Sigue la polémica por el uso del software de análisis genético del FBI para el registro nacional de violadores

El 9 de septiembre del año pasado, en el Polo Espacial Punta Indio, el presidente Mauricio Macri presentó los 12 Proyectos Estratégicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (Mincyt). El acto, junto con el titular del Ministerio, Lino Barañao, representaba un ejemplo de continuidad de proyectos que se habían iniciado años atrás, durante la presidencia de Cristina Fernández.

Algunas de estas iniciativas son la generación de proveedores para la industria satelital, un proyecto de acuicultura en Tierra del Fuego y el desarrollo de un software para genética forense. Este último, nacido de un pedido de la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF) a la Fundación Sadosky del Mincyt, que demandó más de dos años de desarrollo y en el que el Estado invirtió siete millones de pesos, fue descartado por una resolución del Ministerio de Seguridad recientemente publicada en el Boletín Oficial, a partir de la cual se priorizará el uso de un software de similares características ofrecido por el FBI, el organismo federal de investigaciones estadounidense.

La decisión no solo expone una falta de coordinación y de coherencia entre las políticas que llevan adelante ministerios del Gobierno nacional, también implica dilapidar una inversión pública para adoptar un software cerrado y sometido a condiciones de uso que pueden cambiar, ya que el propietario de la licencia sigue siendo el FBI. El organismo estadounidense ofrece el software de manera gratuita, aunque demanda inversión en viajes, capacitación, soporte y equipamiento específico.

“Se debería tener en cuenta el valor que tiene usar software nacional, de código abierto, ajustable a medida, auditable y en el que los autores están a mano, versus un sistema cerrado y opaco, una caja negra que no sabemos cómo funciona porque sus algoritmos no son públicos. De hecho, hay antecedentes de impugnaciones en la Justicia de Estados Unidos. Además, se depende de la relación que se pueda tener con un gobierno extranjero, ya que un determinado momento te lo pueden sacar”, dice Esteban Feuerstein, director de la Fundación Sadosky.

En 2014, la Fundación Sadosky, organización presidida por Barañao e integrada por las dos principales cámaras del sector informático (Cessi y Cicomra), le había adjudicado el desarrollo de un software de almacenamiento y comparación de perfiles genéticos con fines forenses, bautizado GENis, a la empresa Baufest. Actualmente, GENis se encuentra instalado en el Poder Judicial de Entre Ríos y está siendo probado en el Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

ADN público-privado

El nacimiento de GENis partió de un requerimiento de la SAGF, la asociación que agrupa a profesionales de la genética que se desempeñan en laboratorios públicos que asisten al Poder Judicial en el marco de pericias de ADN, desde homicidios o delitos sexuales hasta causas por paternidad.

La licitación realizada por la Fundación Sadosky exigía que a la empresa ganadora se integraran equipos académicos. Así, al equipo de desarrollo de Baufest se incorporaron investigadores de las facultades de Ciencias Exactas y de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires, del Conicet y del Instituto Leloir. También se sumaron una unidad de bioinformática de la Universidad Católica de Córdoba y el equipo de seguridad informática de la Fundación Sadosky, entre otros.

El origen de GENis se relaciona con la creación, en 2013, del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, creado por la Ley 26.879, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pese a la celeridad con la que avanzó el Ministerio de Seguridad para publicar el acuerdo con el FBI, al día de hoy la norma todavía espera por su reglamentación.

Los datos —marcadores genéticos— que se almacenan en un software de comparación de perfiles de ADN se utilizan para un proceso de identificación que puede permitir correlacionar la presencia de una persona en una evidencia y convertirse en un indicio de prueba. Si bien en este caso se utilizaría para delitos contra la integridad sexual, podría aplicarse a otros delitos —amplitud sobre lo que no existe consenso, ya que el almacenamiento de bases de datos de ADN también impacta en aspectos de privacidad y en derechos humanos—, en pruebas de paternidad, para la identificación de restos de cuerpos —tarea en la que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAAF) ha sido pionero— y para la búsqueda de vínculos familiares, como en el caso del trabajo que realiza el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Para este último, la empresa Baufest está desarrollando un software específico para la búsqueda de familiares de personas desaparecidas.

“Este proyecto es importante porque la Argentina se destaca en algunas cosas y la genética forense es una de ellas. Por su triste historia, el país generó una capacidad muy importante y somos reconocidos en todo el mundo por nuestros genetistas forenses. El desarrollo de un software que acompañe esta capacidad tiene mucho un sentido, no es un capricho”, sostiene Ángel Pérez Puletti, presidente de Baufest.

¿Por qué CODIS?

El FBI comenzó a desarrollar el software CODIS a principios de la década de los noventa. En Estados Unidos, el sistema funciona en tres niveles: local, estatal y nacional. Si bien ha contribuido a la resolución de delitos, su uso no ha estado libre de cuestionamientos. Con el paso de los años, el organismo de investigación estadounidense comenzó a ofrecer sublicencias gratuitas a otros países y actualmente se utiliza en alrededor de cincuenta. En la Argentina, las fuerzas de seguridad de Córdoba y Santa Fe realizaron convenios para el uso de CODIS.

Desde el Ministerio de Seguridad, aseguran que la decisión de impulsar la adopción de CODIS en todo el país responde a que consideran que GENis todavía está en etapa de comprobación, como argumentó Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad y enlace en la Argentina con el FBI para la implementación de CODIS, en una nota publicada en LA NACION.

