viene haciendo en los últimos días, que de 60 camas disponibles se utilizan menos de 20 por mes y que disminuyeron las consultas en un hospital con un plantel de 600 profesionales y no profesionales.

“La consulta por consultorios externos nos cuesta entre $100.000 y 120.000, un valor muy por encima del costo en el sistema. Es el doble o el triple que en el sector privado”, planteó Loccisano a partir del presupuesto asignado y las prestaciones realizadas. “Estamos poniendo recursos donde no debemos”, infirió.

Este presupuesto con el que el hospital inició el año era de $6600 millones. El monto asignado en el Presupuesto Nacional para 2024 asciende a los $17.000 millones.

Ante la consulta de LA NACIÓN, la viceministra afirmó que ese monto está garantizado para sostener la actividad del hospital nacional, a la vez que se excusó de dar precisiones aún sobre el destino que Salud busca dar al Bonaparte.

“No queremos anticiparnos en los criterios con el proceso de reestructuración”, dijo. “Como está, [el hospital] es inviable”, lanzó.

Refirió, también, que, tras la reunión con representantes gremiales esta mañana, esperan en Salud que se levanten las medidas de fuerza en el hospital. “Empezamos el diálogo para encauzar la reestructuración –reiteró la funcionaria–. Queremos resolver este proceso lo antes posible y de forma segura y eficiente para los pacientes. Se va a elaborar un plan y el cronograma de avance será el que el equipo [de trabajo] decida.”

Hacia el mediodía, LA NACIÓN pudo ver cómo personal del hospital empezaba a pegar en los accesos la copia del acta que el Ministerio de Salud acababa de suscribir con dos representantes de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En tanto, en el Bonaparte, la atención transcurría con normalidad. En la espera en el hall de entrada y en el Hospital de Día, ambos con acceso sobre la calle Combate de los Pozos al 2100, los pacientes esperaban ser llamados.

“Las partes convienen en la creación de una mesa de trabajo conjunta integrada por autoridades nacionales y por profesionales de la salud propuestos por UPCN a fin de asegurar la prestación de servicios y la atención de los pacientes” en el hospital, según suscribieron Pablo Bertoldi, secretario de Acceso y Calidad en Salud por el ministerio, y Diego Gueren, secretario general de UPCN Salud, y Juan Manuel Llanos, secretario de organización del gremio estatal.

En el acuerdo, también, las autoridades se comprometieron “a evaluar las variables de reestructuración propuestas por el ministerio con incidencia directa en la prestación de los servicios sanitarios a la población optimizando los recursos del erario público”.

En cuanto al personal del Bonaparte, el acta detalló: “Se conviene dar continuidad a fin de cumplir con las misiones y funciones del organismo”.

UPCN cuenta con 351 afiliados en el Bonaparte, poco más del 55% de la planta de personal. El otro gremio presente en el hospital –con menor representación, según refirieron propios empleados–, es la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que impulsó los reclamos que se visibilizaron en los últimos días. Son los gremios que participan en las paritarias.

“Hay mucha información cruzada sobre internaciones o atención que no contribuye a que se resuelva el conflicto. Lo importante es que si hay que mejorar servicios concretos y hacer más eficiente el organismo, estamos de acuerdo”, dijo a LA NACIÓN el referente de UPCN Salud. “Como gremio, vamos a tener representación en la mesa de trabajo que se abrió con la premisa clara de sostener las fuentes de trabajo. Hay que reconocer que cada vez que llamamos a las autoridades para dialogar, hemos sido recibidos”, continuó.

Sobre las variables de la reestructuración a las que se hizo referencia en el acta acuerdo, el vocero gremial dijo que aún las desconocen. “No lo sabremos hasta que nos sentemos a la mesa que convocaron”, respondió. Lo mismo refirió para los informes de auditoría de la Sigen.

El viernes pasado, a la par de los anuncios, hubo una “reunión extraordinaria” de funcionarios de ese organismo de auditoría interna con las autoridades del hospital. “Se puso en conocimiento el estado de situación del sistema de control interno, las observaciones, los hallazgos y las resoluciones encaradas desde el inicio de la nueva gestión –se informó tras el encuentro–. También, se dio cuenta de los avances en los compromisos asumidos y los temas pendientes de resolución en la asistencia sanitaria y el cumplimiento de las recomendaciones para la mejora de la gestión.”

El acuerdo con UPCN, hoy, incluyó asegurar los contratos laborales hasta el 31 de diciembre y, también, que no se publicara el lunes a primera hora un decreto que disponía que dejaría de funcionar la guardia y las internaciones.

“Teníamos la obligación de dar certidumbre frente a la publicación en el Boletín Oficial y la renovación de contratos –indicó el delegado que habló con LA NACIÓN–. También es cierto que había que salir de este estado de conflicto. El acta acuerdo es un compromiso. El Estado empleador comprometió su firma en un documento público. Tomar medidas preventivamente no tiene sentido. Pero, con ese compromiso, estará más que justificado si las autoridades no cumplen.”

Por Fabiola Czubaj

• Salud

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