Cúpula de las FARC recibe primera sentencia por secuestros tras firmar la paz en Colombia
Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por
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LA NACION
Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este martes a ocho años de trabajos y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.
Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz de 2016.
En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.
Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró victimarios a los excomandantes del llamado Secretariado del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.
Las investigaciones "mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país", dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.
El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.
Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.
-"Esclavitud"-
Se espera que la JEP, cuya vigencia se extiende máximo hasta 2037, dicte más sentencias sobre otros crímenes que involucran al Secretariado y a miembros de la fuerza pública imputados por el asesinado de civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.
Políticos y paramilitares que enfrentaron a la guerrilla también han acudido al tribunal para confesar sus delitos y así evitar la prisión.
Como parte del acuerdo que acogió a unos 13.000 combatientes y colaboradores, los rebeldes de las FARC se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas a cambio de participar en política y eludir la cárcel.
Entre los condenados está Rodrigo Londoño (Timochenko), actual presidente del partido Comunes.
También Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, y dos actuales senadores que tienen escaños gracias al acuerdo.
Según la JEP, las FARC sometieron a los secuestrados a "malos tratos y humillaciones" que "desconocían por completo su dignidad humana". Algunos eran obligados a trabajar "gratis" para la guerrilla, lo que el tribunal calificó como "esclavitud".
La cúpula había solicitado, sin éxito, una sola condena para todos sus delitos.
14 años de secuestro
El secuestro es una de las heridas más profundas que causó el conflicto en Colombia. De acuerdo con la JEP, la retención más larga a manos de las FARC duró 14 años.
Uno de los casos más simbólicos fue el de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 junto a su jefa de campaña, Clara Rojas, quien dio a luz a un bebé durante sus más de seis años de cautiverio.
Con esta práctica, la guerrilla demostraba su poder en territorios con escasa presencia del Estado y presionaba a los gobiernos.
Pese al acuerdo de paz, sigue siendo una práctica de los grupos armados que siguen activos en Colombia. Los raptos aumentaron un 82% en lo corrido del año con respecto a 2024, según la policía.
als-das/lv/mr
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