Jueces de la CPI rechazan liberar a expresidente filipino por riesgo de fuga
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LA NACION
LA HAYA, Holanda (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional rechazaron el viernes una solicitud del expresidente filipino Rodrigo Duterte para ser liberado de la detención, al considerar que probablemente se negaría a regresar para el juicio y podría usar su libertad para intimidar a testigos.
Los fiscales de la CPI acusan a Duterte de crímenes de lesa humanidad por las mortales campañas antidrogas que supervisó mientras estaba en el cargo, primero como alcalde de una ciudad del sur y luego como presidente.
El equipo legal de Duterte solicitó a un panel de jueces de instrucción que liberaran al octogenario, argumentando que su salud era frágil y que su condición estaba deteriorándose en la unidad de detención de la corte.
Un panel de jueces de instrucción rechazó la solicitud, escribiendo en una decisión de 23 páginas que, como expresidente, Duterte "parece tener los contactos políticos necesarios" para "ayudarlo a fugarse".
La decisión también señala la posibilidad de que Duterte pudiera usar su libertad para interferir con el proceso legal. Si es liberado, escribieron los jueces, existe la posibilidad de que "represente una amenaza para los (potenciales) testigos, ya sea directamente o indirectamente a través de sus seguidores".
El abogado de Duterte, Nick Kaufman, dijo a The Associated Press que la decisión era "errónea" y criticó mantener "a un hombre de 80 años debilitado y con deterioro cognitivo" en detención.
El mes pasado, los jueces pospusieron una audiencia hasta que se pudiera realizar una evaluación médica completa.
Según los documentos de la defensa, las "facultades cognitivas" de Duterte han disminuido a un nivel que le impide asistir a sus abogados.
Grupos de derechos humanos y familias de víctimas celebraron el arresto de Duterte en marzo, y el fiscal de la corte, Karim Khan, lo calificó como "un paso crucial en nuestro trabajo continuo para garantizar justicia para las víctimas de los crímenes más graves bajo la jurisdicción de la CPI".
Dos organizaciones que apoyan a las familias de los asesinados en la represión de Duterte celebraron la decisión de la corte como "una victoria rotunda para la justicia y la rendición de cuentas".
En una declaración conjunta, SENTRO y la CATW-AP dijeron: "El fallo de la CPI reafirma una verdad simple pero poderosa: nadie, ni siquiera un ex jefe de Estado, está por encima de la ley".
Según un documento presentado el mes pasado, los fiscales de la CPI afirman que Duterte instruyó y autorizó "actos violentos, incluidos asesinatos, para ser cometidos contra presuntos criminales, incluidos presuntos traficantes y consumidores de drogas".
La CPI abrió una investigación en 2021 sobre los asesinatos masivos vinculados a la llamada guerra contra las drogas supervisada por Duterte cuando se desempeñó como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y luego como presidente.
Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían, desde los más de 6000 que la policía nacional ha reportado hasta los 30.000 que afirman los grupos de derechos humanos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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