El mecenazgo tendrá su marco legal

Accidentada y larga ha sido la marcha del proyecto de ley de mecenazgo que ya está en el Congreso, luego de un acuerdo de fondo y forma sellado entre su impulsora, la senadora justicialista María Cristina Perceval (Mendoza) y el secretario de Cultura, José Nun.

En una historia de nunca acabar, operadores culturales, artistas y empresas reclamaban desde hace años una ley que creara el marco para incentivar las inversiones en proyectos, programas de desarrollo, capacitación y acciones culturales, tal como sucede en otras partes del mundo, y en especial en Brasil, con la ley Rouannet.

La espina en el zapato fue siempre determinar cuál sería el organismo de aplicación, dato clave porque dicho organismo será quien diga qué proyectos presentados gozarán de los beneficios de la desgravación. La ley que vetó Duhalde, casi al día siguiente de asumir su corto mandato en 2002, colocaba en ese lugar al Fondo Nacional de las Artes (FNA), entonces presidido por Amalia Fortabat. Si la función del FNA es la de ser "el banquero" de las artes, parecía una excesiva concentración otorgarle también el poder para determinar quién "aplica" para el mecenazgo y quién no.

La principal modificación que se incorpora en el actual proyecto es la autoridad de aplicación. El proyecto establece la creación de un "consejo mixto de incentivos para el arte y la cultura", integrado por el secretario de Cultura; tres directores del FNA; representantes del sector privado y de las ONG, y el presidente del Fondo de las Artes, que sería la voz de Economía, ya que por lógica la desgravación supone una quita en la recaudación fiscal. El perfil del actual presidente, Héctor Valle, un economista que viene del desarrollismo, sintoniza con esa posición.

* * *

Nun prefiere hablar de "ley de incentivos fiscales" y no de mecenazgo, "porque el mecenas simplemente dona, no espera beneficios por hacerlo". Más allá de la cuestión semántica, el porcentaje por desgravar es mínimo y menor aún que el establecido en la ley vetada por Duhalde.

En la letra del proyecto se especifica que los aportantes tienen que estar al día con sus obligaciones fiscales; que se excluyen los proyectos que tengan como objetivo la publicidad o la actividad sólo lucrativa, y que los patrocinadores podrán imputar al pago del impuesto a las ganancias las sumas aportadas y el valor equivalente en bienes o servicios, hasta un 80% personas físicas y 60% personas jurídicas. El proyecto no determina hasta qué monto va aceptar Hacienda proyectos de desgravación. El secretario de Cultura estima que serán alrededor $ 400 millones por año.

Serán promovidos especialmente los proyectos que fortalezcan la identidad, los vinculados con la celebración del Bicentenario y los que supongan un impacto social y regional. En Cultura opinan que este proyecto puede fortalecer los lazos que ya existen entre las grandes empresas y la cultura. "Es tiempo de que se sumen las empresas medianas y chicas y que el alcance de los programas se extienda a todo el país", dicen.

Por Alicia de Arteaga

---

Conforme a