Asbesto en el subte: la justicia porteña ordenó revisar toda la flota de la red

La justicia porteña le exigió al gobierno de la ciudad profundizar el plan que está llevando adelante para descontaminar las formaciones del subte con presencia de asbesto. Lo hizo a través de un fallo de la jueza María Elena Liberatori que ordenó una serie de medidas entre las que se encuentra la toma de muestras de gran parte de la flota que circula por la red y, además, la nómina de todos los trabajadores del subte de los últimos 40 años que podrían estar afectados por la inhalación de polvo de asbesto presente en las fibras de amianto, un peligroso componente que puede causar enfermedades respiratorias.

La magistrada le dio lugar a lo solicitado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en el amparo ambiental promovido para exigir "la desabestización completa y definitiva del subte y premetro". Mientras esto ocurre, más de 600 trabajadores ya pasaron por exhaustivos estudios médicos para determinar si presentaban síntomas respiratorios compatibles con la exposición al asbesto. Al menos 14 de ellos debieron ser licenciados al tener resultados positivos.

Desde Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) adelantaron que apelarán la medida, aunque no dieron mayores precisiones de las razones. Esto ocurre mientras se define el nuevo contrato de licitación, proceso que debería haber estado resuelto antes de fin de año, pero que fue postergado.

Ayer la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, a cargo del Juzgado de Feria N° 2, dispuso que en el plazo de diez días hábiles "se tomen muestras de piezas, materiales o componentes sospechados de asbesto" de las flotas Nagoya (versiones 300, 1200 y 5000), CAF 6000, CNR Almston, Fiat, General Electric, Siemmens, Materfer y hasta los coches Le Brugeoise, los antiguos vagones de madera que circularon durante 100 años en la línea A.

Los Nagoya se utilizan en las línea C y D, los CAF 6000 en la B, los CNR Almston en la A y C, los Fiat en la E, los General Electric en las C, D y E, y los Siemmens en todas las líneas a excepción de la B. En el premetro circulan los vagones Materfer. Hasta el momento el gobierno reconoció la presencia de asbesto en los Mitsubishi y CAF 5000 que fueron comprados al Metro de Madrid, en España, donde estalló el tema luego del fallecimiento de varios trabajadores de la red. Pero los metrodelegados, al mismo tiempo, alertaban sobre la presencia del material en gran parte del material rodante.

El fallo de Liberatori hace lugar a esa demanda de los trabajadores y solicita que la toma de muestras se realice con la misma metodología, cadena de custodia y análisis que con los CAF 5000 y Mitsubishi. En el primer punto del fallo la jueza dispuso "la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto, sean previamente así determinados o con sospechas de serlo".

En España se encendieron las alarmas tras la muerte de tres personas que estuvieron en contacto con piezas del Metro contaminadas con asbesto. Todas padecían asbestosis, un cáncer pulmonar causado por la inhalación de polvo de asbesto presente en las fibras del amianto. En Buenos Aires los estudios médicos arrojaron otro diagnóstico sobre al menos 14 trabajadores: neomoconiosis debida a la exposición al asbesto y a otras fibras materiales. En otras palabras, se trata de placas pleurales, una inflamación sobre la membrana que recubre las paredes de la cavidad torácica y los pulmones.

En relación a esta situación, Liberatori solicitó a Metrovías, la operadora del servicio, y a Sbase que informe sobre el listado de trabajadores "que han desempeñado tareas en el ámbito del subte en el período de 40 años" anteriores a la demanda de los metrodelegados. Esa información debe incluir la hora de ruta de cada uno de ellos (lugares, secciones o funciones desarrolladas, incluidas las actuales).

El fallo judicial pretende que el plan de gestión integral del asbesto para la línea B sea extensivo a toda la flota. El procedimiento avanza en el taller Rancagua al mismo tiempo que una demanda realizada por Sbase y asentada el Juzgado de Primera Instancia 101 de Madrid. En la denuncia se pide que se declaren nulos los contratos de comercialización de equipos realizado en 2011 por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por casi US$20 millones. Además se solicita una indemnización por 15 millones de euros por daños y perjuicios.

Bajo tierra y en un túnel construido especialmente donde se trabaja en atmósfera negativa cuadrillas de operarios retiran los componentes con asbesto para descontaminarlas. Lo hacen bajo estrictas medidas de seguridad para que no se escapen las partículas de amianto presentes en las piezas que manipulan. Los trabajos en cada formación puede tardar un mes y hasta el momento se terminó un tren. Aún quedan 15 formaciones para dejar en óptimas condiciones.