El esquema de las cuatro A

Garantizar el acceso de niños y jóvenes al sistema educativo en todos sus niveles es, desde hace tiempo, una política prioritaria para la mayor parte de los países de América Latina. La Argentina fue uno de los primeros de la región en universalizar el acceso a la educación primaria, y hoy apunta a universalizar los niveles inicial y medio.

Para garantizar el derecho a la educación, estas políticas son una condición necesaria, pero no suficiente: el sistema no siempre recibe a los alumnos con educación de calidad. La oferta educativa del Estado varía según se trate de escuelas urbanas o rurales, según atienda a población del primer quintil de ingreso (la más pobre) o del quinto (la más rica). Los niños ayer discriminados por la exclusión del sistema hoy lo son por debilidades internas.

Transitar por la escuela sin aprender es un modo de exclusión. Las credenciales formales de poco valen sin una adecuada adquisición de saberes -en todas sus formas- que habiliten posteriormente a un buen desarrollo en la sociedad del conocimiento.

Por ello, el Estado tiene obligación no sólo de garantizar el acceso formal de niños y jóvenes al sistema, sino el acceso real. Se distinguen cuatro obligaciones fundamentales del Estado, que componen el derecho a la educación. En su conjunto, conforman el conocido esquema de las cuatro A:

1.- Obligación de "asequibilidad", que implica para el Estado el deber de satisfacer la demanda educativa;

2.- Obligación de "accesibilidad", que compromete al Estado a garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles, sin discriminación alguna;

3.- Obligación de "aceptabilidad", que exige al Estado el deber de asegurar la adecuada calidad de la educación;

4.- Obligación de "adaptabilidad", que compromete al Estado a brindar en sus establecimientos educativos la educación que mejor se adapte a los niños y a las niñas.

El derecho a la educación es, entonces, el derecho a acceder, permanecer y egresar de una escuela que ofrezca educación de calidad, respetando la diversidad cultural y las necesidades de cada grupo y alumno, sin discriminación de ningún tipo. Es el derecho a adquirir los saberes, valores y experiencias que constituyen nuestro patrimonio cultural.

Para esto, los diseños de políticas deben acompañar la búsqueda de eficiencia interna (aumento en matrícula, bajas en deserción y repitencia) con estrategias para la mejora del rendimiento académico; políticas que velen por que nuestras jóvenes generaciones en su totalidad aprendan saberes socialmente significativos y, en virtud de eso, se gradúen en tiempo y forma.

Por La autora es directora de la Maestría de Educación de la Universidad de San Andrés (Udesa)

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