Caso Próvolo: una sentencia sin precedente para sacerdotes en el país

El padre Grassi, condenado a 15 años, en 2009
El padre Grassi, condenado a 15 años, en 2009 Fuente: Archivo
No se conocen antecedentes de penas tan extensas por abusos sexuales cometidos por integrantes del clero
María Ayzaguer
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26 de noviembre de 2019  

La condena de la Justicia mendocina por abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica es la mayor dictada en la historia del país. Ni los juicios más conmocionantes para la opinión pública, como lo fue el caso Grassi -condenado en 2009 a 15 años de prisión por violar a un menor en la Fundación Felices los Niños-, ni los más severos, como los que ha dado la Justicia entrerriana en los últimos años, se acercan en penas como las que acaban de recibir quienes eran encargados de educar a los niños hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.

Horacio Corbacho fue condenado a 45 años de prisión por haber abusado sexualmente de al menos 16 menores. El cura Nicolás Corradi, director del instituto, recibió una pena de 42 años. Las condenas más fuertes de los últimos tiempos nunca habían superado los 25 años de prisión, como la que se le impuso al religioso Justo José Ilarraz, culpable de abusar de adolescentes en el seminario de Paraná, o a Juan Diego Escobar Gaviria, el cura "sanador" de Nogoyá, que abusó de menores en su habitación de la iglesia de la que era párroco.

"Es la mayor condena por abusos del país", confirmó ayer Carlos Lombardi, representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de la Argentina. Para el letrado, el fallo es significativo por el monto de las penas y el alivio que genera a las víctimas, que eran menores de edad e hipoacúsicas. Al momento de los abusos, transcurridos entre 2007 y 2016, eran pupilos en el colegio conocido como "la Casita de Dios".

La red ha venido colaborando con las víctimas en el armado de las causas civiles que se avecinan contra el Instituto Próvolo y el Obispado de Mendoza. Según denuncia Lombardi, desde que comenzó el juicio, la Iglesia ha sido completamente reticente a aportar información en la Justicia que ayudara a llegar a la verdad.

El Arzobispado de Mendoza emitió ayer un comunicado en el que manifestó estar trabajando para que no se repitan "estas situaciones". "El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor; por eso, urge reafirmar nuestro compromiso con la prevención, la transparencia, la verdad y la justicia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad", se expresó.

La transparencia de la información es un tema central en la lucha de las víctimas de abusos sexuales eclesiásticos. Al día de hoy no existe un registro oficial de victimarios que permita dar cuenta de la magnitud del fenómeno. Según un extenso trabajo realizado por LA NACION en junio de este año, hubo por lo menos 63 curas o religiosos denunciados en los últimos 20 años. Entre ellos, 20 tuvieron condenas (contando a Corbacho y Corradi). Otros 19 están atravesando actualmente procesos, como la monja Kumiko Kosaka, acusada de ser partícipe necesaria en los abusos del Próvolo, que espera su juicio en prisión domiciliaria. El resto de los casos no se han judicializado.

"No hemos podido hacer un registro. Lo tenemos como una de las metas, como han hecho episcopados de otros países, para tener un panorama más claro de cuántos casos hay en la Argentina", dijo en junio pasado monseñor Buenanueva, coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal. Entonces explicó que el Episcopado estaba dando sus primeros pasos en ese sentido. LA NACION intentó consultarlo ayer, pero prefirió no responder.

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