Violencia de género
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Presupuesto 2026: denuncian que continúa el ajuste en políticas de género
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género revela los programas más afectados
10 minutos de lectura'
LA NACIONLucila Marin
El martes 7 de octubre encontraron el cuerpo de Daiana Mendieta, de 22 años, en un aljibe en Entre Ríos. Al día siguiente Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y su hija de 25, Mariana Belén Bustos, aparecieron calcinadas en su domicilio en Bahía Blanca. Horas después encontraron a Solange Edith Johnson, que fue asfixiada delante de su hija de 5 años, en Rosario. El jueves 9 fue hallada sin vida Mónica Viviana Salguero, de 62 años, en su casa de Córdoba. Dos días después, Pablo Laurta mató a su expareja, Luna Giardina (26 años), y a su exsuegra, Mariel Zamudio (54 años), y huyó con su hijo de 5.
Ese mismo día, Ayelén Bordón, de 30 años, fue asesinada en la esquina de Perseverancia y Coronel Melián, en González Catán. En la jornada siguiente empezó la búsqueda de Gabriela Aracá Barrios, de 20, en Chaco: la encontraron a los tres días en un pozo negro. Fueron nueve femicidios en cinco días, uno cada 13 horas. En lo que va del año hubo 178, uno cada 36 horas.
Mientras las organizaciones feministas advierten de la eliminación de políticas públicas de violencia de género, el Gobierno niega el fenómeno. En este contexto, se reiteran episodios que la banalizan: después de las grabaciones con playeros de Shell e YPF que metían a una mujer en una bolsa de consorcio, el boliche Quattro, de San Juan, promocionó su fiesta de Halloween con un video que simula el secuestro de una mujer y se conoció el caso de un estudiante cordobés que se disfrazó de “mujer violada” durante su viaje de egresados.
La postura de La Libertad Avanza se refleja también en el gasto público. El presupuesto para las políticas contra la violencia de género cayó un 89% desde 2023, según datos de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Los textos ya no hablan de violencia de género, por lo que no es posible determinar qué partidas presupuestarias serán utilizadas con ese fin, sino que se aborda como “víctimas de violencia”. Los datos indican, sin embargo, que en la Argentina el 40% de las mujeres son asesinadas por una pareja o expareja mientras que esto es así en el 2% de homicidios de varones, que son mayormente asesinados por desconocidos en la calle.
“Estamos viviendo un recrudecimiento de los femicidios en un contexto en el que el Gobierno sigue deslegitimando y negando la especificidad que tiene la violencia contra las mujeres, que se cobra víctimas todos los días, incumpliendo su obligación legal, tanto local e internacional, de atender esa problemática”, dijo a LA NACION Julieta Izcurdia, directora del área jurídica del ELA.
“No se presentó ningún plan y las principales políticas redujeron sustancialmente sus recursos y la cantidad de personas que se pretende asistir. No está más la partida presupuestaria destinada a estas políticas y, además, se desfinanciaron muchísimo los servicios de asesoramiento y patrocinio gratuito, que ni siquiera aparecen en el presupuesto. Esto tiene que ver con la mirada de negación sobre esta problemática y deja a las mujeres totalmente libradas a su suerte. Si no pueden pagar un abogado o no tienen una red que pueda permitirles salir del círculo de violencia en el que viven, están abandonadas”, describió Izcurdia.
El Programa Acompañar, que busca a través de una prestación económica promover la salida de las mujeres de ambientes hostiles, desapareció del presupuesto. Desde 2025 dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo fue dado de baja. En 2024, su presupuesto se había reducido un 90% en términos reales respecto de 2023 y la cobertura cayó de más de 100.000 personas ese año a 434 en 2024.
Se eliminó también la partida presupuestaria de la Línea 144, principal canal de atención anónimo y gratuito a personas en situación de violencia. Aun cuando no es posible identificar los fondos asignados a ese fin, en el proyecto de presupuesto de 2026 aparece una meta asociada a la Línea 144 en el programa Afianzamiento de la Justicia. Esperan asistir a 60.000 personas, un tercio de las 180.000 asistidas en 2023. En 2024, había perdido dos tercios de su presupuesto y se redujo un 45% su planta de trabajadoras.
“Formalmente no nos están contestando cuál es el estado de la Línea 144, pero informalmente sabemos que se perdió la especificidad en el abordaje de la problemática y ya no atiende solamente a mujeres en situación de violencia por razones de género”, apuntó Izcurdia.
Protección de Víctimas de Violencia es el único ítem que incluye un aumento en 2026. Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto, una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026, el aumento sería del 330% comparado con 2023. Pero está lejos de compensar la reducción presupuestaria del Programa Acompañar y la Línea 144. En términos agregados, estas tres políticas sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 89% en términos reales.
Mientras el proyecto de 2026 propone una partida de casi $40.000 millones para la partida de Protección de Víctimas de Violencia, recuperar el nivel de inversión de 2023 requeriría de otros $320.459 millones.
No es posible estimar qué porcentaje de esta partida será destinado a víctimas de violencia por razones de género porque la formulación de la política plantea un alcance más amplio, haciendo hincapié en “delitos contra la integridad sexual y violencia familiar”. Esto incumple la ley 26.485 que obliga a detallar las partidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres.
Desde diciembre de 2023, además, se dejaron de actualizar las estadísticas del Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (Sicvg), que permitía monitorear las políticas de género. Al cierre de esta nota, voceros del Ministerio de Justicia no contestaron sobre este punto ante la consulta de LA NACION. Compartieron estadísticas del Sistema Nacional de información Criminal. Según estos datos del Ministerio de Seguridad, los homicidios de mujeres bajaron 14,3%. Sin embargo, no se trata de un indicador válido para hablar de violencia de género.
