
Violencia de género
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Hacía casi un mes que Daira Sayavedra, de 16 años, no veía a su madre, Sabrina Gonzáles. La adolescente, su hermano de 18 y su hermana de 14 habían comenzado a vivir en la casa de sus abuelos porque su madre había recibido amenazas de muerte anónimas. La mujer, desesperada, prefirió dejar a sus hijos en un lugar cuidado, mientras que ella aceptó la propuesta de su expareja, José Antonio Castellano, de irse a vivir con él hasta que el peligro pasara.
La mamá de Daira había hecho en su momento la denuncia en una comisaría de la mujer, pero la policía no investigó de quién era ese número desconocido desde donde la amenazaban. Le costó aceptar la propuesta de su expareja, porque ella era quien había decidido cortar el noviazgo después de ocho meses, ya que el hombre era violento. Si la policía hubiera investigado, habría sabido que las amenazas las había enviado él.
El 5 de noviembre de 2014, Daira y sus hermanos recibieron el llamado de la policía para informarles que su madre había sido encontrada muerta en la casa que compartía con Castellano. Ese mismo día, ellos y sus abuelos fueron hasta allí. Daira solo recuerda el momento en que sacaron el cuerpo sin vida y cómo su hermana pequeña, Martina, entraba corriendo al lugar para sacar de allí las pertenencias de su mamá, su ropa, su bolso, sus zapatos, como si pudiera rescatarla de alguna manera de ese escenario desolador de muebles revueltos y sangre.
El asesino se había fugado y así se mantuvo casi 10 años. En ese tiempo, Martina intentó quitarse la vida dos veces y estuvo internada en el Garrahan seis meses por depresión; Nicolás comenzó a consumir drogas para olvidarse de la tristeza. Daira, en cambio, se apoyó en el enojo que sentía ante “la inacción de las autoridades judiciales y de la policía para buscar al femicida”.

“Cuando hay niños, el femicidio y la violencia de género también son formas de violencia y maltrato infantil porque impactan fuertemente en la salud psíquica y social de los chicos que quedan huérfanos. De esto no se habla mucho, porque suelen ser invisibilizados, pero ellos también son víctimas de los femicidios de sus madres”, cuenta a LA NACION Sonia Almada, psicoanalista y fundadora de la organización Aralma, que hace más de 30 años acompaña a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Alamada volcó años de estudio sobre el tema en el libro Huérfanos, atravesados por el femicidio
El año pasado, en la Argentina, 204 hijas e hijos de hasta 17 años quedaron huérfanos tras el asesinato de 228 mujeres en manos de sus parejas. Los datos son de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que contabiliza las causas judiciales de femicidios en el país y elabora el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.
Los chicos no solo sienten tristeza, también sienten enojo y culpa. Todo esto los puede hacer caer en pozos depresivos, dice Almada y suma: “Además, muchas veces transitan un doble duelo cuando el femicida es su papá biológico o una figura a la que le tenían cariño”.
Antes del horror, la madre de Daira era el único sostén económico de la familia. Vivían en una casilla, en el barrio de Laferrere. La mujer trabajaba como empleada de limpieza en una clínica y a sus 36 había terminado la secundaria a través de un programa para adultos y había hecho un curso de plomería. “Quería progresar, estar más calificada para tener un mejor trabajo, era una guerrera”, dice Daira, quien hoy tiene 28 y cuenta su historia a LA NACION.
Tras el femicidio, los abuelos de Daira asumieron la crianza de los tres hermanos. Vivían en Virrey del Pino, él trabajaba en el sindicato de camioneros y ella era cuidadora de adultos mayores. A pesar de que su situación económica no era muy buena, hicieron lo posible para que no les faltara comida, ropa, educación.
“Son chicos que necesitan todo lo que tenían antes y más, porque sus vidas cambiaron para siempre. No son huérfanos de madres que murieron en un accidente, en un asalto, por una enfermedad. Sus madres fueron asesinadas a manos de hombres que decían quererlas a ellas y a ellos”, dice Almada.
En ese nuevo escenario familiar es en donde empiezan a crecer los niños y adolescentes huérfanos por femicidios. En la mayoría de los casos, asumen su crianza tíos, tías, abuelos, abuelas de la familia materna. Esto implica desde tener que ampliar sus ingresos económicos a comenzar a realizar trámites legales como el pedido de tutela en el caso de los menores de edad.
Quienes quedan a su cargo necesitan ese “papel” para tomar decisiones por ellos, quizás continuar o comenzar tratamientos de salud, viajar, inscribirlos en colegios. Las familias de menos ingresos son las más desafiadas, como la de Daira.

