En busca de la abuela patria

Las noticias pasan muy rápido. En junio la Argentina hablaba de España con teorías conspirativas con las que el nacionalismo despechado intentaba justificar la derrota futbolística en el Mundial. En setiembre, España habla de la Argentina por encabezar los pedidos de nacionalidad en sus consulados.

Esa opción se renovó en 2022 cuando la Ley de Memoria Democrática reconoció el derecho a optar por la nacionalidad española a los descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella a causa del exilio, o de colectivos que habían quedado excluidos por discriminaciones históricas.

La prensa habla de ella como la ley de nietos porque hace una excepción al Código Civil español que establece que la ciudadanía española se transmite de padres a hijos, que deben declarar su voluntad de conservarla entre los 18 y 21 años (art. 24.3).

La disposición pasó desapercibida, como una medida más en el programa “50 años de España en libertad” que engloba con manga ancha desde la muerte de Francisco Franco hasta la transición a la democracia. Hasta que cerró la campaña con dos millones y medio de solicitudes de todo el mundo.

Del medio millón de pasaportes concedidos hasta agosto de 2026, 90 mil eran para argentinos, el mayor incremento entre los países con más solicitudes. El doble que las obtenidas en México y en Estados Unidos, los siguientes en nuevos españoles. El número es elocuente cuando se considera que en 2025, según el Instituto Nacional de Estadísticas, 11 mil argentinos obtuvieron la ciudadanía por residencia en el país, un tercio de los venezolanos o colombianos. Y un cuarto que los marroquíes.

Si el incremento astronómico del padrón electoral ante unas inminentes elecciones ya era irregular, saltó otra alarma. La mayoría de estos nuevos españoles residentes en el extranjero eran censados en Madrid y Barcelona, sin mayores indagaciones de los orígenes familiares. De concederse las más de seiscientas mil solicitudes presentadas en el Consulado de Buenos Aires, esta ciudad podría convertirse en la tercera española. De hecho, el medio millón del censo actual ya la ubica entre las diez primeras, por encima de Murcia o Málaga.

Estas circunstancias llevaron al Tribunal Supremo a paralizar las altas en el censo electoral y suspender el derecho al voto de los ya inscritos hasta tanto acrediten documentalmente el exilio de sus familiares. El problema es que parece que muchos no tuvieron en cuenta el requisito. Al menos esos que esta semana dieron entrevistas a medios españoles hablando de abuelos que habían emigrado antes de la primera guerra mundial. O delatando que no tenían idea.

La Guerra Civil Española ocurrió entre 1936 y 1939 y el exilio político podría extenderse hasta 1950. El estudio El exilio español en la Argentina, de Dora Schwarzstein, accesible en la Biblioteca Cervantes, estima en 140 mil los exiliados después de la derrota republicana.

Solo unos 30 mil partieron a Hispanoamérica, de los cuales el 70% se instaló en México. Según la investigadora, la región no tenía políticas migratorias receptivas al bando republicano, como muestra la cercanía de Francisco Franco con Juan Perón, tanto en sus gobiernos como en su largo exilio.

Aun en el supuesto improbable de que todos los que no fueron a México se radicaran en la Argentina, el millón de solicitudes que recibieron los consulados argentinos a partir de la ley de 2022 implicaría una fecundidad extraordinaria. Las leyes de reparación histórica intentan recomponer una memoria perdida que, como tal, suele estar reñida con las evidencias.

El escritor Daniel Gascón planteó hace poco que “Las leyes de reparación suelen enfrentar una paradoja: cuanto más intentan corregir las injusticias del pasado, más deben decidir quién pertenece realmente a la comunidad política del presente”. La memoria política necesita relatos, sin medir consecuencias. A mucha gente, le alcanza un pasaporte con beneficios comunitarios.

Por Adriana Amado

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