¿Quién prende fuego a la Amazonía?

Juan Rojo es un viejo conocido de grandes terratenientes y pequeños ganaderos de la Amazonía brasileña. Es un amigo que les limpia el pasto, pero también un enemigo que destruye su tierra y los bosques, amenaza el futuro de su negocio y el de la mayor selva tropical del planeta.

Juan Rojo es su nombre en la jerga local. Fuera se le conoce como el fuego.

La práctica está tan anclada en el modelo económico de la ganadería en la región que para muchos es muy difícil desistir, como constató la AFP al adentrarse en el municipio de Sao Félix do Xingú, tierra de vaqueros en el norte de Brasil.

Las llamas arrasaron en 2024 casi 18 millones de hectáreas de la Amazonía brasileña, atizadas por una inédita sequía vinculada al cambio climático.

Esto frenó la caída de la deforestación, que el gobierno de Lula prometió erradicar para 2030. En los últimos 12 meses hasta julio, se redujo 11% frente a 30% en el periodo anterior, según los últimos datos oficiales de octubre.

Por primera vez ardió más bosque tropical que pasto.

Pero la mayoría de los incendios partió de tierras ganaderas y se propagó a través de la vegetación seca.

Los ganaderos de Sao Félix lo vivieron de primera mano: el municipio registró el mayor número de focos de Brasil, más de 7.000.

"El fuego es una forma barata de mantener el pasto. La mano de obra es cara, el pesticida es caro. Aquí no tenemos ningún financiamiento público", explica bajo su sombrero de tela Antonio Carlos Batista, propietario de un rebaño de 900 cabezas.

Al realizarse en periodo seco, gasolina y una cerilla bastan.

Cuando alguien va a prender fuego, dice "¡Voy a contratar a Juan Rojo!", afirma Batista, de 62 años.

En la Amazonía, hoy "el gran desafío es la deforestación por incendios", dice a la AFP la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva.

Para invertir la tendencia son necesarios más bomberos, más sanciones y sobre todo un cambio de cultura, explican quienes conocen el tema en Amazonía y Brasilia.

Tierra de vaqueros

Sao Félix se halla en el estado de Pará, en cuya capital, Belém, se celebrará la próxima semana la COP30 de la ONU, la mayor reunión sobre cambio climático del mundo, y la primera en la Amazonía.

Del tamaño casi de Portugal y con solo 65.000 habitantes, este municipio posee el mayor rebaño bovino de Brasil, con 2,5 millones de cabezas, en parte para exportación.

Genera también el mayor número de emisiones de CO2 debido a la deforestación.

En 2019, tuvo un papel protagónico en el llamado "Día del fuego", cuando terratenientes provocaron una ola de incendios de manera deliberada para apoyar las políticas climatoescépticas del entonces presidente Jair Bolsonaro, lo cual desató indignación internacional.

Sao Félix es tierra de vaqueros y haciendas, de grandes extensiones deforestadas que pueden seguirse por kilómetros a través de polvorientas carreteras.

Las principales propiedades tienen sus sedes directivas en lejanas ciudades como Sao Paulo.

Muchas se hacen discretas con apenas una cerca de madera, a veces sin un rótulo que las identifique.

Es el caso de la hacienda Bom Jardim, con 12.000 cabezas.

Recostado en una silla bajo el porche del establo, sombrero negro y gran hebilla plateada en la cintura, el capataz Gleyson Carvalho admite que usar fuego en la hacienda es cada vez más peligroso.

"Por un lado es bueno" porque permite renovar el suelo y que el pasto sea más nutritivo.

"Por otro, malo". El año pasado, "lo devoró todo: faltó comida, el ganado adelgazó. Debimos batallar mucho para evitar que ningún animal muriera", recuerda el joven capataz.

Según datos satelitales de la red de monitoreo Mapbiomas analizados por la AFP, más de dos tercios de la hacienda ardieron. El fuego vino de fuera, asegura Carvalho.

