Surgen índices alternativos de inflación en medio del llamado oficial a moderar los reclamos salariales

Luego de la decisión del Gobierno de no actualizar el índice de precios al consumidor (IPC), lo que derivó en el portazo del exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) Marco Lavagna, tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) preparan mediciones propias de inflación en el marco de las negociaciones paritarias. En tanto, varias consultoras —que asesoran a empresas privadas— decidieron sumar al análisis del dato oficial sobre precios su propio cálculo en base a la nueva metodología que la gestión libertaria frenó.

La proliferación de termómetros alternativos, un fenómeno que también surgió luego de la intervención de Guillermo Moreno en el Indec, en enero de 2007, da sus primeros pasos en el marco de la desconfianza que se instaló entre algunos actores económicos de cara a las negociaciones paritarias en las que el Gobierno pide “moderación” sin todavía proponer un techo específico para los aumentos salariales. Vale recordar que el Indec informó que los salarios registrados perdieron en 2025 con la inflación. En el sector privado registrado cayeron 2,1% real; en el público, 8,6%, según Iaraf, en base a los datos que el organismo dio a conocer el jueves pasado.

“Estamos pidiendo moderación para seguir la baja inflacionaria y dar margen entre el salario de convenio y el salario real más alto con mantenimiento de fuentes de trabajo”, contaron a LA NACION en el Gobierno.

Dos de los tres secretarios generales de la CGT confirmaron a este medio que trabajan en un acuerdo marco con universidades nacionales, entre ellas, la UBA, para tener un índice de precios propio. La idea se venía trabajando, precisaron, pero “se disparó” en la mesa directiva de la organización sindical luego de la renuncia del director del Indec. Estaría listo antes de que termine este semestre, dijeron. ATE, por caso, analiza reemplazar el IPC del Indec con un Índice de Consumo de los Trabajadores (ICT) para encarar las discusiones paritarias. LA NACION consultó también a Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), pero no tuvo respuesta del gremio.

“Los bonos que ajustan por inflación fueron la semana pasada uno de los pocos activos financieros a nivel mundial que subieron de precio, a contramano de una semana negra en los mercados mundiales. Esto confirma que a los tomadores de decisión les pareció bien haber continuado con el índice actual”, estimó en estos días el ministro de Economía, Luis Caputo, dando a entender que el mercado no reaccionó a la renuncia de Lavagna tras varios años de gestión.

Sin embargo, en la semana que se conoció que el IPC “viejo” (no actualizado en base a la encuesta de gastos de 2017-2018 del Indec) marcó un 2,9%, uno de los que decidió hacer un cálculo alternativo de cuánto habría dado la inflación con el IPC “nuevo” fue el JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo y donde Caputo trabajó como jefe de Trading para América Latina.

La entidad que dirige Jamie Dimon recordó los argumentos oficiales para no actualizar el índice, calculó que —con la nueva metodología— hubiera dado 2,8% y estimó que el impacto anual de la nueva ponderación no aplicada por el Indec —con mayor peso de servicios públicos— rondaría 1,5 puntos porcentuales.

JP Morgan no fue el único actor privado que decidió hacer el ejercicio de medir con la nueva metodología, algo que podrían empezar a repetir mes a mes. Algunas consultoras como Empiria, Analytica, Equilibra, EcoGo, Iaraf, LCG, Romano, Econviews y Qualy, entre otras, y el econometrista de la Universidad Di Tella Martín González Rozada, también publicaron sus cálculos alternativos al que difundió el Indec. El hombre de la Di Tella dio un paso más allá y aplicó la nueva metodología para estimar lo que habría sido la pobreza en el tercer trimestre del año pasado: 6 puntos más alta. A la mayoría de las consultoras económicas les dio un número más bajo que al Indec para la inflación de enero, tal como había anticipado públicamente Caputo. Sin embargo, una vez que el oficialismo arranque con las actualizaciones tarifarias por encima de la inflación —en rigor, se comenzó en febrero—, esa curva puede invertirse.

Por ahora, el golpe a la credibilidad es leve. “¿Los clientes están pidiendo ver los dos índices?“, preguntó LA NACION a un economista de primera línea. “No. Ya les dije que no hay grandes diferencias. De ocurrir, veremos. Yo sí lo voy a hacer para verlo”, afirmó un economista que suele ser apuntado oficialmente.

Todavía en medio del furor por la reforma laboral, en la CGT contaron que trabajan en un índice alternativo de precios. “Estamos construyendo acuerdos y convenios con distintas universidades para tener nuestro índice de inflación propio”, aseguró a este medio Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la central. “El impacto que tiene este índice del Indec [por el ‘viejo’] no es la realidad”, dijo.

Detalló luego que se trabaja con la UBA y con otros profesionales en ese proceso. “Es parte de la salida de Lavgana; el índice no refleja la realidad”, sentenció, y recordó el “Índice Congreso” de Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger durante los gobiernos kirchneristas.

