Cientos de mineros artesanales protestan en Perú contra proceso de formalización

Cientos de mineros artesanales se concentraron este martes frente al Congreso en Lima, para presionar por una prórroga del plazo para formalizar su actividad antes de ser declarados ilegales al finalizar este año.

Con sus cascos azules y blancos, los trabajadores del sector informal de la minería viajaron desde varios puntos de Perú para marchar hasta la sede del legislativo, en el centro de Lima, donde se congregaron con carteles en apoyo a su reclamo.

En Perú -segundo productor latinoamericano de oro y el tercer proveedor mundial de cobre- coexisten tres modalidades de minería: formal, regulada por la ley, la informal en proceso de legalización y la ilegal, que afecta el medioambiente y financia el crimen organizado.

El grupo de los informales se movilizó para presionar al Congreso para que amplíe por cinco años el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vence este año.

"Estamos exigiendo que el proceso de formalización se amplíe por cinco años para que en ese tiempo haya una ley del Congreso que resuelva el problema de la formalización", dijo Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú.

El Reinfo se estableció en 2016 para combatir la minería ilegal, pero en la práctica no ha funcionado porque apenas una minoría de trabajadores mineros se ha inscrito.

Los trabajadores del sector alegan que el Estado fijó normas imposibles de cumplir para los pequeños productores y que favorecen a las grandes firmas.

"Exigimos una ley de minería digna y justa para que todo el mundo acceda a la formalización", agregó Franco.

Si los legisladores no acceden a extender el plazo, los informales "radicalizarán sus protestas", advirtió.

La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que reúne a las mayores mineras del país, indicó en un comunicado que ampliar el Reinfo "representa un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal, hoy convertida en la principal economía ilícita del país".

Al menos unas 300.000 personas viven de la minería no formal en Perú, según estimaciones de la fiscalía ambiental.

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