Una oportunidad para repasar derechos y obligaciones

Como es tradición en esta época del año, ya se hace sentir el ardor de la discusión que más pasión y energía insume a dirigentes y profesionales de la educación: las paritarias docentes. Inexorablemente nos iremos aproximando al inicio de las clases y la incertidumbre sólo irá en aumento. Las primeras declaraciones de dirigentes gremiales y políticos sólo permiten afirmar que, como cada año, nos espera recorrer un trayecto conocido, que tendrá en vilo a los familiares de los ocho millones de alumnos del sistema escolar de gestión pública y a todo el país.

La discusión de las paritarias no llega sola. Hay otros temas de educación que también están en la discusión pública, como las aulas Durlock, la inscripción online o el precio de la canasta de útiles.

Sin desconocer los efectos perniciosos producidos por una inflación que ya lleva cuatro años por encima del 20% anual ni el derecho de los trabajadores a un salario digno, la discusión de las paritarias se presenta para la sociedad como una excelente oportunidad para repasar no tanto los derechos de los docentes, sino sus obligaciones.

El título IV de la ley de educación nacional N° 26.206 hace referencia a los docentes y su formación. El artículo 67, además de enunciar los derechos de los docentes, establece seis claras obligaciones: respetar y hacer respetar las leyes que regulan su actividad; cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la respectiva jurisdicción, y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y modalidades; capacitarse y actualizarse en forma permanente; ejercer su trabajo de manera idónea y responsable; proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, y respetar la libertad de conciencia, dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

Aceptando que éstas son obligaciones establecidas por una ley elaborada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, y no simples sugerencias o deseos aspiracionales de un conjunto de ilusos e idealistas, y con los datos aún frescos de los malos resultados obtenidos en las pruebas internacionales PISA, a la sociedad se le presenta la oportunidad de auditar a parte de sus directivos en sus obligaciones. Por ejemplo, ¿cómo se han capacitado los docentes para hacer frente a su tarea? Los dirigentes sindicales deberían estar en condiciones de responder este cuestionamiento básico, que sólo busca asegurar una correcta asignación de los fondos públicos que el sector educativo recibe cada año. En el artículo 72 de la misma ley, se define una política nacional de formación docente con el objetivo de jerarquizar y revalorizar la formación docente, desarrollando capacidades y conocimientos necesarios e incentivando la innovación, entre otros. Estos objetivos de formación deberán apuntalar una política educativa nacional que, como indica el artículo 11, busca asegurar una educación de calidad. ¿Acaso la sociedad, que es la que financia todo el sistema, no tiene derecho a observar si los fondos se están aplicando de una manera eficiente, si todos los actores están cumpliendo sus obligaciones, si el derecho constitucional de todos los argentinos de aprender está en manos de profesionales idóneos y responsables?

Tan malo como la inflación es tener que ajustar salarios a trabajadores que no cumplen con sus obligaciones. Es cierto que el Estado garantiza la estabilidad laboral de sus trabajadores, pero la ley 26.206 es clara al indicar que los docentes tendrán derecho al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad con la normativa vigente. Esto dice la ley.

Por lo tanto, si el desempeño docente se encuentra vinculado con responsabilidades, entonces el citado salario digno y su consecuente actualización estarían sujetos a la instrumentación de un conjunto de obligaciones que la sociedad deberá auditar. En definitiva, si mi contribución impositiva le va a pagar el sueldo a alguien, antes de aumentárselo o ajustárselo por inflación desearía saber si hizo su tarea.

Si por un instante pudiésemos dejar las cuestiones políticas de lado, a la sociedad se le presenta una excelente oportunidad para hablar de las responsabilidades que conducen a una educación de calidad. ¿Dejaremos pasar esta nueva oportunidad?

Por Juan María Segura

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