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Policía de la Ciudad

El debate detrás del uso de las cámaras de seguridad para identificar personas

Sebastián Davidovsky
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3 de mayo de 2019  • 05:19

La semana pasada debutó en la Ciudad de Buenos Aires un sistema que incorpora a las cámaras de seguridad un software de reconocimiento facial para intentar ubicar en la Capital a algunos de los más de 40 mil prófugos que se encuentran en todo el país.

Cómo es el sistema porteño

Funciona, en términos generales, buscando coincidencias entre los rostros que son detectados en la calle por las cámaras de seguridad y la base de datos pública del CONARC (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas), que tiene a su vez las imágenes de esos prófugos provistas por el Registro Nacional de las Personas. En la Ciudad ya hay 7 mil cámaras de videovigilancia y el sistema funcionará en 300 de ellas, de manera rotativa.

La presentación del sistema de identificación por el gobierno porteño

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Una vez reconocidos los supuestos prófugos desde el centro de monitoreo, el personal policial acudirá al lugar y hará dos tipos de chequeo: le solicitarán la identificación (el DNI) para comprobar que los datos filiatorios corresponden a la persona. Y se le tomarán las huellas dactilares. En caso de que sea la persona en cuestión, es decir, que no sea un falso positivo, los oficiales informarán al juzgado, que responderá: si solo hará falta una notificación (esto es por el tipo de delito); si se lo deja en libertad (porque la base de datos en algunos casos está desactualizada); o si se lo detiene.

Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, desde su lanzamiento, el jueves de la semana pasada, ya identificaron a 65 personas, de las cuales cuatro terminaron presas, entre ellas un prófugo por violación. "El sistema reconoció a algunos con capucha y anteojos de sol al mismo tiempo", se enorgullecen desde el Ministerio.

El funcionamiento en general

La discusión de fondo

Varias organizaciones de derechos civiles nacionales plantean sus cuestionamientos al sistema. "No puede haber tensión entre seguridad y privacidad", advierte Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre. Para la especialista, la pérdida de privacidad de los ciudadanos ante un sistema que analiza todos los rostros que registra es también una "pérdida de seguridad, lo que implica una mayor vulnerabilidad por parte de todos", señala.

Por su parte, Leandro Ucciferri, analista de políticas públicas de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), señala algunos interrogantes al sistema de reconocimiento de rostro. "Para que funcione tiene que identificar a todos los que pasaron. Por lo cual ya se afectan derechos de millones de personas en pos de encontrar a 40 mil. Para utilizar estos sistemas tiene que haber razonabilidad, es decir, demostrar que otras medidas no fueron eficientes para solucionar el problema de los prófugos. En este caso, se trata a todas las personas como posibles culpables", argumenta.

Surge, también, el tema de la protección de datos. "¿Quién va a cuidar la información? ¿Cómo vamos a asegurarnos que estos datos no van a ser filtrados?", se pregunta. Busaniche, en la misma sintonía, plantea: "A cambio de costos en derechos fundamentales, se está creando una base de datos que es muy valiosa en el mercado", sentencia.

El sistema compara las caras de los transeúntes con las de las personas anotadas en la base de datos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas
El sistema compara las caras de los transeúntes con las de las personas anotadas en la base de datos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas Crédito: Policía de la Ciudad

La posición oficial

Cecilia Amigo, jefa de gabinete de la Secretaría de Administración, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (que dirige el vicejefe de gobierno Diego Santilli), responde que "el software únicamente detecta a aquellas personas que están en el registro de la base de datos de prófugos, el CONARC. En esa base están aquellas personas que tienen orden de restricción impartida por la Justicia. El único dato que se guarda en el sistema es el de una alerta positiva: si esa persona buscada pasa por delante de la cámara, salta el alerta positivo y matchea en tiempo real con la imagen de la base de datos. Pero no hay tratamiento ulterior de los datos de los que no están siendo buscados", señala.

Consultada sobre si no está en juego la privacidad de los ciudadanos, la funcionaria dio su versión: "A mí entender tenemos que velar por la seguridad pública. En todos los encuentros que tenemos con vecinos, el primer requerimiento es la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública. Es una demanda de los vecinos. Y estas cámaras han demostrado ser un excelente instrumento para la prevención delictual y tareas forenses. Para mí es una gran herramienta puesta a disposición de los vecinos y de la fuerza", confía.

Problemas internacionales

Los especialistas advierten los excesos que pueden derivar de la acumulación de datos por parte de la fuerzas de seguridad. Por ejemplo, repasan lo que ocurrió en Miami, donde gracias a un software que contiene los datos de conductores y vehículos, un policía quiso investigar quién salía con su ex pareja e ingresó a la base de datos del sistema para acceder a esa información. O, como informó Reuters, cuando empleados de la agencia de Inteligencia de los Estados Unidos utilizaron herramientas del organismo para espiar a parejas actuales y pasadas.

Ucciferri plantea que deberían existir "protocolos transparentes" para evitar este tipo de abusos. Amigo señala que además de la resolución 398 ya existen estos protocolos estrictos de seguridad para evitar el abuso en el manejo de la base de datos y que habrá sanciones para quienes no los cumplan. LA NACION quiso acceder a los mismos, pero desde el Ministerio de Seguridad señalaron que "son protocolos de actuación policial, lo cuales no pueden ser publicados ni consultados".

Habrá más cámaras en la Ciudad (y más debate)

El sistema de vigilancia que comenzó a funcionar en la Ciudad fue adjudicado y desarrollado por la empresa nacional Danaide (con un motor de búsqueda de origen ruso), tiene un costo de 2,3 millones de pesos por mes, y estará activo al menos los próximos 17 meses.

Busaniche señala su preocupación sobre estas compras "a mansalva, que se realizan sin evaluación profunda, sin análisis claros de cuáles son las soluciones ni de por qué se compran estas tecnologías riesgosas para los derechos colectivos sin ningún tipo de evaluación, control o debate previo". Ucciferri sugiere un debate parlamentario: "Pese a que no sugerimos este tipo de biometría, hace falta que se discutan este tipo de políticas públicas a nivel legislativo antes de ser utilizados".

Para Amigo, en tanto, la incorporación del reconocimiento de rostro "es una herramienta que nos llena de orgullo. El sistema funciona. Lo utilizan los países del primer mundo y a los pocos días ya hemos logrado unas estadísticas que eran impensadas". A la vez adelantó que habrá un 30 por ciento más de cámaras en la Ciudad a partir de junio. Y seguramente, también, más debate.

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