Separan al juez que estaba a cargo de la investigación de la explosión en Rosario

SANTA FE.- La causa judicial en la que se investiga la trágica explosión del 6 de agosto pasado en el complejo inmobiliario de calle Salta 2141 de Rosario, cuya consecuencia fue la muerte de 22 personas, 60 heridos de distinta consideración y daños materiales millonarios, tendrá a partir de ahora un nuevo magistrado a cargo. Este mediodía, la Sala 4 de la Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de esa ciudad del sur provincial decidió aceptar la recusación planteada contra el juez de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción N° 9, Javier Beltramone . A partir de ahora, dicha causa será tramitada por el Juzgado de Instrucción Nº10, a cargo de Patricia Bilotta.

La resolución de la Cámara no fue unánime. Rubén Darío Jukic y Daniel Acosta votaron a favor del apartamiento del Beltramone, mientras que Carlos Carbone lo hizo en disidencia.

La resolución la sala IV de la Cámara de Apelación en lo Penal, a la que tuvo acceso LA NACION, cita varias notas periodísticas donde el juez Beltramone se refirió al avance de la causa, por lo que los camaristas determinaron "la necesidad de llamar la atención del Dr. Beltramone respecto a la necesidad de asumir que dentro de uno de los atributos de los que debe hacer gala un juez –la prudencia– está comprendida la muy sencilla misión de diferenciar –en la relación con los medios de prensa– el aporte de información sobre una causa, de la emisión de opinión sobre la materia en tratamiento antes y fuera del momento en que debe pronunciarse resolviéndola".

"Lo primero es constitucionalmente exigible por principio republicano, y lo segundo está terminantemente vedado por el imperativo de mantener la imparcialidad, que también emana de la Carta Magna y los tratados internacionales incorporados", destaca la resolución.

La magistrada será la tercera en encabezar la investigación, que inicialmente estuvo en manos de Juan Carlos Curto y luego pasó a la jurisdicción de Beltramone.

El pedido de recusación había sido realizado por el abogado Walter Stramazzo en representación de directivos, inspectores y jefes de área de la empresa distribuidora del servicio de gas, Litoral Gas. El principal argumento era que el letrado había incurrido en una suerte de prejuzgamiento al hablar de una posible responsabilidad de la empresa en el siniestro.

En esta causa, el juez Beltramone, imputó bajo el cargo de "estrago doloso agravado" a Mariela Calvillo y Carlos Repupilli, titulares de la Inmobiliaria Calvillo Propiedades, responsables de administrar el complejo de tres edificios, uno de los cuales de 9 pisos se derrumbó. Igual imputación que pesa sobre el gasista, Carlos García, quién realizaba trabajos en el edificio siniestrado minutos antes de la explosión, ocurrida a las 9.40 del 6 de agosto último.