La propiedad pertenece al exalcalde de Sao Félix Joao Cléber, multado reiteradamente por deforestación y otros delitos medioambientales.

Situada a orillas del río Xingú, linda con una aldea indígena kayapó, cuyas familias sufrieron las nubes de humo tóxico de los incendios.

"Hubo días en que no se podía ni respirar (...). Durante la noche era difícil dormir porque las sábanas, la cama, todo olía a humo", recuerda Maria de Fatima Barbosa, profesora en la escuela.

Según un informe de Greenpeace de 2021, la hacienda vendía indirectamente ganado a los grandes frigoríficos brasileños Frigol y JBS, que a su vez exportan al extranjero parte de su carne, especialmente a China en el primer caso.

Impunidad

Al sobrevolar Sao Félix en periodo seco, es posible ver nubes de humo sobre rectángulos negros de pasto quemado.

"Es muy triste porque uno llega a una región donde es todo verde y viene el fuego y lo destruye todo", explica Jose Juliao do Nascimento, un pequeño ganadero de 64 años, en el barrio rural de Casa de Tabua, al norte de Bom Jardim.

Llegó a la Amazonía desde el sur, como muchos compatriotas a partir de la década de 1960-1970, alentados por el régimen militar a derribar el bosque para explotar la tierra y enriquecerse.

"Una tierra sin hombres para hombres sin tierra", rezaba el eslogan de la época.

El año pasado el fuego descontrolado llegó hasta su pastizal, así como las vacas despavoridas de otras propiedades que recorrieron kilómetros en busca de comida.

El frondoso bosque visible desde su casita de madera se calcinó.

Aunque el estado de Pará prohibió completamente los incendios de manutención del pasto para evitar una catástrofe mayor, Nascimento admite que es fácil zafarse.

"Todo el mundo tiene WhatsApp, teléfono. Cuando aparece un auto de policía o (del órgano de control medioambiental) Ibama, se avisa. Así, la persona, aunque esté trabajando con un tractor, puede esconder la máquina y huir".

En la región, es difícil cruzarse con representantes de los poderes públicos.

Los funcionarios, llamados a poner multas o embargar tierras, reciben "amenazas", dice a la AFP el presidente de Ibama, Rodrigo Agostinho.

¿La ley del más fuerte?

De su lado, los pequeños ganaderos se dicen atacados y denuncian una diferencia de trato con las grandes corporaciones.

"Aquí no tenemos derecho a nada", deplora Dalmi Pereira, un pequeño productor de 51 años, vecino de Casa de Tabua.

"Cuando viene la policía, uno tiene que esconderse". "Nos tratan de criminales de la Amazonía, responsables de los incendios, de la deforestación, pero nadie nos ayuda".

Frente a ellos: Agro SB, un gigante agropecuario en la región.

La empresa compró la tierra en 2008 para instalar su complejo Lagoa do Triunfo, una hacienda del tamaño de una gran ciudad.

La propiedad, con seis multas medioambientales y ninguna pagada hasta ahora, registró más de 300 fuegos en 2024, según datos oficiales analizados por la AFP.

Ese mismo año recibió el sello "Más integridad verde" del ministerio de Agricultura y Pecuaria por "sus prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental".

"El tratamiento para Santa Barbara (Agro SB) es muy diferenciado. Ellos entran directo" en cualquier gobierno. "Nosotros nos quedamos en la puerta", se exaspera Pereira.

Los ganaderos mantienen un pulso con la empresa por la tierra.

Instalados a principios de los 2000, los primeros reclaman su derecho de propiedad por usucapión (derecho a poseer la tierra tras su uso durante un lapso temporal).

Ellos son "invasores", asegura en un correo electrónico enviado a la AFP Agro SB, perteneciente al grupo Opportunity.

