Fiscales argentinos en contra de que exmandataria Fernández cumpla condena de cárcel en su domicilio
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LA NACION
BUENOS AIRES (AP) — Dos fiscales federales se pronunciaron el martes en contra del pedido de la expresidenta argentina Cristina Fernández de cumplir la condena a seis años de prisión por corrupción en su domicilio de Buenos Aires, sobre lo cual deberá decidir en las próximas horas el tribunal que le impuso la pena.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron en un dictamen presentado ante el tribunal federal que tendrá la última palabra que “no se configuran razones de salud o razones personales que permitan inferir que el encierro carcelario puede afectar el derecho a un trato digno” para la exmandataria (2007-2015) y líder del peronismo opositor.
Fernández argumentó que debe cumplir la condena por administración fraudulenta en su apartamento por razones de seguridad personal, señalando que fue presidenta “durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida".
También mencionó que fue víctima de un intento de atentado hace casi tres años, cuando desempeñaba la vicepresidencia de Argentina (2019-2023) y ello ameritaría que esté recluida en un lugar de mayor resguardo que en una cárcel común. Asimismo argumentó que el hecho de tener más de 70 años es un atenuante que contempla la ley para recibir ese beneficio.
Pero los fiscales dijeron que "la concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley”.
Asimismo acotaron que en el caso de que el tribunal opte por la prisión domiciliaria, “se cumpla la exigencia legal” de colocarle a Fernández un “dispositivo electrónico de control”.
Además manifestaron sus dudas sobre si el domicilio propuesto por la exmandataria “ofrece las condiciones de seguridad suficientes, teniendo en cuenta la ubicación del edificio” y las decenas de simpatizantes que se han congregado para manifestarle su apoyo desde que la semana pasada la Corte Suprema ratificó su condena.
La resolución de los fiscales no es vinculante, por lo que el tribunal puede decidir lo contrario.
Fernández reside junto a su hija y su nieta menor de edad en un apartamento de un antiguo edificio situado al sur de la capital.
La exmandataria ha dicho que se presentará ante el tribunal que la condenó el miércoles para ser notificada de la sentencia. Pero podría ocurrir que el juzgado se pronuncie antes sobre su decisión de darle la prisión domiciliaria y que no sea necesario que se traslade hasta allí. Entonces, la reclusión se haría efectiva de inmediato en el lugar donde reside.
La dirigente política fue hallada culpable de haber generado pérdidas millonarias al Estado luego de que el tribunal comprobó irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.
Las obras viales fueron sistemáticamente adjudicadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez.
La sentencia condenatoria a Fernández de 2022 fue ratificada dos años después por la principal cámara penal y la semana pasada por el más alto tribunal.
Fernández dice ser víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político.
Una de las consecuencias de la condena es que la dirigente peronista no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, tal como había anticipado, porque la pena incluye —además de la prisión— la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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