A la sombra del dictador que hizo desaparecer a cientos, un paraguayo sigue en su búsqueda
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LA NACION
ASUNCIÓN (AP) — A pesar de haber sido derrocado en 1989 tras 35 años de una dictadura que dejó 20.000 víctimas de torturas, ejecuciones y desapariciones, algunos sienten que el fantasma del general Alfredo Stroessner aún ronda Paraguay.
“Este debe ser el único país en donde el partido político que apoyó a un dictador, una vez caído, continúa en el poder”, dice Alfredo Boccia, investigador de la historia paraguaya. “Por eso tardaron las investigaciones, no aparecieron los desaparecidos y no hubo juicios”.
Las desapariciones son recurrentes en América Latina. Las cifras de Argentina y Chile han ganado mayor visibilidad pero miles más se han esfumado en la región y los paraguayos enfrentan un reto particular: a pesar de que Stroessner dejó el poder hace más de tres décadas, su legado sigue siendo un obstáculo para obtener justicia.
Rogelio Goiburu ha buscado a su padre desde hace 47 años. Su cabello se ha emblanquecido en el proceso, pero no tiene intención de renunciar.
“Papá nos entrenó en supervivencia”, dice. “Nos preparó para luchar eternamente contra el régimen de Stroessner”.
Expertos coinciden en que el control que éste ejercía superó al de otros militares que gobernaron la región. Stroessner fungía como presidente, líder del Partido Colorado, jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía. No fue derrocado por opositores, sino por su mano derecha, y los involucrados estaban afiliados a su bloque político, que ha mantenido el poder casi ininterrumpido hasta ahora.
La tibieza de los paraguayos ante la responsabilidad del Partido Colorado en su propia historia fue más visible que nunca en 2018, cuando su candidato, Mario Abdo ganó la Presidencia. Hijo del secretario personal de Stroessner, Abdo fue uno de los hombres que cargó el ataúd del dictador durante su funeral en Brasil, donde murió en 2006 sin haber sido condenado.
El amplio dominio de los Colorados provoca que la historia pase de largo. Muchas calles de Asunción aún conservan el nombre de líderes militares. Sólo un puñado de aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad han enfrentado a la justicia y las escuelas públicas evitan mencionar a la dictadura.
Santiago Peña, quien ganó las elecciones presidenciales de 2023, fue funcionario del expresidente Horacio Cartes, actual cabeza del Partido Colorado a pesar de haber sido acusado por corrupción por Estados Unidos. Los Colorados no sólo le dieron a Peña más de 40% de los votos, sino también ganaron 15 de las 17 gobernaturas y la mayoría del Legislativo.
“La gente misma es la que ahora vota por el partido sin que se imponga”, dice Boccia. “Es una batalla que perdimos los emprendedores de la memoria”.
Goiburu fue nombrado director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia pero no tiene presupuesto para trabajar. Intentando llenar los huecos en la historia de su padre y otros desaparecidos, ha usado sus propios recursos o donaciones para investigar. Con el tiempo logró ganarse la confianza de policías y militares retirados que accedieron a confesarle qué hicieron con los cuerpos.
A diferencia de Argentina, cuyos esfuerzos para encontrar a personas desaparecidas no tienen paralelo en el continente, Paraguay no posee un banco de datos genéticos, así que Goiburu confía en antropólogos forenses argentinos para analizar y salvaguardar las muestras de ADN que reúne.
Y en contraste con México, donde madres que buscan a sus hijos frecuentemente exhuman restos, solo una excavación se ha realizado en Paraguay. La lideró Goiburu entre 2009 y 2013 y, de los 15 cuerpos hallados, sólo cuatro fueron identificados.
Para muchos paraguayos resulta doloroso que sus exigencias de justicia sean minimizadas o se les compare. En Argentina desaparecieron más de 30.000 personas durante una dictadura de siete años mientras que en Paraguay faltan unos 500 tras un régimen de menos de cuatro décadas, pero ¿realmente importan las cifras si una sola desaparición despedaza a una familia?
“En la desaparición, uno de los elementos que se ataca es el derecho al duelo”, explica Carlos Portillo, quien entrevistó a miles de víctimas para la Comisión de la Verdad. “No existe cultura que no tenga un ritual de duelo. La desaparición es la negación de ese ritual y por eso es imposible de cerrar”.
Hasta antes de que enfermara de alzhéimer, la madre de Goiburu dejaba un plato y una silla vacía para su marido en la mesa navideña. Lo buscó hasta que la enfermedad le arrebató la conciencia y la muerte se la llevó en 2024.
“Un desaparecido no es alguien que se fue”, asegura Celsa Ramírez, exmilitante del Partido Comunista que estuvo presa entre 1975 y 1978 y busca a su esposo, Derlis Villagra. “Es alguien que fue preso, torturado, muerto y desaparecido. Eso debería ser un peso muy grande para la sociedad”.
