Empieza la causa por presunto encubrimiento contra el sanatorio donde murió Pérez Volpin

En el último día del juicio oral por la muerte de Débora Pérez Volpin, el juez Javier Anzoátegui generó sorpresa al leer su veredicto: más allá de condenar por homicidio culposo al endoscopista Diego Bialolenkier y absolver a la anestesióloga Nélida Puente, pidió que se investigue la eventual comisión de delitos por parte del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde falleció la periodista, y la empresa Galeno. Encontró suficientes indicios de ocultamiento para que otro juzgado los examine.

Así, quedó habilitada la investigación penal contra representantes de la clínica y la empresa de medicina prepaga, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 57, a cargo de María Fabiana Galletti. Podría tener como imputados a directores, médicos, instrumentadoras y personal presente el 6 de febrero de 2018, cuando Pérez Volpin murió en medio de una endoscopía.

La familia de la legisladora está convencida de que el sanatorio encubrió su muerte y que muchas personas colaboraron a ello. Por eso se presentaron como querellantes de esta nueva causa. En la presentación que entregaron a la Justicia, se refieren a un "derrotero de actos tendientes a ocultar la realidad y obstaculizar la investigación judicial".

María Luz Castany, la fiscal que intervino en el juicio oral, también dijo en su alegato final que el encubrimiento quedó acreditado por tres hechos. El primero, que el procesador que entregó la clínica tenía el número de serie limado y no grababa imágenes. La familia sospecha que la clínica entregó a la Justicia un equipo obsoleto, en vez del que realmente se usó en la endoscopía. En su declaración como testigo, la jefa de quirófano se mostró nerviosa cuando la querella la consultó incisivamente al respecto. El juez Anzoátegui dijo: "Es altamente improbable que los equipos señalados por la Trinidad hayan sido los utilizados".

Luego, la fiscal mencionó que los registros cardíacos que la clínica entregó a la Justicia estaban incompletos. Durante el juicio, el técnico Juan Martín Chaves afirmó haber entregado al director médico de la Trinidad un informe completo del monitoreo cardíaco de 60 páginas. Pero a la Justicia solo llegó a partir de la página 37, por lo que los expertos no pudieron analizar los momentos previos a la descompensación. La familia afirma que la anestesióloga no midió el ritmo cardíaco de la paciente.

Por último, Castany consideró llamativo que el director de la clínica le sugirió a la familia de la víctima un médico particular para que realizara la autopsia.

Durante el transcurso del juicio oral también generó suspicacias que el director de Galeno, Eduardo Cavallo, se entrevistó con todos los empleados involucrados en la muerte de Pérez Volpin, algo que la querella considera puede haber sido un intento de silenciarlos.

También resultó llamativa la declaración de la testigo clave de la endoscopía, la instrumentadora Eliana Frías, que presenció todo y recordó poco en su declaración; en su relato de los hechos, dijo "no sé" en no menos de veinticinco oportunidades. Otro foco de dudas generó el médico endoscopista Sebastián Cecchi. Fue quien lavó la caña del endoscopio, que la querella consideró como el "arma" que provocó la muerte; con esa limpieza se habría eliminado prueba de importancia.

Por eso, pide que a los directores de la Trinidad (Roberto Martingano) y de Galeno (Eduardo Cavallo) se los investigue por encubrimiento, falso testimonio y violación del secreto familiar (esto último, por haber divulgado aspectos de la historia clínica no relacionados con la muerte). LA NACION se comunicó con ambas entidades: refirieron que están siguiendo la causa y colaborando con la Justicia, pero no harán declaraciones.