La Justicia registra una causa como femicidio si hay indicios de violencia de género, como antecedentes de abuso o dominación, agresiones previas, ensañamiento o violencia sexual. Esta figura busca identificar la particularidad de esos asesinatos, a diferencia de otras muertes de mujeres a manos de hombres.
Los femicidios no los informa el Ministerio de Seguridad, sino la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Sus informes muestran que se mantienen estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año.
“Un gobierno que asumió diciendo que auditaría prácticamente todas las políticas muestra un retroceso casi sin precedentes en términos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las políticas públicas. Nos niegan información que pedimos a Justicia a través de pedidos de acceso a información pública y, desde que asumió Milei, se dejaron de publicar informes del Ministerio de Economía que hace más de seis años se publicaban y nos permitían monitorear de forma accesible y rápida cómo se estaban gestionando las políticas vinculadas con la reducción de las desigualdades de género”, opinó Izcurdia.
“Lo más preocupante es que no se trata solo de recortes presupuestarios, el riesgo es que estos discursos legitiman y habilitan la violencia. Se trabajó muchos años desde la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y desde el Estado a través de políticas públicas, para fortalecer mecanismos de prevención y protección contra las violencias por motivos de género. Ninguno de estos recortes están basados en evidencia. La realidad está lejos de evidenciar lo que busca instalar los discursos antigénero. No son exageraciones, no son intensidades de militantes feministas, no es agenda woke. En lo que va de octubre, hubo al menos once femicidios en la Argentina”, consideró Agustina Bendersky, coordinadora del área de géneros de Fundar y magíster en género, sociedad y políticas por Flacso.
Y agregó: “No hay estudios serios ni evidencias que muestren que las denuncias falsas por violencia de género sean un problema extendido, pero está lleno de datos de mujeres víctimas de femicidios con denuncias previas contra su agresor. El caso del doble femicidio en Córdoba deja evidencia muy clara en ese sentido. El acusado, Pablo Laurta, promovía a través de la página web Varones Unidos la existencia de falsas denuncias sobre violencia de género. Recibió el saludo de dos figuras muy cercanas al presidente Milei, Nicolás Márquez y Agustín Laje. La víctima había denunciado a su agresor por amenazas, golpes y un intento de ahorcamiento en 2023. ¿Podemos pensar que se trataba de denuncias falsas ahora que sabemos lo que siguió después?“.
Salud sexual
A la vez, la política libertaria cambia la concientización sobre salud y educación sexual, y se centra en la distribución de insumos. No está previsto capacitar docentes ni asesorar a adolescentes, según alerta el informe de la ACIJ y el ELA.
Tras sufrir un desfinanciamiento casi total en 2024, el crédito vigente de 2025 y las proyecciones para 2026 muestran una importante recuperación del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, del Ministerio de Salud. Pero, según al análisis que realizan las organizaciones, hay un cambio de enfoque del programa ya que los fondos se centran en esa actividad y no en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que quedó prácticamente sin financiamiento: en 2026 se ejecutaría menos del 3% de lo invertido en 2023.
El ENIA había logrado sobrevivir a más de un gobierno y en los seis años de su puesta en marcha (2018 a 2024) logró que la tasa de embarazo en chicas de 10 a 19 años bajara entre el 43% y el 49%, según los segmentos de edades.
El cambio también se observa en las metas del programa: se abandona el asesoramiento y la capacitación docente en Educación Sexual Integral (ESI) para centrarse casi exclusivamente en la distribución de métodos anticonceptivos físicos (preservativos, DIU, implantes).
El proyecto de presupuesto 2026 asigna solo $30 millones a las actividades de Educación Sexual Integral (ESI), una política que la administración libertaria cuestiona desde su campaña. Es apenas el 2% de lo ejecutado en 2023. Los indicadores se desplomaron en 2024: la cantidad de docentes capacitados pasó de 65.000 a 900 y la de provincias asistidas, de 24 a 6. En 2025 se reporta que no se planifica capacitar a ningún docente ni brindar asistencia en ninguna provincia, y en 2026 desaparecen del presupuesto como metas informadas.
La administración libertaria opta por hablar de "educación en afectividad y sexualidad“. Ante la consulta de LA NACION, voceros de la Secretaria de Educación contestaron: ”Las actividades con las provincias continúan activas y se financian a través del programa de Acompañamiento Socioeducativo, que cuenta con una ejecución de más de $113.000 millones. Durante 2024 y 2025 se desarrollaron múltiples capacitaciones presenciales y virtuales en afectividad y sexualidad, así como los encuentros nacionales con equipos técnicos de diez jurisdicciones. Se elaboraron materiales actualizados, como el marco conceptual y pedagógico de la educación en afectividad y sexualidad y guías de prevención del abuso sexual infantil, que continuarán implementándose en 2026″.
Por último, aunque se refuerza el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se mantiene un nivel de inversión similar al de años anteriores, el informe advierte que el proyecto de presupuesto 2026 deroga el mecanismo de actualización. Esto implica que, si no se cumplen las metas de inflación previstas por el Gobierno, la prestación podría sufrir una licuación el próximo año. Al ser consultado por esta decisión, el Ministerio de Capital Humano derivó la respuesta a la cartera de Economía, que al cierre de esta nota no había contestado.
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