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Jubilación activa: la propuesta surgida en España frente a los desafíos previsionales
Un grupo de investigadores sostiene que deberían flexibilizarse las normativas para lograr que más personas sigan trabajando tras cumplir la edad prevista para el retiro
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MADRID.– España se enfrenta a un proceso de envejecimiento de su población de mayor intensidad que la de otros países, con una esperanza de vida más elevada y con una menor tasa de fecundidad de las mujeres en edad fértil. Esta circunstancia atenaza la sostenibilidad del sistema de pensiones, algo que se vería mitigado si se lograra una prolongación efectiva de la vida laboral de las personas.
De esta reflexión parte el trabajo Envejecimiento y jubilación, elaborado por los investigadores del centro de estudios de economía aplicada Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz y Sergi Jiménez-Martín para el proyecto Food for thought: aportaciones al debate sobre políticas públicas, en el que estos economistas proponen “darle la vuelta como a un calcetín a la legislación laboral y de pensiones con el objetivo de dejar de desaprovechar todo el talento sénior que desee seguir trabajando”.
La idea general para esta reforma es que la ley permita completamente cobrar una pensión y seguir trabajando. La propuesta incluye, entre otras cosas, la creación de un nuevo contrato sin costos de indemnización por despido para quienes quieran seguir activos a tiempo completo o parcial en la misma empresa, o en otra, después de cumplir la edad convenida de jubilación y de haber accedido a una pensión.
En opinión de Conde-Ruiz, esta medida sobre el despido no sería “una discriminación” y tendría “encaje”, porque la persona ya tiene su red de seguridad consolidada con la pensión del sistema de la seguridad social. Además, haría que las empresas “no tengan miedo” a que los empleados sénior sigan en plantilla y acumulando antigüedad.
Los mencionados economistas consideran que las actuales modalidades de retiro flexible –la jubilación activa, la jubilación parcial/flexible (antes/después de la edad ordinaria de retiro) y la jubilación compatible con trabajo autónomo– son “excesivamente rígidas. Y creen que eliminando las rigideces hay margen para que todos puedan mejorar: los trabajadores, las empresas y el Estado”, explicó el director de Fedea, Ángel de la Fuente, en la presentación del informe.
Según cifras incluidas en la investigación, hay evidencias que apuntan a que en España la capacidad de trabajo de los ocupados de 60 a 69 años se ha incrementado un 59% en las últimas tres décadas. “Esto quiere decir que los trabajadores mayores están cada vez más formados, tienen más capacidad de trabajo y tienen mejores empleos en general”, dijo Jiménez-Martín. Por eso, los autores del trabajo apuntan a una urgente necesidad de una reforma integral y radical del momento en el que se transita de la actividad a la jubilación, “de forma que no se pase de trabajar 40 horas semanales a 0 de la noche a la mañana”, dice el documento presentado.
También se considera que el proceso de retiro “no debe ser homogéneo para todos, y que debe tener en cuenta cómo de dura o exigente físicamente es la profesión y el estado de salud del trabajador”. Pero, sobre todo, se indica que esta reforma debería ir sobre una idea: “Una vez alcanzada la edad normal de jubilación, el sistema debe permitir, si así lo desea el trabajador, la plena compatibilidad entre la percepción de la pensión y del salario”.
Los expertos creen que, en cuestión de edad, todas las modalidades de jubilación deberían unificarse en una sola desde la primera edad posible de jubilación anticipada (61 o 63). A partir de ahí, el nuevo sistema de jubilación activa debería hacer el cobro previsional compatible con el trabajo. Y la cuantía de la pensión no debería penalizarse “después de la edad normal de jubilación”, como ocurre hoy en la jubilación parcial; pero sí se prevé una penalización dependiente de varios factores, antes de la edad normal de jubilación.
Es más, se apunta que “para evitar cualquier forma de discriminación, la jubilación activa no debería excluir a ningún trabajador, siempre que cuente con un mínimo de años con aportes y con el derecho a alguna forma de jubilación. Así, proponen eliminar la actual obligación de pasar un año por la jubilación demorada (o la inactividad) para acceder a la jubilación activa a todas las edades, e introducir cambios en la prestación parcial, de forma que el trabajador pueda seguir en el mismo trabajo a tiempo parcial con cualquier porcentaje de jornada.
En cuanto al impacto de esta reforma en los aportes y en los pagos de cuotas sociales que hacen las empresas, los investigadores proponen que tanto para la jubilación activa como para la demorada se mantenga el sistema actual, que permite que, una vez completados los requisitos de edad y aportes, el trabajo posterior deje de cotizar o a lo sumo, en el caso de la jubilación activa, cotice a una tasa reducida. Si bien añaden que, aunque se podría optar por mantener dicho sistema, si se flexibilizara plenamente el acceso al trabajo tras empezar a cobrar la pensión, “lo más justo con el conjunto de trabajadores es que la cotización tenga igual tasa para todos”.
Esta última opción le saldría más cara a las empresas, pero los trabajadores seguirían cotizando por la escala general y su pensión se recalcularía una vez finalizada la demora o el período de compatibilización entre pensión y salario, premiando el tiempo y/o las cotizaciones adicionales hechas al sistema. © El País
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