Esfuerzo por retirar fondos a Planned Parenthood afecta a otras clínicas en Maine; ahora demandan

PORTLAND, Maine, EE. UU. (AP) — Un artículo en la ley republicana sobre recortes fiscales destinado a bloquear el flujo de dólares de Medicaid hacia Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos del país, también está afectando a un importante proveedor médico en Maine.

Maine Family Planning presentó una demanda contra la administración Trump el miércoles buscando restaurar los reembolsos.

Acceder a la atención médica en Maine —uno de los estados más pobres del noreste y el más rural— es un desafío en áreas alejadas de los centros de población como Portland y Bangor.

Vanessa Shields-Haas, una enfermera practicante, declaró que las clínicas de la organización han estado atendiendo a todos los pacientes como de costumbre y completando el papeleo de Medicaid para las visitas, pero no lo han presentado porque la disposición aparentemente entró en vigor tan pronto como se firmó la ley.

"Conociendo lo difícil que es acceder a la atención médica en este estado, no permitir que estos miembros de la comunidad accedan a su atención es cruel", expresó Shields-Haas.

Las clínicas de Maine parecen ser las únicas otras incluidas en los recortes

Los legisladores republicanos apuntaron a Planned Parenthood en una parte de lo que el presidente Donald Trump denominó el proyecto "grande y hermoso" que el Congreso aprobó y el presidente firmó a principios de este mes.

Mientras los defensores se centraron en Planned Parenthood, el proyecto de ley no lo mencionó por su nombre. En cambio, cortó los reembolsos para organizaciones que están principalmente involucradas en servicios de planificación familiar —que generalmente incluyen cosas como anticoncepción, aborto y pruebas de embarazo— y que recibieron más de US$800.000 de Medicaid en 2023.

El parlamentario del Senado rechazó un esfuerzo en 2017 para desfinanciar a Planned Parenthood porque estaba redactado para excluir a todos los demás proveedores al prohibir pagos solo a grupos que recibieron más de 350 millones de dólares al año en fondos de Medicaid. La organización sin fines de lucro de Maine afirma en su desafío legal que el umbral se redujo a US$800.000 esta vez para asegurarse de que Planned Parenthood no fuera la única entidad afectada.

Es la única otra organización que ha salido públicamente a decir que su financiación también está en riesgo.

La ley federal ya prohíbe que el dinero de los contribuyentes cubra la mayoría de los abortos. En cambio, el dinero en cuestión involucra otros servicios de salud, como exámenes y pruebas de cáncer, y tratamiento para infecciones de transmisión sexual.

Los defensores de ese aspecto de la ley dicen que los proveedores de abortos usan el dinero de Medicaid para otros servicios para subsidiar las interrupciones de los embarazos.

"Esto nunca ha sido solo sobre Planned Parenthood", indicó Autumn Christensen, vicepresidenta de política pública de Susan B. Anthony Pro-Life America, en un comunicado. "Se trata de cualquier negocio o red de la Gran Industria del Aborto que realiza abortos. Los contribuyentes nunca deberían verse obligados a apoyar una industria que se beneficia de terminar con vidas humanas". La Associated Press ha buscado comentarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que está nombrado en la demanda. Maine Family Planning va más allá del aborto Maine Family Planning opera 18 clínicas en todo el estado. En 2024, tuvo alrededor de 7200 pacientes de planificación familiar, incluidos 645 que obtuvieron abortos. Los servicios incluyen pruebas de embarazo, anticoncepción, asesoramiento de planificación familiar, exámenes de mama, exámenes de cáncer y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Algunos de los sitios también ofrecen servicios de atención primaria, donde hay otros 600 pacientes aproximadamente. Hay alrededor de 800 pacientes de atención de afirmación de género y alrededor de 200 que utilizan su clínica móvil incipiente, señaló George Hill, el presidente y CEO de la organización. Hill sostuvo que para alrededor de dos tercios de sus pacientes, Maine Family Planning es el único lugar donde reciben atención médica en un año típico. Aproximadamente la mitad de los pacientes que no buscan abortos están inscritos en Medicaid, y las clínicas han estado recibiendo alrededor de US$1,9 millones al año en reembolsos, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del presupuesto de la organización. "Es un estado donde es difícil conseguir atención médica y ahora estamos enfrentando esto", manifestó Hill. En su demanda, el grupo dice que tiene suficientes reservas para seguir atendiendo a los pacientes cubiertos por Medicaid sin reembolso solo hasta octubre. Encontrar atención médica puede ser una lucha en este estado rural Maine Family Planning dice que si tuviera que rechazar a los pacientes, sería más complicado para ellos que simplemente encontrar otro proveedor. No hay suficientes en las áreas rurales, señala el grupo, y muchos no aceptan Medicaid. Una paciente, Ashley Smith, afirmó que comenzó a ir a Maine Family Planning hace unos cinco años cuando no pudo encontrar otra atención médica que pudiera pagar. Aunque no está inscrita en Medicaid, teme que las clínicas puedan cerrarse debido a los recortes. "Estoy tan preocupada de que si mi clínica cierra, no sé qué haré o si podré ver a otro proveedor", manifestó Smith. Maine Family Planning también apoya la atención en más de 40 otras instalaciones de atención médica. Aparte de las ubicaciones de Planned Parenthood que reciben dinero de Maine Family Planning, esos otros proveedores no están en riesgo de perder sus reembolsos de Medicaid.

Pero, dijo Hill, la pérdida de fondos de Medicaid para Maine Family Planning significaría que el grupo tendría menos para enviar a los socios.

Las clínicas de Maine dicen que la ley viola su derecho a la protección igualitaria

El Center for Reproductive Rights, que representa a Maine Family Planning en el desafío, dice en su presentación legal que la desfinanciación le niega la protección igualitaria bajo la ley porque se le cortaría la financiación, pero a las organizaciones que brindan servicios similares no.

“La administración preferiría desmantelar una red de atención médica que permitir que un paciente obtenga un examen de cáncer en una instalación que también ofrece atención de aborto”, apuntó Meetra Mehdizadeh, abogada del Center for Reproductive Rights, en una entrevista.

Planned Parenthood ya demandó y obtuvo una prórroga de un juez, evitando el corte de sus pagos de Medicaid, al menos hasta el 21 de julio, mientras un tribunal considera ese caso.

Planned Parenthood ha advertido que la ley podría poner en riesgo de cierre a 200 de sus aproximadamente 600 clínicas afiliadas en todo Estados Unidos.

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Mulvihill reportó desde Cherry Hill, Nueva Jersey.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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