Dos menores aseguran que sufrieron discriminación

SAN LUIS.- Mientras un grupo de chicos evangélicos ratificó ayer a LA NACION que fueron "presionados y amenazados de no concurrir más al comedor barrial si seguían practicando la fe protestante", en el entorno del sacerdote católico Sergio Simunovich -acusado de haber discriminado a los menores- insisten en negar el episodio.

Las acusaciones de los chicos se extendieron a la señora Jorgelina Pascua, responsable del pequeño comedor ubicado en Granaderos Puntanos 1378, a seis cuadras de la parroquia Nuestra Señora de Luján -de la cual Simunovich es párroco-, en el barrio de las Américas, quien también desmintió enérgicamente las acusaciones.

Los niños Marina y Mauricio Cabañez, de 9 y 8 años, respectivamente, que viven en una villa de emergencia, confirmaron que el sacerdote les advirtió que quemaría las biblias protestantes que ellos levaban al comedor "por no constituir la verdadera Palabra de Dios". Sus padres -José Cabañez y Liliana Medina-, que están desempleados, dijeron que tienen temor de hablar con la prensa por las posibles represalias que podrían sufrir sus hijos.

"Cuando contamos la verdad, la gente del barrio empezó a discriminar a los pibes, y en la escuela sucedió lo mismo. Nos acusaron de haber sido usados por el gobierno para atacar a la Iglesia, y de que habíamos recibido beneficios por parte del poder político. Tengo miedo de que les pase algo malo a los chicos", explicó Cabañez.

"Son mentiras. Nunca presioné, ni amenacé, ni eché a nadie. Me duele que me traten así. Yo sólo les propuse a los pibes ir a la iglesia Nuestra Señora de Luján y ellos me dijeron que sí", comentó Pascua a LA NACION, sentada en su casa, de construcción muy sencilla, donde hasta hace pocas semanas funcionaba el comedor (una sala con tres mesas pegadas), que después de la controversia cerró sus puertas.

"Un día, los pibes trajeron sus biblias y como no eran católicas les mostré la mía y les dije: "Hay que buscar a Jesús vivo en su única Iglesia, que es la Católica. Para salir de la duda vamos a hablar con el padre Simunovich"", relató la señora Pascua, de 48 años, ama de casa y con cuatro hijos, que vive en Villa Aeroferro.

Por voluntad propia

Según Pascua, cuando fueron a la parroquia Nuestra Señora de Luján, el sacerdote les explicó a los menores que la Biblia era otra y les sugirió que dejaran la de ellos allí. "Eso hicieron y fue un gesto lindísimo", comentó Jorgelina, que se define muy devota de la Virgen de San Nicolás.

"Jamás les quitamos sus biblias ni las quemamos. El padre Simunovich las sacó a la vereda y se las llevaron los cartoneros", continúo.

El padre Simunovich no pudo ser ubicado. Según Mariela Fernández, que trabaja en la parroquia y aprecia mucho al sacerdote ("un hombre gentil, dispuesto a ayudar siempre"), el prelado estuvo hasta ayer en Villa Mercedes visitando a sus padres.

En los escritos que él presentó ante la Comisión de Derechos Humanos, el organismo provincial que lo acusó de discriminación, se quejó de haber sido condenado sin posibilidad de "ser escuchado en defensa", argumento que luego hizo propio el obispo de San Luis, monseñor Jorge Lona.

"No se cometió ningún acto de discriminación injusta. A nadie se le quitó elemento alguno y a nadie se lo obligó a renunciar a su fe u ocultarla. A nadie se le han puesto condiciones para acceder al comedor", dijo el sacerdote al explicar su inocencia.

Temor de los padres

El matrimonio Cabañez, que vive en una precaria casa de ladrillo ubicada en el pasaje Italia, del barrio SCAC, recibió a LA NACION y dijo que "están asustados".

Medina relató lo sucedido en el comedor de Jorgelina. Dijo que los chicos suelen ir todos los sábados a los grupos de biblia protestante que coordina Silvia Scotti (mujer de un pastor) en la Iglesia Evangélica y empezaron a sentirse mal cuando ella les dijo que "no podían seguir asistiendo a dos iglesias, la evangélica y la católica".

"Los chicos no querían ir más al comedor porque tenían que esconder su condición de evangélicos. Se sentían presionados y rechazados", comentó la madre. Marina, una de las chicas, agregó que el sacerdote Simunovich le había dicho "que quemaría su Biblia de versión protestante", alegando que no era la verdadera.

Así, el pastor Rubén Scotti y su mujer, Silvia, denunciaron a Simunovich y a Pascua en una carta de lectores que se publicó en El Diario de la República el 29 de septiembre y que luego tomó la Comisión de Derechos Humanos, que depende del gobierno.

"Se desencadenó un tema político. El obispo Lona acusó al gobierno de fanatismo antirreligioso. Pero, el gobierno no tuvo nada que ver. ¿Por qué Lona no reconoció el error?", dijo con indisimulado enojo Silvia Scotti.

El gobierno, sin palabras

SAN LUIS.– Mientras el caso de la presunta discriminación sigue su curso en esta ciudad, el gobierno de San Luis evitó salir a responder las graves acusaciones que hizo el martes último el obispo Lona contra los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, a quienes responsabilizó de “actitudes persecutorias”. Monseñor Lona los acusó de empeñarse en “una campaña anticatólica” al acusar públicamente al sacerdote Simunovich a través de la Comisión de Derechos Humanos, que es un órgano del gobierno provincial.

Por Por Agustina Lanusse <br/> Enviada especial

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