Cuatro años después del femicidio de su madre, en 2018, se sancionó y reglamentó la Ley Brisa o Ley RENNYA (27.452), que les otorga hasta los 21 años una reparación económica equivalente a un haber jubilatorio mínimo y una cobertura de salud a los hijos e hijas de víctimas de femicidios. Se requiere que el femicida haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio.
“Mi hermana fue la primera en La Matanza en acceder a ese beneficio. Si bien el femicida no estaba detenido, sí estaba imputado”, explica Daira. Esto sirvió para costear los tratamientos de salud de la niña.
Pero lo que era un beneficio para los chicos hace unos años, hoy “parece un terreno en disputa”, asegura Marcela Morera, una de las cofundadoras de la organización Atravesados por el femicidio, que busca contener y ayudar a las familias víctimas de los femicidios de hijas, nietas, hermanas, madres.
“En los últimos dos años los trámites se hicieron cada vez más engorrosos y hay pocos beneficiarios de la Ley Brisa, a pesar de que los femicidios continúan. No se está dando la asistencia psicológica a los chicos y hacen derivaciones a los hospitales públicos que están colapsados porque no hay turnos y pocos profesionales”, explica Morera.
Por otra parte, indica que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que depende del Ministerio de Capital Humano, está habilitando guardas transitorias a los familiares, cuando deberían tener de inmediato la definitiva.
De hecho, esos cambios o recortes se evidenciaron cuando se pausó la aplicación de la Ley Brisa el año pasado, de acuerdo a un estudio de la organización social Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En el documento consta que según datos publicados por el SENAF, en 2023, el beneficio “se alcanzó a un total 270 niñas/os y adolescentes más los retroactivos”. Así, “durante el primer trimestre de 2023 salieron 70 dictámenes favorables mientras que en el mismo periodo de 2024 se remitieron solo 7 dictámenes favorables”.
Recién en el segundo trimestre de 2024, “se recuperaron niveles similares” a los de años anteriores. Aún están pidiendo información sobre las demoras de este año.
Los adultos que quedan al cuidado de los niños también deben afrontar muchas veces los costos de abogados o presentaciones judiciales en causas que quedan abiertas por años. A las familias con más carencias económicas esto les cuesta más o les es imposible. A la familia de Daira le era imposible, por ejemplo, pagar un abogado que realmente siguiera la causa.
Daira cuenta que su adolescencia quedó marcada por la ausencia de su madre en una circunstancia “de horror” y que a la gran tristeza que sentía, se le sumaba el enojo y la indignación. “No solo veía que no había Justicia para mi mamá, sabía que había mujeres en peligro porque su femicida estaba suelto”, dice.
Cuando cumplió la mayoría de edad, a los 19, se presentó como querellante en la causa. A los seis años del femicidio consiguió que la Justicia ofreciera una recompensa a quien tuviera información sobre el femicida. Luego consiguió la asesoría de una abogada especializada en el tema gracias a unas mujeres que cursaban la escuela de adultos con su madre.
Esas inequidades de acceso a la Justicia que tienen las familias con menos recursos económicos quisieron ser saldadas en 2020, cuando se lanzó el programa Acompañar, destinado a dar asistencia legal y un beneficio económico a las mujeres que pasan por violencia de género o a las familias y a los hijos víctimas de los femicidios.
No obstante, en el proyecto de presupuesto 2026, los recursos dirigidos a ese tipo de políticas de género se recortan un 89% respecto de 2023, asegura Julieta Izcurdia, directora del área jurídica de ELA, organización que junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizó un análisis comparativo de las diferentes partidas.
“No está contemplado en el presupuesto el programa Acompañar, que sí podía mejorarse, pero es un despropósito borrarlo, ya que los femicidios se sostienen en el tiempo, no bajan”, dice Izcurdia.
“Muchas familias sienten que los trámites son cada vez más difíciles. Es como caminar en la oscuridad”, dice Daira, que hoy forma parte de “Atravesados por el femicidio” para ayudar a quienes viven lo que ella vivió.
“El cuidado en Argentina debería ser una política de Estado, no un asunto casi doméstico de ver cómo se arreglan las familias para continuar con las causas, tener la tenencia de los niños, asistirlos en su salud”, explica Almada. Como todas las organizaciones especializadas en el tema, asegura que es necesario un sistema federal de protección integral, con un presupuesto sostenido y políticas interministeriales que garanticen la prevención de los femicidios y el acompañamiento psicológico y social de cada chico en situación de vulnerabilidad.
