Puerto Rico demanda a Luma para cancelar contrato en medio de apagones crónicos y aumento de tarifas
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LA NACION
SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El gobierno de Puerto Rico demandó a Luma Energy, en la primera medida legal para cancelar su multimillonario contrato con la empresa privada de energía, mientras que el territorio, perteneciente a Estados Unidos, enfrenta apagones crónicos, aumentos en las facturas de electricidad y la lenta reconstrucción de una red devastada por el huracán María en 2017.
La demanda, anunciada el jueves por la noche, se produce más de cinco años después de que el gobierno otorgara un contrato a Luma, un consorcio compuesto por Atco, con sede en Calgary, Alberta, y Quanta Services Inc. de Houston. La empresa, que asumió la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico en junio de 2021, heredó una infraestructura en ruinas tras décadas de negligencia y mala gestión bajo la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que lucha por reestructurar más de 9.000 millones de dólares en deuda.
“Sin embargo, los datos demuestran que, pese a las expectativas y las representaciones del operador, el sistema eléctrico no ha mejorado con la celeridad, consistencia ni efectividad que Puerto Rico merece y que LUMA prometió y que nos mintió”, afirmó la gobernadora Jenniffer González.
Los apagones continuos, que también se han atribuido a Genera PR, una empresa privada que supervisa la generación de energía en la isla, han ahuyentado a los posibles inversores. Han perturbado repetidamente la vida en el territorio, obligando a pequeños negocios a cerrar y a las personas con condiciones de salud que requieren energía a buscar fuentes alternativas si no pueden permitirse contar con generadores.
“Esto es inaceptable”
González señaló que Luma tiene a su disposición casi 11.000 millones de dólares en fondos federales para reconstruir la red, pero que solo ha podido recuperar unos 550 millones en reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés). La agencia ha liberado fondos para ayudar al territorio a reconstruir y fortalecer su red.
“Esto es inaceptable”, dijo González. “Ellos le vendieron al pueblo de Puerto Rico que eran unos expertos manejando temas federales, que eran los expertos trabajando en reembolsos y eso no fue verdad”.
La gobernadora, elegida en noviembre pasado, prometió expulsar a Luma si ganaba. También nombró a un llamado “zar de la energía” para comenzar a revisar el contrato de la empresa, con el objetivo de terminar el acuerdo.
El gobierno ha dicho que está en conversaciones con empresas de energía no identificadas en territorio estadounidense y ha prometido una transición suave si el contrato finalmente se cancela.
El gobierno de Puerto Rico tiene dos acuerdos principales con Luma: uno para operación y mantenimiento, y un acuerdo suplementario que fue necesario porque la compañía eléctrica de la isla aún no inicia un proceso de reestructuración de deuda.
Ambos acuerdos expirarían en noviembre de 2022, lo que llevó al gobierno a ampliar el acuerdo suplementario mediante una carta de extensión.
Según González, esa carta otorgó a LUMA un control indefinido sin límite de tiempo sobre la operación del sistema de transmisión y distribución.
Afirmó que la extensión se otorgó en violación de la ley y los principios de una administración pública sana, y que vinculó a Puerto Rico a un contrato perpetuo, sin métricas de rendimiento exigibles y sin un mecanismo adecuado de rendición de cuentas para un servicio esencial como la electricidad.
Las facturas de electricidad podrían aumentar
Desde que se le otorgó el contrato, Luma ha recibido casi 5.000 millones de dólares, dijo González.
La empresa dijo en un comunicado que ya analiza sus opciones legales, “manteniéndonos firmes en nuestro compromiso con la transformación energética de Puerto Rico”.
La empresa afirmó que ha despejado vegetación, reemplazado postes eléctricos, instalado nuevos transformadores e interruptores, dado mantenimiento a subestaciones, reemplazado líneas de transmisión dañadas e invertido más de 2.400 millones de dólares en proyectos financiados federalmente.
“Estamos orgullosos del progreso medible que hemos logrado, pero aún queda mucho por hacer”, dijo la empresa, y agregó que, en su opinión, la demanda tiene motivaciones políticas.
La demanda fue presentada mientras la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico lleva a cabo audiencias clave sobre las solicitudes de aumento de tarifas de Luma y Genera PR.
Si se aprueban las solicitudes, la factura residencial promedio en el territorio podría aumentar al menos un 40% en una isla con una alta tasa de pobreza y un creciente costo de vida.
Los puertorriqueños se muestran indignados por los continuos aumentos en sus facturas de electricidad y señalan que el servicio es poco confiable, con grandes apagones que afectaron a la isla en la víspera de Año Nuevo del año pasado y durante la Semana Santa de este.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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