No tener a dónde ir. La cuarentena empeora el drama de las víctimas de violencia

Un día Patricia dijo: "Hasta acá llegué". La certeza le salió tan desde adentro, que supo que el tiempo de los golpes, las manipulaciones y el aislamiento al lado del padre de su hijo había llegado a su fin. Algunos meses en un refugio la ayudaron a reconstruirse lo suficiente para empezar de nuevo. Todo un desafío para ella, que apenas había podido trabajar mientras estaba en pareja. ¿Cómo rehacer la vida, con un hijo pequeño, cuando no se cuenta con los recursos materiales mínimos?

El aislamiento obligatorio por la pandemia complejizó aún más su situación. Y no sólo por la imposibilidad de conseguir un trabajo que le garantice pagar el alquiler y darle lo básico a su hijo. Patricia (un nombre elegido para preservarla) habla con LA NACION desde un departamento ubicado en un lugar que desconoce su expareja. El terror a que la encuentre se le nota en la voz. Sabe que él está presionando a su familia y a sus conocidos de todas las maneras posibles para averiguar la dirección. También le consta que ellos lo denuncian, pero la Justicia no actúa. Por eso, mide permanentemente qué decir y qué no, para evitar todo peligro de que él la descubra entre estas palabras.

El inicio de la cuarentena tuvo un impacto negativo en la vida de muchas mujeres, niñas, adolescentes, travestis y personas trans que sufren o han sufrido violencia. Hubo un femicidio cada 27 horas desde el inicio del confinamiento, según los datos de la asociación civil La Casa del Encuentro. Hasta el 14 de este mes se contabilizaban 49, la cifra más alta en igual período de los últimos diez años. Por otra parte, de acuerdo con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, durante las primeras semanas del aislamiento también aumentaron en un 39% las llamadas a la línea 144, que brinda atención y derivación.

Pero la emergencia sanitaria también deja al descubierto otros mecanismos que obstaculizan la búsqueda de ayuda ante situaciones de violencia: ¿cómo denunciar o irse del hogar cuando no se cuenta con los medios para solventarse?, ¿cómo pedir la exclusión del agresor del hogar en un contexto de pandemia, cuando él tampoco tiene a dónde ir?, ¿cómo hacer que, pese a la denuncia, el agresor no se desentienda de la responsabilidad económica que le cabe en torno de la manutención de los hijos?

Entre otras, estas son las principales preocupaciones que las víctimas de violencia plantean cuando se acercan a pedir ayuda a las ONG especializadas. Así surgió del informe "Las brechas de las políticas públicas. Miradas desde la sociedad civil sobre el abordaje de la violencia por razones de género en tiempos de COVID-19", realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) junto a otras organizaciones, en el marco del proyecto Cerrando Brechas, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea.

El estudio, al que LA NACION accedió en forma exclusiva, es un relevamiento cuali-cuantitativo para el que se consultó a 48 activistas y ONG de todo el país que trabajan con mujeres, adolescentes, niñas, travestis y personas trans que sufren violencia. Entre las principales preocupaciones que ven en las personas asistidas, el 73% destacó la disponibilidad y acceso a recursos materiales; el 71%, conseguir una vivienda alternativa para lograr la exclusión del hogar para el agresor, y el 63% mencionó el poder acceder a un refugio luego de denunciar.

El relevamiento incluyó entrevistas con referentes y presenta algunos pasajes de esas conversaciones que resultan muy ilustrativos. "Cuando deciden hacer la denuncia, el primer planteo que surge es qué hacemos con estas mujeres económicamente. Las llevamos a un refugio, sabemos que van a estar cuidadas, que sus hijos van a estar bien. Pero, ¿cuánto tiempo van a estar ahí?", expresó María del Carmen Lucena, de la organización Huellas de Mujer, de la provincia de Santa Fe.

El caso de Patricia refleja ese dilema. "Me banqué muchas cosas con él por no tener a dónde ir ni con qué. Ahora que mi situación es otra, por la cuarentena no puedo trabajar. Recibo una ayuda del Estado y del refugio, pero pago un alquiler y se hace difícil llegar a fin de mes. Y si la cuarentena se levanta, no tendría con quién dejar a mi hijo para volver a trabajar", se lamenta. Además, sentir el asecho constante de su ex, también es una preocupación constante.

Entre las principales preocupaciones que ven en las personas asistidas, el 73% destacó la disponibilidad y acceso a recursos materiales; el 71%, conseguir una vivienda alternativa para lograr la exclusión del hogar para el agresor, y el 63% mencionó el poder acceder a un refugio luego de denunciar.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, remarca que "un gran problema es la poca efectividad de las medidas judiciales", porque "todos los obstáculos materiales y subjetivos para el acceso a la justicia se agravaron en la crisis". Además, sostiene que, cuando finalmente se logra acceder, "es indispensable que se articule con las fuerzas de seguridad y gobiernos locales para que esa orden de protección sea efectiva".

Una mirada a falencias de larga data

Con el inicio de la cuarentena, algunos refugios cerraron sus puertas para evitar los contagios puertas adentro. Otros, incluso desde antes, cuentan con restricciones con respecto a los hijos. En algunos, por ejemplo, los hijos varones mayores de 14 años no pueden ingresar. Florencia Alderisi, referente de Mendoza, señaló que en su provincia "hay muy pocos refugios" y que "a ninguno se pude ir con las hijas e hijos". Al igual que otras voces consultadas, Alderisi destacó que "la pandemia viene a cristalizar muchas falencias que tiene el Estado en este tema y que son una deuda".

El 65% de las organizaciones mencionó que, con el aislamiento obligatorio, se volvió más difícil controlar el cumplimiento de las medidas cautelares que pesan sobre algunos agresores. Del mismo modo, para el 58%, las causas judiciales no se tramitan con la suficiente rapidez. Y en las zonas alejadas, con problemas de accesibilidad –real y/o virtual– los problemas se agravan. "En donde no hay agua potable, no hay gas… es todo más complejo. Y tampoco está la conectividad con la ciudad en relación a las vías de transporte", alertó Paula Cortes, de la organización La Hoguera, de Tierra del Fuego.

Si bien la encuesta cubrió todo el país, el mayor volumen de respuestas llegaron de la Ciudad y de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. El diagnóstico de la situación que hoy atraviesan las víctimas de violencia también aportó información sobre las propias ONG. Por ejemplo, que los recursos económicos con los que cuentan son limitados: sólo el 19% recibe algún apoyo estatal.

En estos momentos, el 75% de las organizaciones que asisten y acompañan a víctimas de violencia reconoce que su principal desafío es la dificultad para contar con fondos para solventar su actividad.

Otro dato relevante es la valoración positiva que las organizaciones hicieron de la mayoría de las medidas implementadas por el Gobierno para frenar la violencia durante esta cuarentena. Sin embargo, Gherardi remarca que las instituciones "también muestran que esa información no llega a todo el país" y llamó a "apoyar el trabajo de las organizaciones locales que, desde la diversidad del territorio y con un enfoque interseccional, están acompañando muchas situaciones". También subraya la necesidad de "procurar que la crisis no destruya el empleo de las mujeres y sus posibilidades de contar con recursos económicos".