Se sienten más vulnerables, pero no tanto como afuera

LA PLATA.- Mientras se dilata la adopción de medidas acordadas entre el Ministerio de Seguridad provincial y las empresas de vigilancia privada para intentar poner freno a los reiterados robos en los countries, los habitantes de esos barrios se sienten cada vez más vulnerables ante los hechos de inseguridad.

Para Nicolás Angelini, de 22 años, que desde hace siete años vive en un club de campo en Canning, la tranquilidad que tenía cuando arribó al lugar ya no es la misma. "Mientras no pasa nada malo, te sentís muy protegido; en cambio, cuando ocurre un hecho delictivo, te da la sensación de que estás más expuesto porque la mayoría de las viviendas no tienen medidas de seguridad propias", contó, preocupado, a LA NACION.

En la misma dirección se expresó Eduardo, que prefirió no dar a conocer su apellido. Habita una casa en un country de Garín, partido de Escobar, y dijo: "Sin dudas, el sentido de vulnerabilidad ha crecido. Ya no basta el cerco perimetral del predio; hay que colocar rejas y alarmas".

La impresión de que los delincuentes tienen cada vez más fácil acceso a este tipo de urbanizaciones fue general entre todos los consultados por LA NACION, pero, al mismo tiempo, siguen eligiendo esta forma de vida porque entienden que les ofrece un poco más de seguridad respecto de lo que sucede perímetro afuera.

Es así que Jorge, pese a que por cuestiones personales ya no reside en el country del Banco Provincia, en el partido de Moreno, está conforme con que sus hijos aún vivan allí. Explicó a LA NACION: "Hace diez años entraron a robar en mi casa. Claro? es verdad que bajás la guardia. Pero desde entonces coloqué alarmas de movimiento y no me arrepiento de que los chicos crezcan allí".

Ana Inés Soneyra también tomó sus precauciones. Hace cinco años que vive en un barrio cerrado de la zona de La Lonja, en Pilar. Desde que construyó la casa, pidió que le colocaran una alarma en la planta baja para detectar si alguien entraba en su hogar durante la noche, cuando la deja conectada. Ella advirtió que muchos de los robos se producen porque alguien, sobre todo personas ajenas al vecindario, filtra información. "Entonces tengo cuidado con qué es lo que cuento y a quién", explicó a LA NACION.

Medidas conjuntas

En diciembre de 2009, el Ministerio de Seguridad provincial -a través del jefe de la Dirección General de Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada (Dgfasp), Carlos Sottini- firmó un convenio marco con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi) para ahondar en medidas de seguridad que resguarden a los habitantes de los 540 countries y barrios cerrados bonaerenses.

Entre lo acordado figura la instalación de sistemas de alarma antipánico que estarán conectados con la comisaría de la zona. Para Soneyra sería "algo espectacular" que hubiera una mayor relación con la policía provincial ante un hecho delictivo. A Eduardo le pareció "otro aporte valedero por la seguridad". Pero hasta ahora, y en tanto no sea publicada en el Boletín Oficial la reglamentación del artículo 43 de la ley de seguridad provincial (Nº 12.297), la fuerza pública no puede ingresar en este tipo de barrios, por tratarse de propiedad privada.

Aquella normativa regula las actividades de todas las empresas proveedoras de servicios de seguridad privada, entre las que se encuentran las que prestan el servicio a countries y barrios cerrados. La Dgfasp es la encargada de habilitar y fiscalizar que tanto las compañías como los vigiladores cumplan con lo estipulado por la ley para cumplir su trabajo.

Con la firma del acuerdo también se trabajó para que haya un control más exhaustivo del Ministerio sobre la actividad operativa de las empresas de seguridad que vigilan las urbanizaciones cerradas. Actualmente, existen alrededor de 200 causas judiciales contra distintas compañías que estuvieron en infracción al prestar sus servicios en countries. Algunas de ellas, según la cartera de Seguridad, deberían estar inhabilitadas para trabajar. Sin embargo, Sottini indicó que la decisión final depende de los jueces penales a cargo; mientras, siguen ejerciendo la actividad.

Una de las faltas más comunes, que puede llevar a la suspensión temporaria de la empresa más el pago de una multa, es la falta de regularidad laboral en la contratación de un vigilador.

Esta anormalidad genera sospechas entre los habitantes de los barrios cerrados, sobre todo si hay mucha rotación del personal. "Los agentes están al tanto de los movimientos de todas las familias y si se los cambia constantemente, eso crea cierta incertidumbre", dijo Angelini.

Por Valeria Musse

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