Al cierre de esta nota, LA NACION no obtuvo respuestas del Ministerio de Capital Humano acerca de si continúa el programa Acompañar y cuál es la situación de las políticas de cuidado a los huérfanos por femicidio.
“Si la policía y la justicia hubiera escuchado a mi mamá y a mi hermano, que es quien presenció el primer intento de femicidio, ella no estaría muerta”, dice con convicción Sacha, quien tiene 20 años y a sus 18, en 2023, perdió a su madre en manos de su padre. Desde ese día a su padre lo llama “progenitor”.
María Isabel Speratti, la mamá de Sacha, había sobrevivido a un primer intento de femicidio en julio de 2021 gracias a que su hijo más pequeño, de 10 años, lo presenció. El niño vio cómo su padre, Gabriel Alejandro Núñez, ahorcaba a su madre, en su hogar del barrio Las Rosas de Cañuelas.

En ese momento, la Justicia determinó que se trató de un caso de “lesiones leves”, no un intento de femicidio, figura que hubiera mantenido a Núñez detenido. “La Justicia no tuvo perspectiva de género, tampoco consideró que nosotros dos, que éramos chicos, podíamos perder a nuestra mamá”, dice Sacha.
María logró interponer una orden perimetral para que Núñez no se acercara a ella. Pero el 16 de marzo de 2023, por la mañana, cuando ella estaba por salir con sus hijos rumbo a la escuela, el hombre la esperó en la puerta de la casa y la mató.
“Mi mamá llegó a alertarnos para que entráramos. Escuchamos los disparos, fue horrible”, dice el joven, que el año pasado se mudó a La Plata para estudiar psiquiatría en la universidad de esa ciudad. Su hermano, hoy de 15, vive con su tía materna Rocío, con quien ambos comenzaron a vivir tras el femicidio.

Núñez está preso y aún no hay fecha de juicio. Sacha dice que tuvo la contención de su tía, pero que no le fue fácil enfrentar que fue su propio padre el victimario. “Nuestras vidas cambiaron para siempre. Mi mamá fue asesinada por mi progenitor y las consecuencias de eso no solo es una gran tristeza. No la tengo en mis días tristes, ni en los buenos. Me encantaría contarle que me va bien en la facu, que soy independiente, que la extraño”, dice.
Cuenta que la vida familiar también cambió para siempre, que pasaban las Fiestas con su familia paterna, pero que todo cambió. “Ya no queremos relacionarnos con ellos, me da pena por mis primitos, porque siempre nos quisimos, pero no encuentro manera de estar con ellos, ver a mis tíos y no sentir un gran dolor”, explica.
En algún momento su progenitor pidió revincularse con Sacha y su hermano. Ellos siempre se negaron.
Explica que está muy atento a las noticias sobre nuevos femicidios, que se indigna cuando escucha que se cuestiona la existencia de la violencia de género, cuando hay quienes dicen que se mata tanto a hombres como a mujeres, que la Justicia no debería castigar estos delitos con penas más estrictas, tal como dijo el Presidente Javier Milei el año pasado, en Davos, desde un discurso oficial.
“Cuando me llegan chistes machistas, yo prefiero frenarlos. Cuando veo cómo unos adolescentes se disfrazan de mujeres violadas y se ríen, me pregunto qué les pasa por el corazón. No tienen que sufrir de cerca un femicidio para entender que eso está mal. Solo tienen que tener conciencia del daño que pueden ocasionar”, dice Sacha.
Daira coincide al hablar de esos discursos. “Cuando se pone en duda la violencia de género o se recortan programas destinados a asistir a las mujeres y los hijos víctimas de femicidios, se invisibiliza aún más a los huérfanos”, dice. También lamenta que nadie los haya escuchado cuando pedían justicia por su madre, o antes, cuando su madre pidió ayuda en esa comisaría para la mujer.
Cuenta que junto a sus hermanos recién comenzaron el duelo el año pasado, cuando el asesino de su madre fue encontrado en el sur del país gracias a unos vecinos de Comodoro Rivadavía que lo denunciaron a las autoridades. El hombre tenía una pareja y un bebé de meses. También sufrían violencia.
El día del juicio sus hermanos no soportaron ver al asesino de su madre y salieron de la sala. El hombre se reía de ellos. Daira juntó fuerzas y se quedó. A los días se aunció la sentencia: cadena perpetua.
“Atravesados por el femicidio” busca ayudar a familiares de todo el país a través de apoyos de asistentes sociales, psicólogos y abogados
