Parientes de dos venezolanos deportados y recluidos en El Salvador exigen pruebas de vida al Gobierno
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LA NACION
SAN SALVADOR (AP) — Familiares de dos venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador en una prisión para pandilleros de máxima seguridad pidieron el martes al gobierno del presidente Nayib Bukele que les den a conocer su situación jurídica y les permitan verlos a modo de prueba de vida.
Dos mujeres y el presidente de una fundación llegaron de Venezuela el martes con el planteamiento de interceder ante el gobierno salvadoreño por el grupo de venezolanos que fueron enviados al país centroamericano con señalamientos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
Una de las mujeres, Jhoanna Sanguino, es tía de uno de los detenidos, identificado como Widmer Agelvis Sanguino. La otra, Reina Cárdenas, se presentó como una abogada amiga de la familia de otro de los presos, Andy Hernández.
Llegaron acompañadas de Walter Márquez, directivo de la Fundación venezolana El Amparo Internacional y dijeron que estaban en El Salvador en defensa de los 252 venezolanos que fueron deportados entre el 15 de marzo y el 13 de abril por el gobierno estadounidense y que después quedaron encarcelados en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad construida por Bukele para pandilleros.
Estados Unidos alegó que eran miembros de la banda de crimen trasnacional Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Trump a finales de febrero junto a varios cárteles. El Salvador y el gobierno de Trump llegaron a un acuerdo para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos.
Familiares de los migrantes deportados negaron esos señalamientos y exigieron poder tener contacto con los reclusos. La organización Human Rights Watch señaló a Estados Unidos y a El Salvador de cometer detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el caso de los 252 venezolanos.
“Venimos en primer lugar a solicitar un derecho de visita, porque de muchos de ellos se sabe públicamente que Estados Unidos los trajo a El Salvador, pero no hay una fe de vida, no se conoce esa realidad”, declaró Márquez a periodistas.
Agregó también que quieren conocer el estado de salud de sus compatriotas, además de su situación legal jurídica: saber “si hay expedientes o no, porque hasta donde sabemos, en El Salvador no hay expedientes que los vinculan a un hecho delictivo, ni criminal”.
Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no han divulgado la lista oficial de las personas deportadas y recluidas en El Salvador.
Sólo se conocen los nombres de 30 ciudadanos venezolanos que son
representados por un grupo de abogados
que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de hábeas corpus alegando que no tienen vínculos con grupos criminales, sin que hayan recibido aún respuesta.
La petición de hábeas corpus tiene como objeto supervisar el derecho a la libertad y la integridad de las personas detenidas; es un proceso que busca verificar si la detención está justificada legalmente.
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