
La deuda social, una cuestión moral
En el documento "Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad", que invitó a sumar esfuerzos por el bien común ante la próxima celebración, extendida hasta 2016, el Episcopado reiteró que "la gran deuda de los argentinos es la deuda social".
Al llamar a tener en cuenta a los más pobres y excluidos, la asamblea episcopal repitió ese concepto, que había expresado hacía ocho años, en 2000, cuando señaló: "¿No deberíamos acordar entre todos que esa deuda social, que no admite postergación, sea la prioridad fundamental de nuestro quehacer?"
Los obispos precisaron ahora que esa deuda -erradicar la pobreza, lograr el desarrollo integral de todos- no es sólo un problema económico o estadístico. La nueva cuestión social, dijeron, abarca tanto las situaciones de exclusión económica como las vidas humanas que no encuentran sentido y ya no pueden reconocer la belleza de la existencia.
Desde ese ángulo amplio, señalaron que "la deuda social es también una deuda existencial de crisis del sentido de la vida". Y no faltó el enfoque de otra deuda: "Nos preocupa la subsistencia del gravísimo problema del endeudamiento del Estado". Los obispos observaron que los pagos de la deuda externa constituyen un rubro estructural del gasto público y condicionan gravemente los esfuerzos para saldar la deuda social.
Hace tres semanas, el embajador argentino Miguel Angel Espeche Gil presidió en Oslo un encuentro sobre "La deuda externa ilegítima", organizado por la Federación Luterana Mundial, la Iglesia Luterana de Suecia y el gobierno de Noruega. Espeche Gil es católico, abogado, miembro de la Sociedad Chestertoniana y tiene a su cargo una cátedra sobre la deuda externa en la Facultad de Derecho de la UBA. Por su prédica sobre este tema ha sido admitida su candidatura al Premio Nobel de la Paz. El gobierno de Noruega, cuyo canciller asistió al encuentro, canceló las deudas de seis países en desarrollo porque se consideró corresponsable del modo ilícito en que, estimó, habían sido contraídos los créditos.
El encuentro exhortó a los países endeudados a realizar auditorías integrales de sus deudas externas y hacer un censo de sus acreedores. Y propuso pedir, a través de una resolución de las Naciones Unidas, una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, sobre aspectos jurídicos de esta cuestión.
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