
Bullying
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Tenía 11 años cuando dejó de querer ir a la escuela. Primero apareció el desgano. Después, el aislamiento. Más tarde, las autolesiones.
Las agresiones de sus compañeros, reiteradas y centradas en su apariencia física, se habían vuelto parte de la rutina escolar. La niña pidió un cambio de turno como forma de protegerse. Pero no obtuvo respuesta.
El 13 de marzo pasado ingresó a la guardia de un pueblo neuquino acompañada por su abuela. Presentaba “ideación suicida, conductas autolesivas severas y un riesgo cierto e inminente para su vida”. La internación involuntaria fue indicada como única alternativa terapéutica posible.
A partir de ese episodio, la Justicia de Neuquén dictó un fallo inusual: no solo ordenó medidas de protección para la niña, sino que señaló una falla institucional del sistema educativo y obligó al Ministerio de Educación provincial y a la escuela a intervenir de manera urgente.
¿Por qué el fallo es considerado novedoso? La resolución de la jueza de familia Eliana Fortbetil, a la que accedió LA NACION, introduce un enfoque poco frecuente en decisiones judiciales sobre bullying: el sufrimiento psíquico de una niña no puede entenderse como un problema individual ni exclusivamente clínico, sino como el resultado de un contexto escolar que no logró detectar, frenar ni reparar la violencia entre pares.
En otras palabras: la violencia escolar es considerada un factor con impacto directo en la salud y la vida de una niña.
¿Qué pasó con la niña? Según los informes médicos incorporados al expediente, la alumna atravesaba desde hacía tiempo situaciones de hostigamiento escolar sostenido.
El impacto fue progresivo: angustia persistente, retraimiento, pérdida de interés y un deterioro emocional creciente.
Con el paso de los meses, el malestar se profundizó hasta derivar en autolesiones e ideación suicida. Para la Justicia, no se trató de un episodio repentino, sino del desenlace de una situación prolongada sin intervención eficaz.

¿Por qué la Justicia habló de un “cuadro de extrema vulnerabilidad”? El fallo analiza el caso más allá del momento de la internación. Los informes médicos describen múltiples señales de alarma acumuladas: antecedentes de una carta de despedida, autolesiones reiteradas, retraimiento social sostenido desde 2024 y signos compatibles con un posible trastorno de la conducta alimentaria.
Para la jueza Fortbetil, estos indicadores configuraban una situación de extrema vulnerabilidad que exigía una intervención urgente, integral y coordinada entre salud, educación y organismos de protección de derechos.
¿Qué le ordenó la Justicia neuquina a la escuela? La resolución exige medidas concretas e inmediatas:
¿Qué son las “prácticas restaurativas” que ordena el fallo? Uno de los puntos centrales es la exigencia de aplicar prácticas restaurativas. La jueza plantea que las respuestas exclusivamente punitivas —como sanciones o expulsiones— suelen resultar insuficientes frente a la violencia escolar.
¿Qué lectura hacen los especialistas? Para María Zysman, psicopedagoga y fundadora de Libres de Bullying, la resolución marca un punto de inflexión.
Según explicó, el fallo deja de pensar el bullying como un problema individual para entenderlo como un fenómeno colectivo.
“La escuela no solo tiene que asistir al chico que sufre, sino detectar precozmente e intervenir de manera urgente y sostenida”, aseguró.
¿Por qué el pedido de cambio de turno es una señal clave? Zysman subraya uno de los puntos centrales del caso: la niña había pedido cambiar de turno escolar sin obtener respuesta.
Para la especialista, la falta de respuesta institucional puede generar revictimización. “Cuando un chico siente que al hablar lo van a culpar o minimizar, deja de pedir ayuda. Lo más dañino a largo plazo no son los insultos, sino la sensación de que ningún adulto intervino para cuidarlo”, señaló Zysman, cuyo último libro se titula Lo que los chicos callan. Recursos para adultos que quieran intervenir a tiempo (Editorial Bonum).
¿Es un caso aislado? No. Días atrás, LA NACION contó la historia de una niña tucumana de 10 años que, tras sufrir hostigamiento escolar sostenido, intentó quitarse la vida.
Ambos episodios vuelven a exponer el impacto que la violencia entre pares puede tener en la salud mental infantil cuando las intervenciones llegan tarde.
¿Qué cambia cuando la Justicia exige prácticas restaurativas? “No se está pidiendo la cabeza de nadie. Se está diciendo que la escuela tiene que reconstruir el lazo entre los chicos, trabajar la responsabilidad compartida y reparar el vínculo”, sostuvo Zysman.
A su entender, la resolución también abre un desafío pendiente: involucrar activamente a las familias: “En comunidades pequeñas, los chicos se siguen encontrando fuera de la escuela. Por eso el compromiso tiene que ser colectivo”.
¿Qué deja este caso como advertencia? Para Zysman, el punto más profundo del fallo es el reconocimiento del daño que produce la indiferencia adulta.
“La mayor secuela del bullying no suele ser lo que dijeron los compañeros, sino que los adultos hayan permanecido pasivos. Cuando el dolor se naturaliza, el mensaje que reciben los chicos es que están solos”.
Y concluyó: “Acá la jueza hace algo muy importante: intervenir para cuidar. Eso es lo que marca la diferencia”.