Este grupo fue fundado por el banquero brasileño Daniel Dantas, condenado y luego absuelto por corrupción en un escándalo en el sector financiero.

La empresa afirma que todos los fuegos registrados en su hacienda "tienen origen en las zonas invadidas" y denuncia a los infractores.

Bomberos y buenas prácticas

En la Amazonía, las comunidades tradicionales y los pequeños productores utilizan el fuego de forma cultural. Pero son "sobre todo las grandes haciendas" que recurren a las llamas tanto para la deforestación como para renovar el pasto, sin olvidar a los mineros ilegales, asegura a la AFP Cristiane Mazzetti, coordinadora de bosques de Greenpeace Brasil.

El alcalde de Sao Félix, Fabrício Batista, destaca también que la mayoría de propiedades rurales no tiene reconocimiento legal.

"Lo primero que debemos hacer es documentar el pueblo", dice a la AFP mientras asiste a una cabalgata de vaqueros.

"Un pueblo con documentos tendrá cuidado con su patrimonio, porque cuando no los tiene a veces comete ilegalidades".

Batista es propietario de una hacienda y fue multado por deforestación en 2014. Recurrió y el monto fue cancelado.

Asegura que Sao Félix necesita más apoyo del gobierno federal para combatir los fuegos.

"Aquí no hay ni una sola brigada de bomberos. Cuando hay un incendio, ¿quién lo apaga? Necesitamos infraestructura", dice.

Para Regino Soares, presidente de la asociación de pequeños productores Agricatu, se trata sobre todo de una cuestión de buenas prácticas, de "concientización".

"Hay que encender el fuego en el momento adecuado, hacer cortafuegos" mediante el retiro de la vegetación seca alrededor del pasto, "avisarse entre vecinos cuando se va a quemar...", enumera este ganadero, de 65 años.

El "suburbio"

La Amazonía atraviesa este año una tregua, puesto que desde enero los incendios suman el menor número desde 1998, cuando iniciaron los registros.

Ane Alencar, directora científica de la oenegé Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía, lo explica por una combinación de factores climáticos y humanos.

"La sequía se mantiene en algunos lugares, pero llovió más espaciado porque nos encontramos en un año neutro, en que la Amazonía no está bajo los efectos de los fenómenos climáticos del Niño ni la Niña".

"También hubo un mayor control de las autoridades y un efecto trauma de algunos productores, que tuvieron más cuidado después de lo ocurrido en 2024", dice esta experta.

Desde el regreso al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva después de cuatro años de permisividad bajo Bolsonaro, el Estado intensifica su vigilancia, dice el presidente de Ibama, Rodrigo Agostinho.

Se movilizó un récord de 4.300 bomberos, 800 vehículos y 11 aeronaves, si bien estos recursos aún lucen insuficientes para proteger un territorio de cinco millones de km2.

Agostinho destaca también la dificultad de castigar a los infractores debido a que la legislación brasileña exige que se identifique la persona que prendió el fósforo.

"Hay que hacer una pericia, buscar una autoría, consultar imágenes satelitales", explica a la AFP, y agrega que Ibama está logrando avances gracias a la inteligencia artificial.

Queda el desafío de cobrar las multas.

Greenpeace mostró en 2024 que cinco años después del "Día del Fuego", la gran mayoría de las sanciones impuestas no había sido abonada.

Durante los dos primeros mandatos de Lula (2003-2010), las políticas de monitoreo y control permitieron una caída del 70% de la deforestación en Amazonía.

"La solución siempre empieza por una buena política pública", dice a la AFP el periodista y cineasta Joao Moreira Salles, autor del libro de investigación sobre la Amazonía "Arrabalde".

Pero advierte de que toda medida pública necesita de apoyo popular.

"Lo más importante no es que lo vea el mundo" durante la COP30, "sino que lo vean los brasileños. Porque ese es el problema, Brasil vive de espaldas a la Amazonía, es su suburbio".

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