Tras dos meses de acefalía: quién es el funcionario que eligió el Gobierno para manejar la Subsecretaría de Ambiente

Después de dos meses de acefalía, el Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ambiente de la Nación. Su nombre es Juan Andrés Trebino, sucede a Fernando Brom, y su cargo se oficializará a inicios de la semana próxima.

Trebino es un abogado con al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y la gestión pública. Su primera experiencia fue en 2011 como asesor legal en la Director Nacional de Control Ambiental, cartera que en 2015, durante la presidencia de Mauricio Macri, encabezó por siete meses para después escalar al puesto de subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. De acuerdo con el Boletín Oficial, su participación en la función pública terminó en diciembre de 2019, con el recambio presidencial y el inicio de la última administración peronista.

El nuevo subsecretario trabaja en Trebino, Jure & Tiscornia, un estudio jurídico especializado en asesoría en “derecho ambiental a grandes empresas” que fundó en 2015. Ha representado a compañías de los sectores de agricultura, pesca y ganadería. También encabeza la consultora ambiental Greenco S.A. y es profesor en la Universidad de San Andrés, puesto que mantendrá durante su nueva gestión en el gobierno nacional.

Además, se presenta como director ejecutivo de la asociación Consenso Patagonia, que se define como un conjunto de “rionegrinos, neuquinos, chubutenses. Comerciantes, empresarios, productores y empleados preocupados por la ausencia de respuestas del Estado frente al conflicto territorial que cuestiona el derecho de propiedad en la Patagonia”. En su portal comparten noticias sobre todo de la región de los Lagos y asociado al conflicto mapuche.

En las pocas manifestaciones públicas que ha tenido se mostró a favor de la derogación de la ley de emergencia territorial indígena. “A nuestro criterio, además, la última prórroga de esa ley era inconstitucional, porque una ley no puede prorrogarse por un decreto. Se utilizó políticamente y de manera abusiva para violar otros derechos fundamentales como la propiedad privada”, declaró a medios de Bariloche.

Además de esto, Trebino aparece en registros bancarios como socio de Charcutería Don Carmelo, una pequeña empresa fundada en la ciudad bonaerense de Pergamino y de Mundo Lito, una tienda de indumentaria.

Quienes lo conocieron en funciones lo catalogaron como un “técnico y de perfil bajo”. De acuerdo con fuentes del Gobierno, su selección fue determinada por su experiencia en el tema y en la administración. Descartaron que provenga de la cercanía del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli. “Probablemente será cercano a [Diego] Santilli y [Guillermo Ignacio] Devitt”, especuló un exfuncionario que mantiene contactos con los actuales jefe y vicejefe de Gabinete.

Su designación se oficializará a inicios de la semana que viene. El miércoles 3 de septiembre encabezará también la reunión con el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), integrado por representantes de varios organismos nacionales y por todas las provincias. También deberá designar quienes encabezarán las dos direcciones de la Subsecretaría de Ambiente, que hasta este momento no tenían nombramiento oficial.

A finales de junio pasado, el entonces subsecretario de Ambiente Fernando Brom se fue tras un confuso movimiento del exjefe de Gabinete saliente, Manuel Adorni.

Hace unas semanas, en el programa Odisea Argentina conducido por Carlos Pagni, el periodista Daniel Bilotta dijo que había varios expedientes que se acumularon y que todo recaía sobre la firma Daniel Scioli.

Fuentes cercanas al secretario catalogaron las denuncias de “operaciones” y aseguraron que a pesar de la acefalía la cartera “no dejó de funcionar a la perfección”. “Seguimos trabajando como siempre. No hubo acefalía porque el del subsecretario de Ambiente es un puesto técnico”, agregaron.

Varias organizaciones de la sociedad civil consultadas por LA NACION plantearon un abandono de la cartera ambiental desde el inicio de la administración mileísta, aunque con mayor énfasis en el último bimestre.

“No hay prioridad. Claramente no es un tema de relevancia. No hay interlocutor válido para hablar de estos temas. No hay funcionarios designados. Se va haciendo un embudo porque subir la jerarquía de la firma provoca un tapón eventualmente. La estructura está completamente debilitada y eso demuestra la falta de interés”, señaló Mariano Villares, director de la organización Sustentabilidad Sin Fronteras, que admitió que cada vez es menos la operatividad en ese sector de la estructura gubernamental.

Villares explicó que la falta de atención en este tema es grave. “Es un momento de emergencia climática con un Súper El Niño y no tenemos política climática”, comentó.

En el último organigrama publicado en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Ambiente contaba solo con dos direcciones que desde hace meses no tienen designaciones oficiales: la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación y la Dirección Nacional de Evaluación y Control Ambiental. Previamente, existía una Dirección de “Gestión Climática” [antes de Cambio Climático], pero se disolvió en 2025.

Esta reducción de la estructura también fue acompañada de una caída presupuestaria. Según el último reporte del Monitor de Presupuesto Ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2024, la Subsecretaría de Ambiente registró un recorte real del 79,4% en relación con los fondos ejecutados en 2023. En 2025, el ajuste se profundizó y alcanzó una caída real del 80,8% respecto del mismo año base.

Según el Presupuesto Abierto del gobierno nacional, hasta hoy se ha ejecutado solo el 24% del presupuesto asignado para 2026 a la función Ecología y Desarrollo Sostenible.

Facultades como las del Servicio Nacional de Manejo del Fuego o el control tutelar de la Administración de Parques Nacionales fueron removidas durante los años pasados. Por otro lado, ninguna oficina tiene entre sus funciones la acción climática, a pesar de que hasta finales del año pasado funcionó.

Según Villares, este punto es de especial sensibilidad: “Hablamos mucho con organismos internacionales, y lo que nos preguntan siempre de afuera es qué pasa con la Argentina. Y yo lamentablemente les digo que no sabemos si va a salir la NDC [un documento fundamental en el multilateralismo climático] o vamos a salir del Acuerdo de París”.

El miércoles pasado hubo una sesión informativa en el Senado para impulsar una ley que regule los mercados de carbono en la Argentina. Estos mercados, en términos muy simples, podrían fungir como una opción de monetización de la conservación de zonas naturales como bosques o pastizales. Se discutieron tres proyectos impulsados por las provincias de Chaco, Misiones y Salta.

Para el exsecretario de Cambio Climático, Rodrigo Rodríguez Tornquist, ese debate, a pesar de ser necesario, no tiene sentido si en el Poder Ejecutivo no existe una política activa. “Estamos discutiendo el tamaño de la rueda cuando todavía no sabemos si vamos a tener una bicicleta, un auto o un camión”, retrató durante la sesión de ayer en el Senado. Y es que, sin que la política ambiental y climática sea administrada por el gobierno nacional, tanto para Tornquist como para Villares, es difícil concretar cualquier proyecto vinculado con ello.

“Hay una falta de mirada estratégica con el ambiente. Dejemos de lado la necesidad social. Ni siquiera se ve ese rumbo. Eso no se mide en términos económicos, pero impacta. Se refleja en una posición ambigua en materia climática y a nivel internacional eso genera desconfianza”, detalló Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

Según las organizaciones consultadas, el incumplimiento de los compromisos climáticos puede debilitar acuerdos vinculados con objetivos comerciales y de financiamiento, y también perder fuerza en espacios multilaterales que sí interesan a la administración libertaria. En especial, el G20 y el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como este, son varios los espacios dentro del multilateralismo que piden el cumplimiento de políticas climáticas y ambientales, como el recién firmado acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Por Matías Avramow

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