Qué debés tener en cuenta si vas a comprar un celular en canales no oficiales
Consejos para comprar sin problemas, evitar los engaños y los equipos de contrabando, que ya son un tercio del mercado
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Comprar un celular, ya sea en otro país o por fuera de los canales oficiales, puede ser un problema. Si estás pensando en adquirir un celular fuera de los negocios tradicionales en Argentina, es recomendable que realices una serie de verificaciones técnicas y legales para no terminar con un dispositivo inhabilitado para ciertas tareas o, incluso en casos más complicados, ser víctima de una estafa.
Si el equipo fue comprado afuera, o se compró acá, pero está dirigido a un mercado diferente del argentino, las oficinas locales de esas marcas no siempre van a responder con la garantía oficial del fabricante para reparaciones o reemplazos. Va a depender de cómo fue adquirido: no es lo mismo comprarlo en la tienda oficial de una marca (y tener la factura) que haberlo hecho en un local de una galería.
Los fabricantes argumentan que si el consumidor compró un equipo por vías alternativas (que pueden incluir plataformas online, locales físicos o redes sociales, pero cuyos vendedores no pueden explicar adecuadamente cómo lograron tener ese celular en primer lugar) no tiene sustento legal para realizar reclamos ante la Ley de Defensa del Consumidor si el producto falla.
El IMEI, las bandas y más
Así, antes de concretar el pago, es recomendable revisar el embalaje del producto. Un teléfono apto para el mercado local debe cumplir con las siguientes características, entre las que se encuentra el IMEI (una especie de DNI del dispositivo), que puede ser verificado en la web del Enacom para ver si no fue denunciado como robado. En caso de que aparezca, no va a estar habilitado para su funcionamiento: quedará en una lista negra.
Además, la etiqueta en la caja debe mostrar que el modelo del dispositivo termina con las siglas “AR” y el RAMATEL ID, que garantiza que el equipo fue evaluado para funcionar en el país, algo que se aplica tanto para los que fueron producidos en Tierra del Fuego como para los que fueron importados y tienen la estampilla de Aduana.
Sobre la seguridad eléctrica y accesorios, el cargador es un punto crítico que suele delatar a los equipos de contrabando o del “mercado gris”. El adaptador de corriente debe exhibir obligatoriamente el sello de IRAM y el logo de Seguridad Eléctrica (una “S” dentro de un círculo). Estos sellos aseguran que el cargador cumple con la Resolución 169/2018, evitando riesgos de cortocircuitos o daños al equipo por diferencias en la red eléctrica local.
En términos de aspectos técnicos y de conectividad, aunque el teléfono sea original y nuevo, si fue fabricado para otros mercados (como el asiático o europeo), podés enfrentar problemas como la incompatibilidad de bandas para conectarte a 4G o 5G, aunque es bastante inusual. . Muchos equipos extranjeros carecen de los componentes para las frecuencias 4G y 5G de Argentina, lo que provoca que la conexión sea deficiente en ciertas zonas. O que incluso tengan un software no homologado, que podría redundar en no estar optimizado para operadores locales, lo que puede impactar en faltas de actualizaciones.
Contrabando en aumento
Uno de cada 3 celulares que se vende en la Argentina ingresa de contrabando, según datos de Afarte, la cámara de fabricantes fueguinos, que también son reflejados en el informe de la consultora MAP. En la categoría entra el que “no se importó legalmente ni fue fabricado en la Argentina”, agregan desde la asociación: son equipos originales, sí, pero traídos de otros mercados, y que entran al país por vías informales y, por lo tanto, no pagan derechos de importación.
El del contrabando en la Argentina excede largamente al rubro de los celulares, aunque su condición particular (objetos pequeños de valor relativamente algo) los hace muy atractivos. Entran fuera del mercado formal 50.000 unidades por semana: la mitad llega desde Paraguay a través del paso fronterizo de El Dorado y la otra mitad principalmente desde Panamá por el aeropuerto de Ezeiza.
En muchos casos, la opción “no oficial” que empuja a la ilegalidad es una brecha de precios estructural. “La diferencia en el mostrador entre el canal formal y el informal promedia el 30% y el 35%, trepando hasta el 40% en los modelos de gama alta. En este último segmento, el volumen de ventas del contrabando ya equiparó por completo al canal formal”, señalan.
Por lo bajo, argumentan que esa brecha de precio se explica por la carga impositiva: “sumando tributos nacionales, provinciales y tasas municipales, devora un 34% del precio final. Si a esto se le adiciona un 10% de gastos comerciales —el corazón del mantenimiento de los locales físicos—, y apenas un 5% de ganancia estándar para la cadena, la ventaja impositiva del contrabando se vuelve letal. Si se lo importa de manera legal, la carga impositiva total (derechos de importación, tasas aduaneras directas e impuestos de comercialización) representa un 55% del precio de venta de un teléfono”, explican.
“Frente a esta situación, el operador legal queda totalmente desarmado ante organizaciones que ingresan los mismos dispositivos a tasa cero y que luego comercializan el 60% de su stock a través de redes sociales con costo de comercialización 0, y el 40% restante mediante plataformas de comercio electrónico”, explican.
Que un vendedor entregue una factura por la compra de un dispositivo no certifica que ingresó al país por los canales normales; solo valida esa operación, pero no la original.
Los expertos recomiendan desconfiar de vendedores que exigen pagos totales o adelantos mediante transferencia bancaria a un particular con descuentos agresivos: pueden ser identidades robadas para abrir cuentas bancarias (“mulas”) que desaparecen tras recibir el dinero sin entregar el equipo.
LA NACION
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