Tucumán: más de 500 presos iniciaron una huelga de hambre en reclamo de salidas transitorias

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Para exigir que se agilicen los trámites por autorizaciones de salidas transitorias y de visitas de familiares, entre otros derechos, más de 500 internos del penal de Villa Urquiza, de la capital tucumana, protagonizan una huelga de hambre y laboral.

La medida fue iniciada la semana pasada por 200 detenidos de la Unidad 1, a quienes el sábado se sumaron otros 200 presos procesados que están alojados en la Unidad 2. En tanto, ayer decidieron comenzar con la protesta más de un centenar de internos de otros sectores -que no tienen ese tipo de beneficio-, en solidaridad.

Así lo confirmó hoy a LA NACION el director del Sistema Penitenciario provincial, Guillermo Snaider, quien aseguró que “la protesta, que hasta ahora es llevada adelante por unos 523 internos, se realiza de manera pacífica, en normal convivencia y en un marco de respeto, por lo que la situación está controlada”. Además, dijo que “se activaron distintos protocolos preventivos, con un monitoreo constante por parte del servicio médico, para resguardar la salud de los internos que se niegan a recibir alimentos desde hace días”.

Los reclamos

El funcionario dijo que los reclusos “exigen la aceleración de los trámites para la obtención de distintos beneficios, como las salidas transitorias, que están contempladas por la ley 24.660, sobre la ejecución de las penas, y cuya finalidad es la reinserción lenta y progresiva de los presos en su seno familiar y en la sociedad”.

Explicó que los expedientes relacionados con esos permisos “se inician con una serie de informes y estudios que se realizan en el Sistema Penitenciario, con una evaluación a través de un equipo interdisciplinario que se encarga de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley para el otorgamiento de los beneficios”.

Snaider dijo que “luego, esa evaluación, que puede ser favorable o desfavorable, de acuerdo al resultado que arrojen los informes sobre cada caso, es elevada al Juzgado de Ejecución, que es el que en definitiva debe autorizar o rechazar las salidas transitorias”. En este punto, el responsable del Sistema Penitenciario en Tucumán indicó que “los internos hoy no están recibiendo los informes, ya sean positivos o negativos, por parte del Juzgado de Ejecución (que está a cargo de Roberto Guyot), y ese es uno de los reclamos”.

Y agregó que “el otro motivo de la protesta es el hecho de que el Juzgado puso un nuevo requisito, que no está contemplado expresamente en la ley, y que son los análisis de orina para constatar si consumieron drogas y, los que en caso de dar positivo, determinan el rechazo de los permisos”.

Según Snaider “los internos consideran que este nuevo requisito es ilegal y dicen que están dispuestos a realizarse tratamientos para tratar las adicciones, pero que eso no puede ser motivo para que les nieguen los permisos de salida”.

Consultado sobre la gravedad del problema de las adicciones a las drogas dentro del sistema carcelario provincial, el funcionario dijo que “en muchos casos estas personas consumen drogas antes de ser detenidas y las mismas quedan durante mucho tiempo en el organismo”. De todos modos, reconoció que “sería hipócrita negar que ingresan sustancias prohibidas a los penales, que es algo que sucede en todo el mundo y Tucumán no es la excepción, por lo que se ha decidido darle una lucha frontal al tráfico, con fuertes controles entre los internos, el personal y las visitas”.

Snaider informó que “por decisión de los presos, se elevó un pedido de habeas corpus a la Corte Suprema de la provincia para que tome cartas en el asunto, por lo que están a la espera de una respuesta para ver si siguen o no con la protesta”.

Denuncian condiciones inhumanas de detención

Los internos del penal de Villa Urquiza iniciaron la huelga de hambre días después de que tomara estado público un duro informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación que alertó sobre el mal estado de las cárceles tucumanas.

Según el organismo, durante una inspección realizada por profesionales a las unidades penitenciarias N° 1, de Villa Urquiza, N° 3, de Concepción (en el sur provincial) y N° 4, de Santa Ester (de mujeres, en la ciudad de Banda del Río Salí), se constataron “serias violaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas”.

Durante las recorridas, que se realizaron los días 9, 10 y 11 de agosto, los enviados de la Procuración Penitenciaria de la Nación advirtieron sobre “la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación, así como también pésimas condiciones materiales de alojamiento”. El informe también menciona que “se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo regimenes de aislamiento y sectorización”.

El escenario con el que se encontraron los inspectores de la Nación los impactó de tal modo que decidieron filmar lo que veían con sus teléfonos celulares para incluir las imágenes en su informe.

Al ser consultado por LA NACION sobre el pésimo estado de las cárceles tucumanas, el responsable del Sistema Penitenciario en Tucumán explicó: “Durante mucho tiempo el sistema carcelario local no tuvo la atención necesaria por parte de los distintos estamentos del Estado provincial y no se hicieron las inversiones que hacían falta”.

Y agregó que “a partir de una decisión adoptada por la actual gestión, con el gobernador Juan Manzur (asumió en diciembre de 2015) y Regino Amado como ministro de Seguridad, se está trabajando para revertir totalmente esta situación, en la medida de las posibilidades y de los recursos”.

En este sentido, Snaider dijo que “hay cuestiones estructurales de fondo que requieren de una inversión importante y que se van a ir concretando, como el proyecto para la construcción de una cárcel para 1.500 internos en un predio en la localidad de Benjamín Paz (55 kilómetros al norte de la capital provincial)”.

El funcionario dijo que “el predio ya está disponible y el proyecto técnico de infraestructura está aprobado, por lo que ahora se está buscando el financiamiento para avanzar con esta obra”. Según Snaider, la construcción de esta nueva unidad penitenciaria permitiría descomprimir la situación de superpoblación carcelaria que afecta al penal de Villa Urquiza, construido en 1927, donde hay más de mil detenidos (en las otras dos cárceles tucumanas hay otros 300 internos).

Por último, informó que “también está en estudio la posibilidad de construir tres nuevas alcaidías en distintos puntos de la provincia, donde se alojaría a los internos que no tengan dictada la prisión preventiva”.

Por Fabián López

• Cárceles en la Argentina

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