Juventud quiere obligar por ley a escuchar a los menores de 12 años en los procesos administrativos y judiciales

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Juventud e Infancia presenta este miércoles su propuesta de reforma de la Ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI) con la que quiere establecer la obligación de escuchar a los menores de 12 años en todos los procesos administrativos y judiciales, según han informado fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego. El objetivo es llevar el proyecto a Consejo de Ministros antes de noviembre.

Para ello, es necesario reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil que, actualmente, establece un límite en los 12 años. En concreto, según reza el artículo 770 de la norma, "si el procedimiento fuere contencioso y se estimare necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o de los propios hijos, podrán ser oídos cuando tengan menos de doce años, debiendo ser oídos en todo caso si hubieran alcanzado dicha edad".

Según esta redacción, los menores de esta edad "pueden" ser escuchados pero no es una obligación. De hecho, esta fue una de las reclamaciones de la ministra Sira Rego el pasado mes de julio en relación al caso de Daniel, el hijo de Juana Rivas, que fuera "escuchado" en el ámbito de la Justicia antes de ser entregado a su padre.

En concreto, en la reforma propuesta por Juventud hacen una diferencia entre el ámbito administrativo y el judicial. Así, sugiere que, en el ámbito administrativo, el menor pueda estar acompañado de una persona de su confianza a la hora de ser escuchado y que pueda elegir el sexo de la persona entrevistadora, sobre todo, en los casos de violencia sexual.

Mientras, en el ámbito judicial, el departamento que dirige Sira Rego plantea que el niño testifique solo con los profesionales del ámbito judicial (el juez, el fiscal) para que el testimonio sea lo más limpio posible sin interferencias de los abogados de sus padres y para "evitar el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)".

Además, Juventud propone que todos los menores de edad puedan contar con una defensa letrada siempre que exista cualquier conflicto entre los progenitores, por ejemplo, en casos de guardia, custodia o visitas. De esta forma quieren evitar que la representación de los niños y niñas acabe recayendo en los abogados de sus padres, como ocurrió recientemente en el caso del hijo de Juana Rivas.

Otra novedad que quieren introducir en la reforma es eliminar el límite de edad para la prueba preconstituida, que ahora solo se aplica para los menores de 14 años. De esta forma, se deberá videograbar la declaración de todos los menores de edad. El objetivo, según las mismas fuentes, es "evitar la revictimización".

El departamento que dirige Sira Rego también propone que haya equipos "especializados" en todos los partidos judiciales e incluir la formación para todos los profesionales en contacto con la infancia para que sean capaces de detectar la violencia, articulado a través de un plan director que deberá aprobarse en conferencia sectorial.

Igualmente, Juventud incluye en su reforma una definición de "violencia institucional" en relación a todo acto u omisión de los poderes públicos, entidades colaboradoras públicas o privadas que de forma deliberada o negligente, obstaculicen o impidan el ejercicio de los derechos de los niños; y plantea sanciones administrativas para estos casos. Fuentes del Ministerio puntualizan que quieren dejar claro en la norma que la aplicación del SAP es violencia institucional.

SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD SIN EXCEPCIÓN

Por otro lado, en la reforma se establece la suspensión de la patria potestad en los casos de violencia de género, violencia vicaria o sexual, sin excepciones. Actualmente, ya se recoge esta privación de la patria potestad en el artículo 170 del Código Civil, pero con una salvaguarda: "Los tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación".

Entre otras mejoras, en el texto propuesto por Juventud también se aclara la obligación de utilizar un lenguaje comprensible para el menor en las resoluciones judiciales; se remarca que los hijos de mujeres víctimas de violencia de género son también víctimas directas de esta violencia y se propone extender la figura del coordinador de bienestar --que la ley ya contempla para los colegios-- a los centros de protección de menores.

El objetivo del Ministerio que dirige Rego es llevar esta reforma de la LOPIVI a Consejo de Ministros a lo largo del mes de octubre aunque antes deberán dar su visto bueno otros Ministerios implicados como Justicia, Sanidad, Derechos Sociales o Igualdad, con los que llevan trabajando desde hace meses.

Por el momento, este miércoles por la tarde, la ministra Sira Rego presentará su texto durante un encuentro con el grupo de expertas para la ampliación de la LOPIVI. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia señalan que con esta reforma quieren "reforzar el marco normativo", sobre todo para "evitar la revictimización", y salvar algunas "lagunas estructurales" en el sistema de protección. Además, justifican estas modificaciones ante las "preocupantes" cifras de violencia contra la infancia.

En este sentido, las mismas fuentes han avanzado que el próximo 9 de octubre presentarán los resultados de un estudio de prevalencia de las violencias contra la infancia, que incluye violencia física, psicológica, económica, sexual, digital y en pareja, y que arroja cifras que demuestran la "invisibilización" de las violencias contra la infancia.

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