Pérez Puletti desmiente esa versión: “El software está terminado, probado y en funcionamiento, ya que se hicieron pruebas con casos reales. Se cargó con una base de datos real de 7.000 muestras y una simulada de 50.000, y las pruebas que se hicieron dieron 100% de coincidencia, al igual que con el cálculo manual que habían hecho los genetistas forenses. ¿Dónde está la falta de madurez?”.

Para Feuerstein, de la Fundación Sadosky, “la única ventaja que tiene a favor CODIS es que lleva muchos años en funcionamiento, está legitimado por el uso, pero GENis es más moderno, adaptable y transparente”. Gustavo Sibilla, coordinador general del proyecto GENis en esa institución, considera que “lo que se está adquiriendo es un dolor de cabeza, porque el FBI no da garantías de retención del software”. Además, el acuerdo firmado por el Ministerio de Seguridad establece, entre otras cláusulas, que ante cualquier disputa que surja se aplicará la ley de los Estados Unidos o del distrito de Columbia.

Daniel Corach, director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (FFyB-UBA) es uno de los pioneros de la biología forense en la Argentina y fue parte del equipo de especialistas que asesoró a Baufest para el desarrollo de GENis. Según Corach, “GENis demandó mucho tiempo de trabajo y respondió a una necesidad política al momento en que se hizo el llamado a la licitación, en el que muchos países de América Latina habían decidido no vincularse con CODIS, que si bien tiene muchas cosas para mejorar, es una plataforma muy robusta. Creo que la debilidad de GENis está en no haber sido terminado antes de que se empezara a coquetear con CODIS. Ahora estamos ante una nueva política de alianza con Estados Unidos y creo que están tratando de imponer su uso para sumarse al club de amigos”.

La letra chica

Mientras el Ministerio de Seguridad invita a los laboratorios forenses de la Argentina a incorporar CODIS, el Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires está probando GENis antes de tomar una decisión. “Lo estamos probando porque es un producto nacional. Estamos chequeando la seguridad de los datos y la velocidad del motor de búsqueda. La decisión final será de cada provincia”, dice su titular, María Mercedes Lojo.

Para Lojo, “CODIS tiene la ventaja de estar muy probado, pero hay que revisar muy bien las condiciones en que te lo dan por más que sea gratis. El problema es cuando surgen convenios de intercambio de datos y tengo entendido que existe uno firmado”.

Desde la Fundación Sadosky, Sibilla reclama: “El Ministerio de Seguridad ni siquiera se tomó el trabajo de examinar GENis. Podrían haber hecho una comisión para estudiarlo, pero eso no ocurrió. En cambio, recurren a un regalo del FBI, que tiene una política internacional de promoción del uso de su software con el objetivo de establecer un estándar global y de hacerse con la información que los distintos países van registrando en sus bases de datos”.

En marzo del año pasado, tras la visita de Barack Obama, la Argentina firmó con Estados Unidos un acuerdo “sobre incremento de la cooperación para prevenir y combatir el crimen grave”, que abre una puerta —aprobación legislativa mediante— a la consulta automatizada de perfiles de ADN. “Primero firmaron el intercambio de perfiles y ahora adoptan la herramienta para llevarlo a cabo”, dice Sibilla.

Para Juan Cruz González Allonca, abogado y ex titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “CODIS difícilmente pueda cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 9° de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, referidas a la seguridad de los datos, ya que no garantiza que se apliquen las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado”. Y agrega: “El software del FBI no cuenta, por ejemplo, con la posibilidad de ser auditado públicamente, de disponer en tiempo y forma de las últimas actualizaciones de seguridad y versiones. Tampoco queda claro cómo será la notificación, gestión y respuesta ante los incidentes de seguridad que se produzcan”.

Eduardo Bertoni, actual titular de la DNPDP, dice que el organismo no ha emitido opinión sobre la resolución del Ministerio de Seguridad en los temas vinculados con su competencia. Y agrega que “será competencia de la Dirección analizar cualquier denuncia que se efectúe ante la posible vulneración de la ley que protege los datos personales en Argentina”.

Corach cree que hay que probar ambos sistemas y compararlos: “Los nacionalismos, en estas cosas, no sirven, sino que hay que garantizarle a la comunidad que se está usando el mejor sistema. Pero la posición de no probar un software en el que se invirtió tanto dinero y esfuerzo no es válida. Barañao debería exigirle al Ministerio de Seguridad que haga pruebas sobre GENIs”.

En esto coincide Pérez Puletti, de Baufest, quien recuerda: “Le mostramos GENis a mucha gente pero no hubo nadie de Seguridad ni de Justicia que se haya acercado a verlo. Yo quisiera que vinieran a probarlo. Si de la prueba surge que no sirve me gustaría saber por qué, ya que todos los genetistas lo apoyaron”. Y concluye: “Se habla tanto de la necesidad de eficiencia en el Estado, de controlar el gasto público, y ahora se está tirando a la basura una inversión de siete millones de pesos en un desarrollo que se probó, se puso en producción y en el que se trabajó con la universidad. Esto evidencia una contradicción discursiva: si queremos que la Argentina tenga exportaciones de alto valor agregado, que salga adelante a través de las industrias del conocimiento, bueno, no podés venir a decir: ‘Lo tiramos y usamos el software del FBI’”.

Bruno Massare

LA NACION

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