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Espionaje: acusaciones cruzadas entre la AFI y la fiscalía de Lomas de Zamora por la filtración de datos secretos
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LA NACIONCandela Ini
Mientras crecen las acusaciones entre la fiscalía de Lomas de Zamora y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la responsabilidad sobre la filtración masiva de actas con decenas de nombres de agentes y exagentes de inteligencia, en los tribunales de Comodoro Py la jueza María Servini tomó las primeras medidas en la causa. Se busca dilucidar, a raíz de la revelación de información secreta, quién violó la ley de inteligencia.
La semana pasada, los cuatro denunciantes del expediente declararon como testigos ante Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Según reconstruyó este medio, dos de ellos pusieron el foco en que la información secreta salió del quinto piso de la AFI, donde se encuentra el despacho de la interventora, Cristina Caamaño, sobre quien dijeron que recae la responsabilidad.
"Están todos en la mira hasta que se pueda dilucidar dónde está la responsabilidad por la violación del secreto", dijo un funcionario judicial que interviene en este expediente a LA NACION.
Además de Caamaño, en esta causa están denunciados los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y el juez de la causa, Juan Pablo Auge.
La causa fue iniciada por una denuncia que presentaron contra Caamaño un grupo de personas que se identificaron como exintegrantes de la AFI, después de la difusión de un documento que se anexó a la causa judicial de Lomas de Zamora y que dejó expuestos los nombres de decenas de agentes y exagentes de inteligencia, de los cuales algunos revistaban en el exterior.
Servini pidió que la AFI informe si se inició algún sumario interno como consecuencia de las filtraciones y que el juzgado y la fiscalía de Lomas de Zamora comuniquen qué tratamiento le dieron a los documentos de inteligencia que recibieron. Incardona y Eyherabide contestaron con un extenso informe que relata los hechos, y en un escrito más breve el juez Auge hizo lo propio.
Si Servini apunta a la AFI o a los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora resulta de suma relevancia e interés para las defensas de los acusados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (exdirectores de la AFI), así como también al secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto.
Todos ellos son investigados en Lomas de Zamora por presunto espionaje ilegal contra políticos, sindicalistas y periodistas. A través de sus abogados, fueron quienes pidieron que la prueba fuera digitalizada para poder garantizarse el derecho a la defensa. Hay quienes leen ese pedido como una "trampa" que tendieron las defensas a los funcionarios judiciales, a los que buscan apartar del expediente por espionaje ilegal. Los acusados quieren que esa causa sea tramitada en Comodoro Py.
Según reconstruyó este medio, la fiscal Cecilia Incardona le pidió a Caamaño que informara si existía un libro de actas, pero no que le remitiera los nombres de los agentes que la AFI incluyó entre las 136 páginas de información que envió. Ese material, que Caamaño desclasificó y envió al juzgado, fue digitalizado y cargado en el sistema LEX -al cual acceden las defensas y las partes querellantes- a pedido de Arribas y Majdalani. Y la información fue difundida, dejando al descubierto las identidades de decenas de agentes.
"De quién es la responsabilidad? Los funcionarios judiciales actuaron con una enorme ingenuidad al cargar la prueba al expediente digital, pero es deber de la titular de la AFI custodiar los secretos de Estado. Habría que ver si la AFI no mandó información de más", opinó un experto en temas de inteligencia que sigue de cerca el expediente tramitado en Lomas de Zamora.
El 16 de julio, Incardona pidió a la AFI "un informe en caso de que posean libros de actas de las resoluciones decretadas en el período mencionado (2016- 2018) y tema al que refieren". La AFI, mediante un escrito en el cual pidió que la información fuera preservada, respondió con el libro de actas completo.
En las copias de ese libro que salieron a la luz -136 páginas en total- están asentadas todas las resoluciones firmadas durante la gestión de Gustavo Arribas en la AFI entre 2016 y 2018. Pueden leerse en esas actas los nombres reales de los agentes que trabajaban en la Argentina y en el exterior, sus DNI, y se mencionan, además, designaciones, renuncias, licencias por maternidad, liquidaciones de viáticos y viajes realizados al exterior.
Los denunciantes sostienen que sin perjuicio de que haya ocurrido una cosa o la otra, lo cierto es que dicho documento "salió de la AFI sin el más mínimo resguardo de seguridad", por lo cual responsabilizan a Caamaño.
Tanto Caamaño como los fiscales fueron llamados a declarar ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, pero todavía no hay una fecha prevista. Uno de los miembros de esa Comisión, el diputado Cristian Ritondo, consideró que la AFI no resguardó la identidad de sus agentes y que los manejos de la fiscalía y el juzgado fueron "ingenuos".
