Salta: una nena de 10 años fue abusada por su padrastro y está embarazada
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SALTA.- El caso de una nena de diez años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro provocó una polémica y también un cambio de la normativa en la provincia en la que habita, que hasta hoy no contemplaba la posibilidad de practicarle un aborto pese a que sí lo autoriza la legislación nacional.
A principios de mayo, la nena fue llevada por su madre a un hospital de la ciudad de Salta, porque padecía dolores abdominales y allí los médicos comprobaron que estaba embarazada de 19 semanas.
La niña declaró ante la Policía y la Justicia que había sido violada por su padrastro, que quedó detenido.
A partir de ese momento se abrió la posibilidad de que la niña pudiera interrumpir su embarazo por haber sido víctima de un delito contemplado en el Código Penal.
Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo,&— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 24 de mayo de 2018
el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015.&— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 24 de mayo de 2018
Sin embargo, al momento de comprobarse el embarazo de la niña regía en Salta un decreto firmado en 2012 por el gobernador, Juan Manuel Urtubey, del Partido Justicialista (PJ, peronista), que sólo fijaba la posibilidad de abortar hasta la semana 12 de gestación y establecía como requisito la presentación previa de una denuncia policial y la intervención de la Justicia.
La difusión del caso provocó que hoy Urtubey firmara otro decreto para adecuar la norma provincial a la que rige a nivel nacional.
"Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015. En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad", expresó Urtubey en una serie de tuits en los que anunció la medida.
Consultado por Télam, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que "el protocolo anterior que tenía la provincia era totalmente incompatible con lo establecido por el Código Penal, se lo podría haber acusado de sedicioso".
Y precisó que el protocolo elaborado por el Ministerio de Salud "no establece nada con respecto a la cantidad de semanas en que una mujer puede acceder a un aborto no punible. La Corte ya dijo que es un derecho legal".
Según había informado el Gobierno de Salta, y publicado el diario "El Tribuno", la asesora de Incapaces y Menores provincial, Patricia Gómez de González, había informado que la niña y su madre decidieron continuar con el embarazo.
El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo entró en vigencia en 2015 a partir de un fallo dictado tres años antes por la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal judicial había expresado que la interrupción del embarazo causado por una violación no es punible ni requiere de una autorización judicial o denuncia policial previa.
Salta era una de las siete provincias que habían incluido en sus protocolos requisitos extras para poder acceder a un aborto no punible. De los 24 distritos, sólo nueve habían adherido hasta ahora al Protocolo nacional, de acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Huésped y Aministía Internacional.
El caso se conoce mientras un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debate desde el 10 de abril pasado un proyecto de ley para legalizar el aborto. Se espera que la iniciativa sea tratada por los legisladores el 13 de junio.
Con información de las agencias Télam y DPA
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