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Río Negro: lograron desalojar una toma en un predio a 30 kilómetros de El Bolsón
El sábado pasado, una decena de encapuchados irrumpió en un terreno y puso en vilo a la localidad de Cuesta del Ternero; ayer, tras un operativo policial, restituyeron las tierras a su propietario
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PARA LA NACIONPaz García Pastormerlo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– A menos de una semana de la usurpación de un terreno privado que realizaron miembros de la comunidad Quemquemtreu en Cuesta del Ternero, a 30 km de El Bolsón, el lugar fue restituido a su dueño fiscal, Rolando Rocco. El operativo, que culminó sin incidentes, fue realizado por representantes del Ministerio Público Fiscal de la Tercera Circunscripción y efectivos de la Policía de Río Negro.
El procedimiento, que se hizo durante la mañana de ayer, fue encabezado por la fiscal jefe Betiana Cendón, junto al fiscal del caso, Francisco Arrien, y el fiscal adjunto Marcos Sosa Lukman. La toma había comenzado el sábado pasado, cuando una decena de encapuchados de un grupo autodenominado mapuche irrumpieron en el predio y colgaron banderas en las que se leía: “Territorio mapuche recuperado”.
Ayer, los fiscales identificaron a dos mujeres y un menor de edad que permanecían en el terreno privado. En tanto, cuatro hombres, que se negaron a ser identificados, fueron apresados durante el operativo. Más tarde, el Ministerio Público Fiscal les formuló cargos a esos cuatro hombres, acusados de usurpar el terreno en el paraje Cuesta del Ternero. De todos modos, como no se dispuso la detención, fueron liberados.
Ellos cuatro, las dos mujeres y otras personas aún no identificadas “despojaron de la posesión pacífica que se detentaba desde el año 1981, invadiendo el predio e impidiendo realizar las actividades forestales y ganaderas, cortando especies arbóreas, manteniéndose dentro del predio e instalando pancartas y una bandera mapuche. Con este accionar impidieron al denunciante disponer libremente de su finca”, indica la acusación formulada por los fiscales.
Preocupación
Además, durante la audiencia de formulación de cargos de ayer, el Juez de Garantías Sergio Pichetto habilitó la investigación por un plazo de cuatro meses e impuso medidas cautelares como la prohibición de acercamiento de los acusados al denunciante “a una distancia no menor a los 5 kilómetros y de contacto por cualquier medio con él o su familia, por el plazo de diez días”.
La toma había mantenido en vilo a los vecinos de Cuesta del Ternero, sobre la ruta provincial 6, donde viven apenas 30 familias. En una nota a las autoridades nacionales, habían demandado medidas urgentes, al tiempo que negaron que los usurpadores del predio pertenecieran a una comunidad mapuche: “Acá residen mapuches desde antaño. Entendemos que se trata de un agente externo al paraje el que se hace presente hoy, sin previo aviso, sin explicaciones, sin saber los vecinos quiénes son, por qué, para qué”.
Querella
En Villa Mascardi, la autodenominada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu protagoniza desde hace casi cuatro años la usurpación de diversos predios sobre la ruta 40. En ese marco, esta semana, la junta vecinal de esa localidad presentó una querella penal contra el directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN).
A fines de junio pasado, a través de una resolución, el organismo se retiró como querellante y desistió de impulsar la elevación a juicio en la causa que investiga la usurpación de tierras de la entidad en Villa Mascardi, a unos 40 kilómetros de San Carlos de Bariloche.
“En los últimos meses, la APN decidió instruir a su Dirección General de Asuntos Jurídicos para que no eleve a juicio la causa y abandone su participación como querellante a fin de no entorpecer las negociaciones que se estarían llevando adelante desde el gobierno nacional con representantes de la lof Lafken Winkul Mapu. El pedido habría sido realizado por representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos”, advierte un comunicado difundido esta semana por la Junta Vecinal de Villa Mascardi.
Y agrega: “Es innegable que se trata de una decisión de una gravedad institucional, ambiental, económica y social alarmante. Lejos de cumplir las funciones fundamentales que le competen a la APN relativas a la protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad (...), el dudoso accionar de este organismo implicó postergar la condena a delincuentes que avanzaron sobre tierras de dominio público”.
Por su parte, el presidente de la junta vecinal, Diego Frutos, afirmó: “Repudiamos la violencia y exigimos que las autoridades, lejos de negociar en un marco de secretismo y oscuridad con usurpadores que no tienen ninguna voluntad de llegar a un acuerdo, lleven adelante las medidas necesarias para resolver este conflicto de forma inmediata”.
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