Sospechan que el robo lo armó la policía

El 16 de septiembre de 1999 tres delincuentes armados intentaron robar en la sucursal Villa Ramallo del Banco Nación con un dato cierto: en la bóveda había 520.000 dólares. Uno solo sobrevivió. La policía asesinó a dos de los rehenes: el gerente del banco CarlosChaves y el contador Carlos Santillán.

Un año después, los investigadores están convencidos de que ese asalto fue "organizado" por altos jefes policiales para luego desbaratarlo y favorecer al ex gobernador Eduardo Duhalde y a su ex ministro de Seguridad Osvaldo Lorenzo, jaqueados por las demandas ciudadanas de seguridad. Pero todo salió mal.

Por lo pronto, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, mantiene detenido al cabo Aldo Cabral, del Comando Radioeléctrico local, acusado de armar el robo y proveer un handy y una escopeta. Otro suboficial de la repartición, el cabo Alberto Castillo, está procesado por encubrimiento, bajo la sospecha de haber hecho desaparecer esa arma y el intercomunicador, con el que se mantuvieron negociaciones paralelas a las oficiales.

"El juez debe reconstruir la pirámide, desde abajo hacia arriba, hasta llegar a los jefes policiales", dijeron a La Nación allegados a la investigación. Distintas informaciones, investigadas en la causa judicial 1263, - paralela a los sumarios 1078, dedicado al asalto, y 1080, sobre la alocada represión policial- ayudarán a descubrir ese secreto.

Varios anónimos recogidos por los investigadores alertaron sobre la posibilidad de que un ex alto jefe policial de la zona y un importante político que escaló posiciones desde San Nicolás se hayan reunido con un conspicuo delincuente local, en una quinta de Rojas, provincia de Buenos Aires, para darle las instrucciones para el robo. Otros informes señalan al hijo de ese asaltante como vinculado con los ladrones que intentaron el asalto a la sucursal bancaria.

Cuando se pidió un listado de llamadas del celular del ladrón vinculado con asaltos bancarios, el informe llegó con alteraciones. Faltaba la hoja con los datos del titular.

A la causa 1263 ya fue adjuntada una copia de los resultados de un peritaje de la Gendarmería Nacional a raíz de la muerte de Martín Saldaña, uno de los delincuentes que sobrevivió a la represión policial, pero que ocho horas después apareció ahorcado en la comisaría 2a. de Villa Ramallo, donde estaba detenido.

Ese estudio señala que Saldaña pudo haberse suicidado con el cotín del colchón de su celda, pero no descarta la posibilidad de que terceras personas hayan participado en la muerte del preso. "No debería dejarse de considerar la probabilidad cierta del colgamiento encubierto como suicidio", señala el estudio.

El cabo Cabral acompañó la ambulancia que llevó a Saldaña a la comisaría. El preso estuvo cuatro horas en el vehículo junto con otro policía. Tiempo suficiente como para persuadirlo de lo desesperante de su situación. Los investigadores creen que esa comisaría esa noche era "zona liberada".

Otro indicio de la participación policial en el robo es la aparición de la concubina de Cabral, la mañana del asalto, aportando a la policía pistas falsas acerca de los delincuentes.

Llamó también la atención de los investigadores no sólo que los policías dispararon a mansalva sobre el auto, sino que ocho balazos impactaron en el cajero automático por donde efectivos de la Policía Federal trataban de entrar en el banco. Pero el auto con ladrones y rehenes estaba a 150 metros y en dirección contraria a los efectivos de la Federal.

Un dato más suma suspicacias: Flora Lacave, la viuda del gerente Chaves, declaró que cuando los disparos habían terminado, la policía la arrastró fuera del auto y escuchó como un efectivo le decía a otro: "¡Rematala! ¡Rematala!". Se salvó porque los policías advirtieron que era una rehén. Flora Lacave hoy comparte la misma sospecha que los investigadores. A un año de haber enterrado a su marido, dijo: "Si la policía tiró, era porque algo había que callar. No dispararon a las gomas, tiraron a limpiarnos a todos".

Policías procesados

Dos altos jefes están procesados en la causa 1080, acusados de violar los deberes de funcionario público, por no haber garantizado el orden del operativo: los comisarios inspectores Alfredo Biardo y Omar Isaías.

Tres policías están detenidos por haber disparado contra los rehenes. Se trata del suboficial Oscar Parodi, del Comando Radioeléctrico de San Nicolás, desde cuyo FAL salió el proyectil que a 75 metros mató a Chaves; del sargento Ramón Leiva, que mató a Santillán, y del cabo Carlos Aravena, quien también disparó sobre el contador.

Villafuerte Ruzo habló de los alcances de la participación policial: "Las vinculaciones con policías bonaerenses en algunos casos fueron probadas palmariamente y en otros, de detectarse bien definidas, permitirían ahondar la investigación".

Los párrafos del juez están dirigidos al Consejo de la Magistratura, en un informe presentado el 11 del actual para excusarse de dar explicaciones ante los consejeros por los dos pedidos de juicio político que afronta. Un abogado, Juan Pandis, y el hermano del contador Carlos Santillán lo acusaron de incumplir sus funciones al no haber ordenado a la policía no disparar. El juez se defendió al sostener que la tarea policial era detener a los delincuentes sin poner en riesgo la vida de los rehenes. La forma de hacerlo era decisión propia de los cuerpos policiales entrenados para hacerlo.

Cuando fue denunciado por el actual jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, como partícipe de los homicidios que dejó el fallido intento de asalto, la Cámara Federal de Rosario lo eximió de responsabilidad y archivó la causa.

El supuesto plan policial se puso en marcha la mañana del 16 de septiembre cuando Martín Saldaña, Javier Hernández y Carlos Martínez ingresaron en la sucursal del Banco Nación de este poblado de 10.000 habitantes. Tomaron como rehenes al gerente Chaves, al contador Santillán, al empleado Ricardo Pasquali, a un cartero de OCA, Fernando Vilches, y a un empleado de un canal de cable, Diego Serra. La esposa del gerente, Flora Lacave, estaba en el banco.

Viviana García, empleada del mismo canal de cable, vio cómo introducían a Serra en el banco y llamó a la policía. Cuando ya habían pasado 12 horas desde la toma de rehenes, se logró la liberación de Vilches, de Serra y de Pasquali. A las 4, los ladrones, con explosivos al cuello de los rehenes, salieron en un Polo verde, con Chaves al volante, Martínez en el asiento del copiloto, Flora en su falda, Saldaña atrás, a la izquierda, Santillán en el medio y Hernández a la derecha. Los asaltantes salieron por el garaje, hicieron una cuadra y media, y los más de 200 policías que rodeaban la manzana dispararon alocadamente, a pesar de saber que había rehenes. Lo que sigue es la sospecha de que la tragedia fue premeditada. Estaba claro que todo había salido mal.

Por Hernán Cappiello

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