Jorge Sola, otro de los líderes de la CGT, recordó a LA NACION que ya habían elaborado un indicador paralelo al que medía Moreno, y precisó que se trabaja en un “observatorio” que, además de un IPC, sumará otros números también vinculados a la economía del trabajo. “Queremos una mirada académica, sin pinceladas ideológicas”, dijo, y ratificó que los acuerdos marco con universidades ya estarían avanzados, por lo que los datos propios podrían comenzar a publicarse una vez terminado este semestre. “La idea se aceleró por la poca credibilidad que deja la renuncia de Lavagna”, agregó Sola.

“La salida de Lavagna deja expuesto al Gobierno en su intención de intervenir y meter mano en el Indec, afectando su transparencia y autonomía. Es un fuerte golpe a la confianza de este organismo”, dijo Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

“Haber frenado la implementación de la nueva metodología se transforma en una maniobra que pretende disimular públicamente lo que no se puede ocultar en cada uno de los hogares, que es un deterioro grave del poder adquisitivo de los ingresos”, aseguró Aguiar, acérrimo crítico de Milei, y anticipó: “Venimos conversando con las demás organizaciones que integran el Frente de Sindicatos Unidos que hemos conformado y no descartamos comenzar a trabajar en nuestro propio índice, en reemplazar el IPC por el Índice de Consumo de los Trabajadores y que esos datos guíen nuestras discusiones paritarias”.

A comienzos de este mes, Lavagna pegó el portazo en el Indec luego de que Caputo y el presidente Javier Milei, le ratificaran que el índice de precios actualizado –donde los valores de los servicios tienen un impacto mayor al actual– no vería la luz. Las charlas habían comenzado unos 15 días antes. Lavagna se negó a volver a postergar la salida del IPC, que había sido anunciado formalmente por el Indec en octubre pasado y que ya había sido dilatado por las elecciones de ese mes. Asumió quien, hasta el momento, era director técnico, Pedro Lines, que quería irse del organismo por los bajos sueldos. El nuevo IPC estaba listo desde fines de 2023, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI), que asesoró y financió al Indec, pidió que hubiera un año de base para la publicación. El indicador se atrasó luego por temas logísticos que tienen que ver con el relevamiento de precios —se incluyeron las tablets como dispositivos— y luego, como se mencionó, por las elecciones de medio término del año pasado.

“Miente, FALSO. El Gobierno no se comprometió a cambiar la forma de cómo mide el Indec. Si @JMilei [Javier Milei] hacía eso, vos hoy dirías que lo hizo para dibujar los números. Cambiar el método de medición antes de llegar a 0 es metodológicamente INCORRECTO”, escribió en X la diputada Lilia Lemoine, escudera del Presidente. Vale aclarar primero que el Indec es un organismo que depende del Ministerio de Economía. Pero, además, en el presupuesto para este año que se presentó el 15 de septiembre, que elaboró Caputo y presentó Milei, y que se aprobó en el Congreso, se incluía este apartado: “Incorporar en el marco de estadísticas de precios el proyecto Nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), la actualización Índice de Salarios (IS) y la Actualización sistema del índice de Precios de la Construcción (ICC) fase 2″.

Como si fuera poco, el Banco Central (BCRA) adelantó el impacto de la salida del nuevo índice, que daba por hecho, en su informe monetario.

La entidad que dirige Santiago Bausili, que está a cargo de frenar la inflación, escribió que el proceso de desinflación enfrenta, en el primer trimestre, “riesgos de carácter estacionales y transitorios” e incertidumbre, debido al cambio en la composición de la canasta del IPC que estaba implementando el Indec.

La decisión oficial no sólo generó un revuelo en el organismo —malestar entre técnicos y el inicio de protestas—, sino por lo menos tres denuncias judiciales. La última, del kirchnerismo, autor material de la falsificación estadística más larga de la historia y el desmantelamiento institucional del Indec bajo el aval de Néstor y Cristina Kirchner. Fue una intervención que se terminó con la llegada de Jorge Todesca en 2015 al organismo y que continuó con el trabajo de Lavagna.

El debate seguirá abierto. Para algunos, la polémica por lo sucedido en el organismo público se diluirá lentamente. Otros creen que no sólo se afectó la confianza que había reconstruido el organismo, sino la credibilidad del track record —“lo que prometimos, cumplimos”— del equipo económico, que siempre estuvo al tanto del cambio que se venía en el Indec y que lo selló en el presupuesto que mandó al Congreso. El debate continuará en el marco de las paritarias, justo cuando la inflación viene de cinco meses consecutivos de aceleración y promete seguir bajo presión por los aumentos de tarifas de los servicios.

Por Francisco Jueguen

• Comunidad de Negocios

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