Una condena ejemplar

En un veredicto que fue recibido entre aplausos y lágrimas, un tribunal oral de San Isidro condenó a reclusión perpetua a Raúl “Chirola” Monti, el jefe de la banda bautizada VIP, por el secuestro y homicidio de Juan Manuel Canillas, ocurrido el 12 de julio de 2002.

“A pesar de que el fallo resultó ejemplar y justo, el juicio me dejó una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Monti nunca dijo por qué mató a mi hijo. Con mi esposa vamos a tener un dolor por siempre. Esta sentencia por más justa que haya resultado, no me devolverá la vida de mi hijo", expresó entre llantos Guillermo Canillas.

Durante poco más de una hora, en una sala desbordada de familiares del joven asesinado y por las Madres del Dolor, cuyos hijos fueron víctimas de la violencia, Monti, de 25 años, escuchó impasible la lectura de la sentencia que lo mandó a prisión casi de por vida, sin la posibilidad de poder acceder a la libertad condicional.

Además, los integrantes del Tribunal Oral N° 1 solicitaron al Ministerio de Seguridad provincial que investigara la presunta existencia de una mafia policial en las comisarías de Virreyes y San Fernando, que colaboraba con la banda acusada de otros dos homicidios, y de cometer más de cien secuestros exprés en la zona norte del Gran Buenos Aires y de la Capital Federal.

"Monti y sus cómplices ejecutaron a Juan Manuel a sangre fría cuando estaba complemente indefenso. Lo hicieron bajar de su automóvil para que pensara que todo había terminado y le dispararon por la espalda", expresaron en su fallo los jueces Juan Carlos Tarsia, Carlos Olazar y Ernesto García Maañón.

Los magistrados, además, impusieron a Monti la accesoria por tiempo indeterminado. Esto significa que el jefe de la banda de secuestradores VIP no podrá ser beneficiado con la libertad condicional. Coincidió con la pena que habían solicitado los fiscales Fabiana Cotelo y Hugo Celaya.

Aunque el veredicto condenatorio fue unánime, hubo diferencias entre los magistrados con respecto a la pena. El juez Tarsia votó en contra de la aplicación de la accesoria por tiempo indeterminado, mientras que sus colegas García Maañón y Olazar fundaron la decisión de aplicar la accesoria por tiempo indeterminado en "la alta peligrosidad del acusado, el hecho de que nunca se arrepintió, su desprecio por la vida, una conducta que pone en riesgo a toda la sociedad y la falta de capacidad para resocializarse".

En sus alegatos, Cotelo y Celaya sostuvieron: "El homicidio de Juan Manuel constituyó un mensaje, que un grupo de señores feudales que intentaba apoderarse de la zona norte del conurbano y de la Capital Federal envió a los vecinos para que se dieran cuenta de lo que les pasaría si se resistían a los secuestros o si no pagaban los rescates que ellos pedían".

Canillas fue la tercera víctima de un secuestro, asesinada en los últimos dos años. Una semana antes, un grupo de delincuentes había secuestrado y matado a Diego Peralta, el chico de la localidad de El Jagüel cuyo cadáver apareció en una tosquera de Ezpeleta. El tercer caso fue el secuestro y homicidio de Axel Blumberg, ocurrido el 23 de marzo último, en Martínez.

Juan Manuel había sido secuestrado el 12 de julio de 2002, cuando circulaba a bordo de su Honda Civic rojo, cerca del cruce de Ramallo y las vías del ferrocarril Mitre. Según la reconstrucción de los hechos realizada por los jueces, "allí fue interceptado por tres delincuentes, entre los que estaba Monti. Como no tenía tarjeta de débito para extraer dinero de un cajero automático, lo obligaron a llamar a su casa, situada en General Paz al 700, en Núñez, para que pidiera una suma de dinero como rescate. Descontentos con los 300 pesos que cobraron, los delincuentes lo llevaron hasta Aguado al 1300, de Vicente López y lo mataron".

Los magistrados fundaron el fallo en el peritaje realizado por los técnicos de las policías Federal y bonaerense en la huella dactilar hallada en el estéreo del vehículo e indicaron que correspondía a Monti.

Además, los jueces tuvieron en cuenta las declaraciones del comisario Jorge Rodrigo, quien, como jefe de la comisaría 35a encabezó el procedimiento en el que se levantó la huella, y de los policías de la comisaría de las Barrancas de San Isidro que pusieron al descubierto la banda. También consideraron la declaración de un testigo de identidad reservada y escuchas telefónicas.

"No hace falta cambiar las leyes. Se necesitan jueces como los de este tribunal, que hacen cumplir las normas", concluyó Alejandro Vecchi, abogado de los Canillas.

Por Gustavo Carabajal

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