Veredas rotas: reforzarán los controles, pero bajarán las multas
Es la propuesta oficial para subsanar el problema; el trabajo de las empresas de servicios, en la mira
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Es uno de los principales dolores de cabeza de los vecinos. El responsable de caídas en la vía pública y de impedir la circulación de las personas con movilidad reducida. Sí, las veredas rotas. Por eso, el gobierno porteño elaboró un nuevo régimen jurídico para resolver el problema que, según datos oficiales, alcanza al 50% de los 303.000 frentes que tiene la ciudad.
La propuesta que está en debate en la Legislatura, y posiblemente reciba una sanción antes de fin de año, prevé la centralización en una sola dependencia -la Subsecretaría de Vías Peatonales- de todos los planes de obras proyectados en la vía pública tanto por las empresas de servicios públicos para tareas de renovación de sus redes como de los propietarios frentistas que quieran arreglar su vereda.
Al no existir una oficina que se encargue de unificar las obras proyectadas, como sucede hoy, provoca una superposición de aperturas por parte de las empresas de servicios y también que se acumulen, al mismo tiempo, varias obras en una misma manzana.
En ocasiones, las veredas quedan en mal estado porque las empresas no cierran los pozos correctamente. Ante esto, el gobierno impone multas con montos "millonarios" que las compañías rechazan por vía judicial. Por eso, el proyecto busca reducir el valor actual de las penas e impulsa cambios en siete artículos del Régimen de Faltas para lograr un mayor índice de cumplimiento en el pago. Por ejemplo, por efectuar obras en la vereda sin permiso la sanción económica, que ahora es de hasta $ 763.000, bajaría considerablemente a una franja de entre los 111.500 y los 223.000 pesos. Ante la consulta sobre las medidas a legisladores del bloque peronista y de Suma+ señalaron que aún están analizando los proyectos.
Además, en la iniciativa se establece que las empresas no pagarán por los permisos de obras, aunque el Ejecutivo tiene entre sus planes subir la tasa que deben abonar por la rotura de las veredas. Y crearán un registro ante el que deberán informar las empresas subcontratistas que estarán a cargo de las tareas. Esto permitirá monitorear a las que cumplan con los plazos e inhabilitar a las que no.
El gobierno estima que, como consecuencia de las obras de mejoras iniciadas por las compañías, durante 2016 aumentó de 250 a 800 la cantidad de aperturas en la vía pública hechas por día. En lo que va de este año alcanzaron unas 18.000 obras mensuales. De ese total, el 75% son por arreglos ejecutados por las empresas subcontratistas de las compañías de servicios.
"Es imperativo que la totalidad de las veredas estén en buen estado", señaló el gobierno en uno de los tres expedientes puestos para el debate parlamentario, al que accedió LA NACION. La meta se fundamenta en que se reciben unos 165 reclamos diarios de vecinos por aceras en mal estado en el sitio web oficial y en el servicio telefónico 147.
Una de las propuestas del Ejecutivo deroga la ley vigente -la 2634-, que fija los parámetros en una intervención de la vía pública para las empresas de servicios. Plantea un nuevo articulado que determina que "toda persona humana o jurídica, pública o privada" que realice aperturas en las veredas "tiene la obligación de cerrarlas y tiene a su cargo el costo" de la obra de clausura.
Establece que las empresas presenten un plan de obra previo para poder coordinar los trabajos con otras contratistas, así como que tramiten el permiso correspondiente para abrir una vereda. Esas autorizaciones las otorgará la Subsecretaría de Vías Peatonales y se clasificarán de acuerdo con la urgencia de la obra. Habrá permisos programados, de contingencia y de emergencia.
LA NACION contactó a los voceros de las empresas Metrogas, Edenor, Telefónica y AySA para obtener su opinión sobre el proyecto oficial. Admitieron la existencia de reuniones con representantes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en las que se les anticipó el plan, aunque advirtieron que se encuentran en etapa de "diálogo" para acordar la instrumentación.
El titular de ese ministerio, Eduardo Macchiavelli, precisó que durante el año pasado se presentaron pedidos de permisos de emergencia. "El 80% no respondía a casos de urgencia. Sólo un 13% se encuadraba en esa situación". Y agregó: "Por año se realizan unas 10.000 aperturas innecesarias".
Por otro lado, la avanzada del Ejecutivo apunta al vecino frentista que continuará siendo el principal responsable de la construcción, el mantenimiento, la reparación y la reconstrucción de la vereda. No obstante, quedará eximido de esa responsabilidad cuando existan daños generados por las contratistas o por el Estado cuando ejecute alguna obra de gestión. Tampoco deberá hacerse cargo cuando la rotura sea provocada por las raíces de los árboles.
Se incrementará la fiscalización periódica por parte de inspectores del Estado, un cuerpo que pasará de 70 a 150 agentes, que tendrán a cargo la confección de un mapa inteligente que registre los casos de veredas en mal estado. Ese relevamiento permitirá, a su vez, intimar a los vecinos que no arreglen las roturas bajo la advertencia de llegar a recibir una multa económica por la infracción.
En ese punto, el frentista deberá avisar que empezará la reparación a fin de que sea notificado el Estado del trabajo, pero también podrá disponer de un sistema de facilidades financieras a partir de créditos del Banco Ciudad para afrontar los gastos de una reparación.
Clara Muzzio, la subsecretaria que tendrá a cargo la implementación del paquete de leyes después de su sanción, explica: "El plan no apunta a poner más multas, sino a que se empiece a cumplir y que la ciudad sea más transitable".
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