El padre de Goiburu, Agustín, fue un médico y líder político de izquierda que gozó del campo con su mujer y sus hijos hasta que la dictadura comenzó a perseguirlo.
Con frecuencia trataba a sus pacientes sin cobrarles, pero estos le agradecían ofreciéndole bananas, huevos o gallinas. Goiburu siguió sus pasos y luego abandonó la medicina para buscar sus restos.
Agustín formó parte de las juventudes del Partido Colorado. Cuando Stroessner tomó el poder en 1954, decenas como él tenían esperanza. Creían que una mano firme estabilizaría al país tras una guerra contra Bolivia, pero la represión emergió.
En medio de la Guerra Fría y con el respaldo de Estados Unidos, Stroessner decretó que toda actividad comunista sería punible y tildó a sus opositores de izquierdistas.
“Me llamaban el obispo de la sotana roja”, recuerda el obispo Melanio Medina, quien presidió la Comisión de la Verdad. “Sólo quien no hablaba de la situación era bienvenido”.
El padre de Goiburu quedó en la mira de la dictadura por negarse a cooperar. Los militares transferían a personas asesinadas o torturadas a hospitales para exigir al personal que expidiera certificados de defunción falsos que ocultaran sus crímenes. También hubo médicos que supervisaron torturas en centros de detención y aconsejaron a los torturadores sobre el nivel de daño que podían ejercer.
Pocos retaron abiertamente a los militares, pero otras iniciativas más sutiles surgieron. En un tenor similar al de la Vicaría de la Solidaridad de Chile, un puñado de líderes religiosos de diversas confesiones fundó el denominado Comité de Iglesias en 1976.
“En aquel momento hubo muchos desaparecidos, pero no se sabía bien por qué”, cuenta el sacerdote católico español José María Blanch, quien lo presidió. “Entonces hubo muchas congregaciones religiosas que empezaron a visitar las cárceles”.
Además de alimentos y ropa, el grupo brindaba asesoría legal para prisioneros, apoyo económico a los liberados e información a familiares de detenidos. Rosa María Ortiz, que se unió al Comité en 1977, recuerda que solía visitar el principal centro de detención de Asunción y mentía a la persona a cargo, asegurando que el obispo la había enviado sólo para averiguar qué había sido de algunos cautivos.
Con el tiempo, las estrategias del Comité se afinaron. Bajo el pretexto de ofrecer vacunas o libros, el personal confeccionaba listas de prisioneros y los monitoreaba conforme fuera posible.
“El acompañamiento espiritual ni se nos ocurría”, cuenta Blanch. “Estábamos en momentos de vivir o no vivir”.
Federico Tatter es un amigo de Goiburu que comparte sus tristezas.
Sus padres provenían de contextos disímiles — el de Tatter fue un militar que se rebeló contra la dictadura — pero ambos desaparecieron tras ser detenidos en Argentina, a donde varios opositores de Stroessner se exiliaron para proteger a sus familias y continuar su militancia.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, la mayor parte de las desapariciones paraguayas durante los años 70 ocurrieron en suelo argentino, posiblemente durante la Operación Cóndor, un esfuerzo coordinado entre dictadores para cazar y eliminar a sus críticos en Sudamérica.
En octubre de 1976, Tatter iba camino a casa en Buenos Aires cuando notó un operativo militar. Encontró los ojos de su padre mientras lo sacaban de su hogar y él se escondía tras una pared. “A mi papá, de la familia, el último que lo veo soy yo”, recuerda. A la fecha no tiene certeza de lo que ocurrió después.
Goiburu se enteró de la desaparición a través de una vecina. Su padre fue detenido en una calle en Paraná en febrero de 1977 y luego transferido a Asunción, donde le perdió la pista.
“En Paraguay la gente no es consciente de que muchas de las cosas que hoy podemos hacer vienen de la lucha de nuestros padres”, dice Ricardo Flecha, cantante y activista de derechos humanos. “Es lo que hizo que hoy tengamos este espacio, aunque sea pequeño, para decir las cosas”.
La oposición logró asirse del poder durante un periodo —entre 2008 y 2012— pero algunos temores a disentir aún permean entre los paraguayos.
“Tengo dos esqueletos en la morgue bajo protección judicial y sé quiénes son, pero los familiares no me quieren dar sangre porque no quieren que se sepa que eran comunistas”, cuenta Goiburu.
Él mismo lleva un estilo de vida cauteloso, guardando pocos registros de sus hallazgos, aunque hay un proyecto escrito que le encantaría iniciar: un libro sobre su padre.
“A papá lo sueño cada semana”, dice. “Mi viejo era mi amigo. Más que como mi viejo, le necesito como amigo”.
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La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.
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