ACTUALIZA 1-Gobierno de Colombia y Clan del Golfo acuerdan zonas de ubicación temporal para reunir combatientes

(Actualiza con detalles del comunicado)

BOGOTÁ, 5 dic (Reuters) - El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, acordaron establecer tres zonas de ubicación temporal para agrupar a los combatientes de ese grupo armado ilegal a partir del 1 de marzo, como parte de un proceso de paz, informaron el viernes las partes.

El acuerdo se suscribió en Doha, Catar, en donde representantes del Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo mantienen diálogos de paz como parte de los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para poner fin a un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

"Esta mañana, desde Doha (Catar), las partes anunciaron una serie de compromisos para la construcción de paz con las comunidades en los territorios donde tiene presencia el grupo armado, como parte de lo establecido en el Espacio de Conversación Sociojurídico", indicó un comunicado.

"Uno de los aspectos más significativos del acuerdo alcanzado en Doha tiene que ver con la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba). Se trata de una ubicación progresiva de combatiente del EGC a partir del próximo primero de marzo", agregó.

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, cuenta con más de 7.000 combatientes y está acusado de participar en actividades de narcotráfico y minería ilegal.

La ubicación de los miembros del grupo criminal implicará la “suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición”, precisó el documento, que además señaló que una misión de la OEA supervisará los compromisos.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, lanzó desde el inicio de su mandato, en agosto del 2022, una ambiciosa política de paz para silenciar los fusiles y sacar de la guerra a más de 20.000 integrantes de grupos armados ilegales, que se financian del narcotráfico y la minería ilegal en zonas montañosas y selváticas del país, aunque sin ningún acuerdo concreto a menos de un año de concluir su mandato.

(Reporte de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra)

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