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Salud mental: Controversia por la ley que dispone reconvertir los hospitales psiquiátricos
Exige el cierre de los centros "monovalentes"; los especialistas, en estado de alerta; las autoridades aseguran que no se perjudicará a los pacientes ni se perderán empleos
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LA NACIONNora Bär
Adrián Besuschio es psiquiatra desde hace más de 25 años y trabaja en la Sala 21 del Hospital Borda, donde se internan pacientes con trastornos psiquiátricos crónicos. "Aquí hay personas con grandes dificultades para ser externadas por problemas sociales, familiares y habitacionales -afirma-. Es más fácil cambiarles el médico que la sala de internación; la sala reemplaza el lugar de la madre. Estamos muy preocupados".
Besuschio se refiere a la inminente entrada en vigor de la ley de salud mental sancionada en 2010, que dispone el cierre o "reconversión" de los hospitales psiquiátricos en 2020. La misma inquietud crece entre los profesionales por la desaparición de estos centros de referencia sin que se haya desarrollado una red de dispositivos intermedios que pueda reemplazarlos. Las asociaciones que nuclean a psiquiatras y psicoanalistas hicieron conocer un documento con fuertes críticas.
Desde el gobierno, Luciano Grasso, director nacional de Salud Mental, aclara que la información de que el 1º de enero se cerrarán los hospitales psiquiátricos es errónea. "Esta es una ley reconocida internacionalmente -destaca-. Plantea una perspectiva comunitaria y de atención primaria de la salud, en la que el cuidado debe brindarse de manera integral, interdisciplinaria e intersectorial. En los casos en que se tome la decisión de que todas las estrategias terapéuticas no permiten un tratamiento ambulatorio, la internación deberá ser en un hospital general y por un tiempo lo más breve posible. Pero nunca se tomará una decisión que pueda causar un perjuicio a los pacientes. El hospital monovalente se tiene que transformar hasta su sustitución definitiva. Estamos pensando en abrir más que en cerrar".
Reglamentada en 2013, entre otras disposiciones, la ley nacional de salud mental 26.657 cumple con los postulados del "Consenso de Panamá" y prohíbe abrir centros especializados en problemas mentales, públicos o privados. Según los especialistas, la norma fue redactada respondiendo a realidades ya superadas y sin tener en cuenta la actualización de estos centros de salud.
"La ley plantea un cuento de hadas -destaca Marcelo Cetkovich Bakmas, director del Departamento de Psiquiatría de Ineco-. Hoy no hay 'manicomios', hay hospitales especializados y nada hace pensar que podamos prescindir de ellos. Todos estamos de acuerdo en que las personas tienen que recuperarse en la comunidad, pero la ley ignora que existen trastornos graves. Hay instancias agudas que van a requerir hospitalizaciones que no se pueden hacer en hospitales generales porque el paciente neuropsiquiátrico necesita deambular, puede hacerse daño a sí mismo o a los demás. Si esto se concreta, se va a dar un fenómeno que ya se advierte en otras ciudades: aumentará la cantidad de personas en situación de calle, que no tendrán adónde ir".
Los profesionales también critican que, tanto en la ley como en la resolución, se mencione al psiquiatra casi tangencialmente y se sugiera que es reemplazable por psicólogos, médicos clínicos o agentes comunitarios. El documento que dio a conocer la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) y apoya la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) afirma que la división maniquea que coloca al médico psiquiatra del lado oscuro del encerrador autoritario, y al licenciado en psicología del lado opuesto es falsa. Si bien reconoce que la ley constituye un aporte al imponer de modo taxativo un piso mínimo de derechos para los pacientes con trastornos mentales, y al introducir parcialmente principios y propuestas consagradas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho a la atención y la protección de la salud mental, y jerarquizar la labor del equipo interdisciplinario, también tiene falencias importantes.
"El enemigo no es el hospital monovalente, sino un sistema sanitario vaciado, desfinanciado y exánime -subraya el documento-. Un sistema que no da respuesta a las necesidades reales de la población".
Otro punto de discordia surge en torno del desarrollo de "dispositivos intermedios", como casas de medio camino, hospitales de día o de noche, hogares comunitarios que permitan externar a los pacientes que estén en condiciones. "Esos modelos son aplicables en países donde se les paga un departamento o un hogar, y hay equipos interdisciplinarios que van a ver a las personas una vez por semana, las controlan, les llevan la medicación", afirma Besuschio.
"La ley estipula que hay que destinar un 10%del presupuesto de salud a los trastornos mentales, algo que está muy lejos de concretarse -coincide Claudia Borenstejn, presidenta de APA-. Cerrar hospitales de referencia solo puede explicarse por desconocimiento. Si cualquiera puede atender a un enfermo mental, ¿para qué existe la carrera de psiquiatría?"
Por su parte, Pablo Richly, director del Centro de Salud Cerebral, aunque coincide en que no es necesario mantener los hospitales de especialidad, advierte sobre la falta de dispositivos alternativos. "Mientras las condiciones de seguridad de la internación se cumplan en los hospitales generales, no hay razón de ser para los monovalentes -opina-. El problema está en la disponibilidad de recursos intermedios para dar respuesta a los casos crónicos. Cuando se cierra un monovalente y estos no están, la consecuencia es que esos pacientes van a la calle o a la cárcel. El problema es que esa red no existe. Eso es grave".
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