Jueza federal apoya a Trump en la aplicación de leyes de inmigración en lugares de culto
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LA NACION
WASHINGTON (AP) — Una jueza federal se mostró el viernes a favor del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump al permitir que los agentes de inmigración realicen operaciones de control en lugares de culto, a pesar de una demanda presentada por grupos religiosos sobre la nueva política.
La jueza federal de Distrito en Washington. Dabney Friedrich, se negó a conceder una orden judicial preliminar a los demandantes, más de dos docenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses.
La impartidora de justicia determinó que solo se han llevado a cabo unas cuantas medidas de control de inmigración en o alrededor de iglesias u otros lugares de culto, y que la evidencia no muestra “que los lugares de culto estén siendo señalados como objetivos especiales”.
Los grupos argumentaron que la política violaba el derecho a practicar su religión. Desde que Trump asumió el cargo en enero, la asistencia ha disminuido significativamente, y en algunas áreas se han producido reducciones porcentuales de dos dígitos, dijeron.
Sin embargo, la jueza encontró que los grupos no habían demostrado que sus reducciones estuvieran vinculadas definitiva y específicamente a la política relacionada con las iglesias, en lugar de a acciones más amplias por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) u otras agencias.
“Esa evidencia sugiere que los feligreses se quedan en casa para evitar encontrarse con el ICE en sus propios vecindarios, no porque las iglesias o sinagogas sean lugares de riesgo elevado”, escribió Friedrich, nombrada por el presidente republicano durante su primer mandato.
Eso significa que el simple hecho de revertir la política sobre los lugares de culto no necesariamente haría que los inmigrantes regresaran a la iglesia, determinó.
El 20 de enero, su primer día de regreso en el cargo, el gobierno republicano de Trump rescindió una política del Departamento de Seguridad Nacional que limitaba los sitios en los que podían realizarse arrestos de migrantes. Su nueva política señalaba que los agentes de campo, mediante el “sentido común” y la “discreción”, pueden realizar operaciones de control de inmigración en lugares de culto sin la aprobación de un supervisor.
Los abogados de los demandantes afirmaron que la nueva directiva de Seguridad Nacional se aparta de la política gubernamental, con 30 años de antigüedad, contra la realización de operaciones de control de inmigración en “áreas protegidas” o “lugares sensibles”.
El fallo se produce mientras las medidas de Trump contra la inmigración llegan a los tribunales de todo el país. Tan solo el jueves, otro juez allanó el camino para que el gobierno exija que las personas que están en Estados Unidos sin autorización se registren ante el gobierno, aun cuando la Corte Suprema ordenó a la administración que trabajara para devolver a un hombre deportado por error a El Salvador.
Se han producido al menos dos demandas más sobre la política de áreas sensibles. Un juez con sede en Maryland acordó bloquear las operaciones de aplicación de las leyes migratorias para algunas denominaciones religiosas, entre ellas, los cuáqueros.
Sin embargo, un juez de Colorado se puso del lado del gobierno en otra demanda sobre la reversión de una política similar que limitaba los arrestos de inmigración en escuelas.
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