Con regreso de Trump a la Casa Blanca, Brasil muestra un camino judicial que no siguió EEUU

RÍO DE JANEIRO (AP) — Una nación polarizada. Un populista de derecha que pone en duda el sistema electoral y luego se niega a aceptar su derrota. Un motín de sus partidarios en la capital con el objetivo de que permanezca en el poder.

Esta no es sólo la historia de Donald Trump, sino también la de Jair Bolsonaro en Brasil. Las dos democracias más grandes del hemisferio occidental enfrentaron desafíos similares en 2020 y 2022, respectivamente, pero sus respuestas institucionales han sido marcadamente diferentes.

Brasil actuó rápidamente para declarar a Bolsonaro inelegible para el cargo hasta 2030, una decisión que podría extenderse debido a investigaciones penales aún en curso. No obstante, en Washington, los republicanos en el Senado ayudaron a absolver a Trump en un juicio político que le habría impedido postularse a la presidencia otra vez. Y el proceso legal se desarrolló lentamente cuando los tribunales lidiaban con la novedad de procesar a un expresidente.

Los enfoques distintos hacia Bolsonaro y hacia Trump constituyen un estudio de caso sobre cómo las democracias intentan —a veces con dificultades— exigir cuentas a sus líderes más poderosos. Los ejemplos son seguidos de cerca en un momento de creciente preocupación por la desestabilización de los gobiernos democráticos en todo el mundo.

Recuerdos recientes del autoritarismo

La democracia de Brasil es joven, y emergió de una dictadura militar hace cuatro décadas. El fantasma del autoritarismo, que llevó a millones de personas a ver la nueva película “I’m Still Here”, todavía atormenta a muchos brasileños —aunque Bolsonaro, un abierto defensor del régimen anterior, ganó su primera contienda presidencial con un buen margen.

En contraste, Estados Unidos en 2020 no recordaba el autoritarismo local, lo que “dio lugar a mucha ingenuidad”, según Steven Levitsky, autor de “How Democracies Die” (Cómo mueren las democracias) y director del David Rockefeller Center for Latin American Studies (Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos), de la Universidad de Harvard.

“Parte de la historia, sin lugar a dudas, es que varios actores clave —pienso en los conservadores no trumpistas de la Corte Suprema— nunca pensaron realmente que Trump representaba una amenaza y no actuaron en consecuencia. No actuaron como la corte brasileña”, explicó Levitsky. “Hay miembros de la clase dirigente estadounidense que todavía no pueden imaginar que la democracia pueda desmoronarse”.

La Constitución de Brasil equipó a sus instituciones

Levitsky subrayó que Estados Unidos no cuenta con mecanismos constitucionales efectivos que, para bien o para mal, permitan prohibir la participación de partidos y candidatos considerados una amenaza. La Constitución de Brasil fue escrita tras la dictadura —y en respuesta a ella—, así que proporciona herramientas para prevenir golpes de Estado, detalló la antropóloga Isabela Kalil, coordinadora del Observatorio de Extrema Derecha, un grupo de investigación con sede en el estado de Minas Gerais.

La Constitución otorga a la autoridad electoral la autorización para anular candidaturas o destituir a políticos elegidos para el cargo en situaciones que socaven la legitimidad de las elecciones. La autoridad tiene el poder de hacer cumplir las decisiones en todo el país, a diferencia de Estados Unidos, donde cada estado determina si alguien puede aparecer en su boleta.

Seis meses después que Bolsonaro dejara el cargo, la corte le prohibió postularse nuevamente hasta 2030, tras dictaminar que había abusado de su poder y sembrado dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica.

“Nuestro país ha demostrado tener una democracia robusta, fruto del fervor de los electores que dotaron a las instituciones con el ADN democrático de la Constitución”, dijo el juez Edson Fachin, quien habló la semana pasada en un evento que marcó el aniversario del asalto de los partidarios de Bolsonaro al palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal en la capital, Brasilia.

Kalil señaló que el tribunal electoral mostró moderación y esperó hasta después que Bolsonaro perdiera por poco frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva antes de tomar medidas.

No manejó el caso de Bolsonaro “ni de una manera dramática para interrumpir la elección, ni de una manera para transformar a Bolsonaro en un mártir, sino más bien de una cierta manera para aislar a Bolsonaro lo suficiente, y eso disminuyó las posibilidades de que ganara capital político”, explicó Kalil.

Un sistema de partidos fragmentado

Estados Unidos tiene un sistema construido sobre dos partidos políticos principales, uno de ellos totalmente controlado por Trump, dijo Levitsky. Brazil, en cambio, tiene decenas de partidos con lealtades cambiantes, políticos de derecha que buscan el apoyo de Bolsonaro, pero no dependen de su bendición, y candidatos viables que esperan en la retaguardia.

