El gobierno británico anuncia importantes recortes en prestaciones por discapacidad

El gobierno laborista británico, ante el lento crecimiento económico y deseoso de sanear las finanzas públicas, anunció el martes reformas en las prestaciones a las personas discapacitadas y enfermas, para ahorrar 5.000 millones de libras (casi 6.500 millones de dólares).

Este paquete de reformas, que ha supuesto voces discordantes dentro del propio laborismo, "debería permitir ahorrar más de 5.000 millones de libras" de aquí a 2029 o 2030, dijo la ministra de Trabajo, Liz Kendall, en su alocución al Parlamento británico.

"El sistema de seguridad social que heredamos de los conservadores no ayuda a la gente que se supone debe apoyar y está frenando el progreso de nuestro país", dijo Kendall, enviada al frente para explicar en el Parlamento los recortes.

La medida más controvertida pretende endurecer los criterios de elegibilidad para la ayuda a las personas con discapacidad o enfermedades de larga duración, el Personal Independence Payment (PIP).

Alrededor de 3,6 millones de personas, algunas de ellas trabajadoras, se benefician de esta ayuda, destinada a cubrir los costes relacionados con su enfermedad, de los cuales un 38% debidos a trastornos psiquiátricos.

El gobierno defiende sus reformas por la necesidad de rediseñar un sistema de seguridad social que es "demasiado caro" y encierra en subsidios a personas que podrían estar trabajando, según la ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

"Existe un argumento tanto moral como económico", dijo un portavoz del primer ministro, Keir Starmer, quien explicó que el número de beneficiarios del PIP se volverá insostenible y que, desde la pandemia, muchos declaran "ansiedad y depresión como mal principal".

"Necesitamos asegurarnos de que el PIP llegue a las personas adecuadas", agregó, haciéndose eco de los comentarios del ministro de Salud, Wes Streeting, de que los médicos "sobrediagnostican" las condiciones de salud mental.

Reino Unido gastó 296.300 millones de libras (384.000 millones de dólares) en ayudas sociales en 2023 y 2024, equivalente al 11% de su PIB, según cálculos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que supervisa el gasto del país.

Clive Lewis, diputado por Norwich del partido en el poder, criticó una reforma "imposible si queremos adherirnos a los valores laboristas por los que la gente eligió a este gobierno".

Por su parte, Rachael Maskell, diputada laborista por York,  advirtió de las "trágicas consecuencias" de estos recortes, que colocarían a las personas discapacitadas "en una pobreza aún mayor".

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