“Hay un incentivo mucho menor para apoyar a Bolsonaro pase lo que pase”, resaltó Levitsky.

Cuando los resultados de la votación electrónica se dieron a conocer, miembros clave de la clase política de todo el espectro los respaldaron, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, quien en su momento apoyó a Bolsonaro.

“Se paró frente a las Cámaras la noche de las elecciones y dijo que el pueblo había votado y que su voluntad debía ser respetada”, apuntó Brian Winter, veterano observador de Brasil y vicepresidente del Consejo de las Américas, una organización empresarial estadounidense que busca promover el libre comercio y los mercados abiertos en todo el continente, con sede en Nueva York.

“Si (el entonces líder del Senado) Mitch McConnell hubiera hecho algo similar en Estados Unidos, creo que la historia hubiera sido muy diferente”.

Bolsonaro no se da por vencido. Ha insistido en que será candidato presidencial en 2026 y las encuestas muestran que será competitivo si se le permite participar en la contienda. Y sus aliados claman por la ayuda de Trump, a quien Bolsonaro ha reverenciado abiertamente.

“Con Trump, estoy segura de que inicia una nueva era”, dijo el 8 de enero la diputada federal Bia Kicis —acérrima partidaria de Bolsonaro—, quien trabaja para que vuelva al cargo.

Investigación agresiva

Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, nombró a un fiscal especial para supervisar la investigación sobre los esfuerzos de Trump para revertir las elecciones dos años después del hecho —en noviembre de 2022—. El fiscal especial Jack Smith dijo en su informe publicado el martes que cree que su investigación habría resultado en una condena si los votantes no hubieran devuelto a Trump a la Casa Blanca, lo que descarta cualquier procesamiento.

En contraste, a los pocos meses de que terminara la presidencia de Bolsonaro, la policía brasileña comenzó a investigar su papel en el levantamiento del 8 de enero, si malversó joyas regaladas por Arabia Saudí y si falsificó su cartilla de vacunación contra la COVID-19. Las tres investigaciones han resultado en acusaciones formales y la oficina del fiscal general sopesa si acusarlo oficialmente.

Bolsonaro podría ser juzgado por cualquiera de los casos en el Supremo Tribunal Federal antes del próximo año, y una condena ampliará su inelegibilidad para las elecciones durante años —y posiblemente lo llevará a prisión. Él ha negado haber cometido delito alguno y ha acusado al tribunal de excederse en sus funciones para perseguirlo.

A lo largo de los años, Bolsonaro intensificó sus ataques contra el tribunal, y a menudo señaló al juez Alexandre de Moraes, quien preside varias investigaciones dirigidas contra Bolsonaro y muchos de sus aliados. En cierto momento, Bolsonaro declaró que ya no cumplirá con los fallos de De Moraes, lo que empujó a la nación al borde de una crisis institucional. Pero el tribunal se ha mantenido firme.

Ha habido críticas a las investigaciones sobre Bolsonaro por parte de sus partidarios de ultraderecha, pero también cuestionamientos entre algunos juristas y analistas moderados.

“Sería cauteloso respecto a que alguien tome esto como modelo, porque si descalificas a un líder popular, eso también puede terminar por erosionar la democracia”, dijo Winter, del Consejo de las Américas, y señaló las preocupaciones de algunos juristas brasileños que han manifestado preocupaciones sobre la posibilidad de procedimientos poco rigurosos o sesgos en el proceso.

En lo que coinciden las respuestas de las autoridades estadounidenses y las brasileñas es en el procesamiento de los partidarios de base que organizaron los levantamientos. Más de 1.500 personas que participaron en la insurrección del Capitolio del 6 de enero han sido acusadas de delitos federales.

En Brasil, 898 personas han sido declaradas penalmente responsables de los disturbios del 8 de enero —de las cuales 371 han sido condenadas y el resto ha firmado acuerdos de indulgencia—, según un informe del Supremo Tribunal Federal publicado el 7 de enero. Agregó que hay otras 485 investigaciones en curso. Los partidarios de Bolsonaro afirman que son perseguidos por el gobierno de Lula.

“Todos pagarán por los crímenes que cometieron”, dijo el presidente de Brasil al día siguiente.

___

Savarese reportó desde Sao Paulo. Los periodistas de The Associated Press Gabriela Sá Pessoa, en Sao Paulo, y Michael Kunzelman, en Washington, contribuyeron a este despacho.

Qué se sabe. El fallo de Cloudflare: este es el motivo de la caída masiva de Internet

“Acto de nepotismo”. Los Bukele extienden su poder también al fútbol: el hermano del presidente dirigirá la federación de El Salvador

España. Tras días de incertidumbre, Pedro Sánchez comunicó que continuará al frente del gobierno